En medio de la discusión de la reforma judicial en el Poder Legislativo, el Gobierno federal exhibió las irregularidades cometidas por jueces, magistrados y ministros, como los llamados “sabadazos”, beneficios a miembros de la delincuencia organizada y sueldos extraordinarios que, dijo, violan la Constitución.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, indicó que la Consejería del Poder Ejecutivo ha presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados, de enero del 2023 a la fecha, ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de las cuales ninguna ha sido resuelta ni sancionada.
Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer, por su parte, que en la actualidad existen 24 mil personas en procesos penales que no han recibido sentencia.
“Mil 326 personas con procesos penales pendientes de entre 5 y 10 años; dos mil 488 personas con juicios de 10 a 15 años y 767 personas tienen en la cárcel 15 a 20 años sin haber sido sentenciadas. También, 232, imagínense 232 personas que tienen más de 20 años en un penal federal que no han recibido sentencia”, resaltó.
En la conferencia mañanera, Rodríguez presentó al menos 24 casos de jueces, juezas y magistrados que han liberado a presuntos delincuentes en fines de semana, negaron órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General o retrasaron la impartición de justicia.
“Son casos que hacen justicia lenta, ‘sabadazos’, que pasen años y años, y la gente no reciba una sentencia”, afirmó.
Expuso al juez quinto de Distrito de Proceso Penales Federales del Estado de México, Jesús Alberto Chávez, quien en enero negó una orden de aprehensión solicitada 24 horas antes por la FGR en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen señalado como probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Agregó que en el sistema acusatorio hay cuatro mil 520 personas sujetas a proceso por más de un año sin sentencia, lo que va en contra de la Constitución.
