Tras asegurar que no hay fundamentos legales para "tirar" la reforma judicial, Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los jueces que intentaron detener el proceso de publicación en el Diario Oficial con dos suspensiones, lo cual, dijo, se trató de un "muy lamentable proceder de ilegalidad" con carácter eminentemente político.
El Presidente de la República dejó en claro que la reforma judicial no debe preocupar a nadie, e incluso a los inversionistas extranjeros, y confió en que va a funcionar bien porque es un auténtico Estado de Derecho, no hay influyentismo, tampoco corrupción, ni amiguismo y menos nepotismo.
"Ahora un juez o dos, ordenan que se detenga todo el proceso de reforma a la Constitución que tiene que ver con la reforma judicial, ellos como juez y parte, pero además, sin ningún fundamento, muy lamentable ese proceder de ilegalidad", indicó el mandatario federal.
Reitera corrupción en el PJ
Agregó que como no es un asunto jurídico sino eminentemente político, los impartidores de justicia son merecedores de juicios políticos, "pero ¿para qué?, es mejor que se sepa cómo están actuando y ojalá cambien".
Reiteró que todo el Poder Judicial era una asociación delictuosa, de componendas y complicidades, tan es así, abundó, que los jueces, magistrados y ministros se sentían tan poderosos que aun cuando se empiezan a hacer las denuncias, en lugar de cambiar su actuación de llevar a cabo reformas, por el contrario, se corrompieron más.
"Llegó la nueva presidenta (de la Corte, Norma Piña) y dijo: 'los jueces son autónomos y pueden hacer lo que quieran', todo esto para ganarse la simpatía de los jueces, tener una base de apoyo a partir de esta relación mafiosa y a partir de ahí a liberar delincuentes y crecieron los sabadazos", aseguró.
López Obrador comentó que hace poco leyó que uno de los asesores de la ministra Piña Hernández es Federico Reyes Heroles, "que se reúnen los jueves. Que se busque otro, la está perjudicando", sugirió.
Están en su derecho de presentar recursos, afirma
En cuanto a la intención del PAN de emprender acciones jurídicas para detener la implementación de la reforma judicial, afirmó que están en su derecho pero no hay bases jurídicas fundamentales para ello.
"Se está actuando de conformidad con la Constitución, o sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial, ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista en estos días, hoy, mañana, Diego Valadés, el Instituto de Investigaciones Jurídicas para que de una vez se defina si es Estado de Derecho o un estado de chueco", apuntó.
Refirió que el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución es sólo si no hubiese mayoría calificada o en la mayoría de las legislaturas locales se hubiera rechazado la reforma, o el titular del Ejecutivo federal no publicara la reforma, "pero ya todo se hizo, ya está en vigor la reforma, eso ya salió adelante y ¡qué bueno!", finalizó.
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