La Misión Internacional de Observación y Seguimiento al Proceso Legislativo de la reforma judicial determinó que “México está sufriendo una seria deriva autoritaria que pone en riesgo las instituciones de la democracia y del Estado de derecho, así como el respeto a los derechos humanos”.
Al concluir el informe levantado en nuestro país sobre la enmienda judicial, los observadores enviados por la Comisión de Paz, Mecanismo de Resolución de Controversias de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) señalaron las ilegalidades de la reforma.
Advirtieron que la legitimidad del proceso de aprobación de la reforma judicial en México queda en entredicho por las innumerables denuncias de coacción y amenaza a senadores de oposición.
“No es compatible con el fortalecimiento del Estado de Derecho una reforma judicial acontecida mediante mecanismos que lindan con lo ilegal. Aún y cuando ha sido aprobada, es un imperativo que el diálogo retorne a los sectores vinculados a este proceso, puesto que, de no hacerlo, el peligro de debilitamiento del sistema político mexicano es significativo”, puntualizó.
El documento, entregado a los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, de la Unión Interparlamentaria (UIP), Martin Chungong, y a la subsecretaria Ilze Brands Kehris, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York, señaló que, si bien todos los sectores entrevistados coinciden en la necesidad de realizar una profunda reforma del PJ, se requiere un amplio proceso de discusión, debate y construcción de consensos.
Los anteriores elementos, añadieron, no existieron en la reforma judicial aprobada, pues el oficialismo aprovechó su mayoría legislativa para votarla en favor en el Congreso de la Unión.
La Misión enviada, conformada por dirigentes políticos de 10 países, desplegó del 8 al 13 de septiembre del presente año, una visita in situ de observación, seguimiento y evaluación, “para recopilar la mayor cantidad de información respecto a denuncias y ataques sistemáticos, cotidianos, del titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, al Poder Judicial mexicano”.
La información entregada a los organismos internacionales contiene las denuncias que hicieron Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, de amenazas del crimen organizado y persecución política desde el Estado mexicano, contra diversos senadores, entre ellos el priista Alejandro Moreno; el emecista Daniel Barreda, y los panistas Miguel Ángel Yunes Márquez y a su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares.
