A tres días de iniciar en el Senado la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, abrió dos incidentes de consulta a ministros y ministras, uno de ellos con el objetivo de valorar la posibilidad de ordenar la suspensión del proceso legislativo en el que se discutirá la enmienda, a petición de los trabajadores del órgano autónomo.
El otro incidente es con base en una solicitud que admitió a trámite por la petición de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed). La petición de ésta busca que el tribunal constitucional emita un pronunciamiento formal sobre la independencia judicial y cómo podría verse afectada por las propuestas de reforma en el Senado.
Además, fuentes del Poder Judicial ratificaron que ya se discute qué ocurrirá con los ministros en caso de aprobarse la reforma; sin embargo, en una reunión que tuvieron ayer los ministros que no apoyan esta reforma se dijo “que buscarán, junto con los trabajadores, vías legales para meter freno a esta reforma”.
Se ha puesto a consulta de los ministros la suspensión del proceso de Reforma al Poder Judicial, ejerciendo la facultad de atracción solicitada por la Asociación de Jueces y Magistrados FederalesNorma Piña, Ministra presidenta de la SCJN
Así, mediante acuerdos publicados ayer en las listas de notificación, Piña Hernández turnó los dos expedientes de incidente a la ministra Lenia Batres, debido a que le correspondían por turno.
“Se consulta al tribunal sobre la posibilidad de que la presidencia de este alto tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer”, señala el acuerdo emitido.
Indica que el trámite previsto para el análisis y votación debe darse con urgencia, pero no se define un plazo para que la ministra Batres entregue ambas propuestas de resolución: “En los términos precisados en los apartados I y II, se provee en este asunto considerando la urgencia para su trámite, ordenándose su formación electrónica e impresa”.
En otra parte, el máximo tribunal también aceptó una petición de la ministra Yasmín Esquivel para analizar las facultades legales de la Jufed, derivado de que la agrupación de jueces y magistrados federales emitió acuerdos para decretar la suspensión de valores en tribunales y juzgados federales.
Ante ello, la ministra Piña pidió notificar al Consejo de la Judicatura Federal y a la propia Jufed para que rindan informes y presenten “los documentos que estimen pertinentes” para dar respuesta a las ponencias que van a elaborar los proyectos de sentencia.
Este último caso, el que solicita la ministra Esquivel, recae en el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está encargado de preparar el proyecto de sentencia.
La reforma judicial ha creado una fractura entre los integrantes del pleno de la Suprema Corte. El miércoles, los ocho ministros que se pronunciaron a favor de unirse al paro de labores en protesta contra la enmienda lamentaron “las descalificaciones, los infundios y las amenazas” expresadas por las otras tres ministras que se posicionaron en contra.
Y es que las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres advirtieron que quienes avalaron el paro de labores en el alto tribunal podrían ser sujetos a juicio político.
“Ministras y ministros que conformamos la mayoría en la votación de las resoluciones adoptadas por el tribunal pleno, en relación con la suspensión de las sesiones de sala y pleno hasta el próximo lunes 9 de septiembre, actuando de conformidad con la Constitución, nuestras convicciones y ante la situación atípica y extraordinaria que atraviesa el Poder Judicial de la Federación, lamentamos profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contenidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría, dirigidas en contra de las y los ministros que integramos esta mayoría, pero sobre todo, contra las y los trabajadores de este Poder del Estado mexicano”, respondieron los ministros.
Manifestaron su “compromiso con la sociedad”, así como su “solidaridad y respeto a nuestras compañeras y compañeros del Poder Judicial de la Federación”.
El posicionamiento fue firmado por la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, la ministra Margarita Ríos Farjat y los ministros Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.
Este grupo ha mantenido un contacto frecuente con trabajadores del Poder Judicial, quienes han externado y agradecido las muestras de apoyo de los integrantes del pleno, lo que se ve en las distintas manifestaciones.
Los paristas y demás detractores de la reforma judicial están apelando a que esta jurisprudencia se abandone anteponiendo los tratados internacionales a la Constitución, en lo que se refiere al tipo de sistema judicial establecido en México.
Además, dijeron que confían en las decisiones del pleno y de su presidenta, “quien no los ha dejado en esta batalla”; incluso, fuentes judiciales dijeron que los ministros podrían acercarse a organismos internacionales para buscar una solución.
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FGR
