En las primeras dos rondas de intervenciones, diputados de distintos bloques externaron sus puntos de vista a favor y en contra del dictamen que establece que el Estado queda a cargo de la transición energética, y modifica la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado”.
Durante la discusión en lo general de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en una primera ronda la diputada de Morena, Magda Erika Salgado Ponce, señaló que las reformas garantizan la autosuficiencia y la disponibilidad energética de la nación.
“Establecen las bases para una transición energética ordenada, crean las condiciones favorables para fortalecer la economía nacional, buscan hacer efectivo el derecho humano de acceso a la energía eléctrica y que haya equilibrio en la participación de los sectores público y privado de la industria, a fin de garantizar un abasto a menor costo2, señaló.
La diputada panista María Josefina Gamboa Torales comentó que el dictamen está lleno de mentiras, pues se habla de soberanía cuando el 90 por ciento que requiere la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para producir energía, proviene de Estados Unidos y así continuará durante este sexenio.
“Todos saben que a la población se le cobra el recibo de la luz dos veces: una, a través de un subsidio que sale de los 123 millones de pesos de impuestos y cada año se le dan a CFE, y la otra a través de un recibo muy caro e injusto”.
Por el PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez aseguró que se van a fomentar las energías limpias y no se le está diciendo que no a la iniciativa privada, ya que se reconoce que son importantes para que pueda caminar mucho mejor la CFE; solamente “estamos cambiando el porcentaje, es decir la CFE se haga cargo del 54 por ciento y la iniciativa privada del 46 por ciento”.
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, diputada de MC, dijo que los mexicanos están orgullos de las enormes capacidades y potencial energético con el que cuenta el país, pero se debe reconocer que en el orden de sacar el máximo provecho de ese potencial y que se traduzca en bienestar y prosperidad, las empresas del Estado han sido insuficientes por sí mismas para explotarlo y resolver la exigencia de los y las mexicanas.
Del PVEM, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar resaltó que con el dictamen se busca garantizar que cada mexicano y mexicana tenga acceso a los servicios esenciales de electricidad e internet, y que sus derechos sean una realidad y no una promesa vacía.
César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, puntualizó que la reforma tiene muchas ambigüedades en su redacción, no es clara y tiene un alto contenido ideológico sin ver la posibilidad de contar con más inversiones y que los costos de la energía sean más baratos para la población. Se pone en riesgo a las inversiones y al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. “Nos va a restar competitividad y es una regresión jurídica”.
En una segunda ronda, el diputado Ricardo Gallardo Juárez (PVEM) pidió el voto a favor, con la finalidad de garantizar una transición energética que promueva el uso de energías limpias y renovables que se reflejen en tarifas más justas para todas y todos los mexicanos.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del PRI, precisó que el dictamen afecta a todas y todos los mexicanos, “es una farsa y endeuda al más pobre, porque traiciona el dicho de que primero el pueblo. Conminó a diputadas y diputados a reflexionar y votar en contra para que México y las nuevas generaciones tengan más y mejores oportunidades”, señaló.
Asimismo y sin aun concluir la discusión siendo las 20:26 de este miércoles, Julen Rementería Del Puerto, diputado del PAN, subrayó que la reforma otorga más facultades a dos empresas del Estado “que en los últimos años no han logrado revertir las malas condiciones, pues en el caso de Pemex, a pesar de recibir una inversión de 1.9 billones, produce menos energía que en 2018 y tiene la producción más baja en 45 años”, por lo que se pronunció en contra del dictamen.
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