La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial y advirtió sobre “los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho”.
La CIDH reconoció la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México y dijo que viene dando seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la reforma judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y, posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre.
La Comisión ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucionalComisión Interamericana de Derechos Humanos Comunicado
“Ello ocurre en el marco de un paquete de reformas constitucionales que actualmente se discuten en el Poder Legislativo de manera simultánea. La Comisión ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional”, señaló en un comunicado.
Llamó la atención de la CIDH una reforma que consideran es precipitada por las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial, señalan que las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país.
“La Comisión Interamericana comparte que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros. Sin embargo, una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana”, señalan.