Del monto de nueve mil 500 millones de pesos que se señaló en un inicio, disminuyó a dos mil 700 millones el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), correspondiente a las cuentas públicas del 2019 y 2020, por lo que hay 156 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 26 personas detenidas que fueron vinculadas a proceso penal, reportó el Gobierno federal.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, dio a conocer el avance en las investigaciones sobre el daño al erario cometido en el organismo público y advirtió que “no hay ni habrá impunidad”.
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Afirmó que se han subsanado algunas observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Segalmex, empresa creada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2019, donde el mandatario señaló que ocurrió el único caso de corrupción en su Gobierno.
Explicó que a la fecha de los nueve mil 500 millones de pesos observados en dichas cuentas públicas, cuatro mil 700 millones, cerca de 50 por ciento de total ya fueron aclarados, y dos mil 100 millones, 22 por ciento, están en proceso de análisis para acreditar o no el desvío de recursos.
"En caso de no aclararse se presentarán las denuncias correspondientes, esta cifra está en tránsito, en proceso", refirió, al subrayar que los restantes dos mil 700 millones de pesos, 28 por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de comprobación, por lo que "constituye el monto del daño patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la FGR para judicializar el caso".
El titular de la SFP comentó que al Tribunal de Justicia Administrativa se enviaron los expedientes para que se impongan las sanciones correspondientes a los exfuncionarios involucrados.
Apuntó que en el caso de las cuentas públicas de 2021, 2022 y 2023 se han solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador tanto de la Auditoría Superior como de la Función Pública.
Suman 47 personas investigadas
Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dijo, por su parte, que 47 personas fueron investigadas a partir de las 156 denuncias que se presentaron ante la FGR, de las cuales se obtuvieron 46 órdenes de aprehensión. Añadió que en 26 casos se vinculó a proceso penal donde nueve son exservidores públicos y 17 particulares.
Indicó que los delitos por los que se presentaron las denuncias por el caso Segalmex, son delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos, entre otros.
La funcionaria comentó que una persona está detenida en Argentina, en proceso de extradición a México, para ser procesada penalmente. “Esperamos que para fines de este año la Fiscalía General de la República nos pueda ya proporcionar información positiva sobre el caso”, agregó.
Subrayó que las principales personas responsables están en prisión, entre ellas René “N”, extitular de Administración y Finanzas de Segalmex, así como Manuel “N”, extitular de la dirección comercial de la empresa, y José “N”, extitular del área de operaciones de Diconsa.
Al respecto, el Presidente López Obrador afirmó que su intención es que se aclare este fraude en Segalmex al final de su Gobierno, porque no se permite la corrupción ni la impunidad.
“Consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el Gobierno, y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables”, admitió.
Aseguró que “no queremos dejar ningún pendiente; nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro Gobierno, y tenemos que actuar de manera escrupulosa porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción; ni corrupción ni impunidad”.
Informó que dio la instrucción a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, para que se suban todos los documentos a la página de Internet del Gobierno y se puedan revisar, “que se haga todo de manera transparente”.
Alcalde Luján indicó, a su vez, que este caso es el único de corrupción que se registró en la actual administración. Apuntó que desde que se detectó el posible desfalco y daño al erario, “el Presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad”.
Expresó que, a partir de ahí, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Fiscal establecieron una mesa de coordinación con la Fiscalía General para proveer de toda la información disponible que permitiera hacer las investigaciones.
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