Representantes del Colegio de Actuarios y Secretarios dijeron a La Razón que la reforma judicial se publicó en desacato a tres suspensiones judiciales, e indicaron que “por ello es ilícita y varios funcionarios podrían tener responsabilidad penal”.
Beatriz Benítez, trabajadora del colegio de actuarios, señaló que “de hecho, un juzgado ya inició un procedimiento por incumplimiento de su suspensión” y enfatizó que las tres suspensiones violadas son: la suspensión del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas en el amparo indirecto 1190/2024.
Mencionó que este juzgado otorgó una suspensión provisional y luego una definitiva. En ella ordenó que la reforma no fuera enviada a los Congresos locales. La suspensión fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito.
“Según el artículo 262 de la Ley de Amparo, el incumplimiento de la suspensión conlleva a prisión de 3 a 9 años; destitución del puesto; e inhabilitación para ocupar otro puesto de 3 a 9 años”, señaló.
Por su parte, el abogado del Poder Judicial Rubén Chávez, señaló a este diario que para ellos el problema es que el delito de desacato debe perseguirlo la FGR, “controlada por Gertz... pero bueno, al menos es claro que el procedimiento legislativo fue ilegal y violó tres suspensiones, por lo que la Reforma Judicial publicada en el DOF está viciada”.
Asimismo, señaló que la reforma judicial incidirá en el proyecto de vida de todos los trabajadores del PJF; algunos adelantarán su retiro, otros se separarán del cargo, y el resto simplemente verá truncada su aspiración de llegar a ser persona juzgadora.
“Ésas y otras afectaciones deben ser reparadas por el Estado Mexicano a través de mecanismos internacionales. Te invitamos a escuchar esta charla donde se explicará la manera en la que podemos hacer frente a la reforma judicial y exigir las reparaciones a que tenemos derecho”, comentó.
