Aumento en la inseguridad en algunas ciudades del sur de México como Palenque, la desinformación para ir hacia Estados Unidos y la nula entrega de documentos regulatorios en las delegaciones migratorias son las verdaderas consecuencias del porqué las solicitudes de refugio cayeron en México, aseguró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En entrevista con La Razón, Angélica Carrillo, jefa de la Oficina de Terreno de la ACNUR en la Ciudad de México, explicó que, en las ciudades del sur, anteriormente había un ingreso muy fuerte de solicitudes; sin embargo, la misma violencia que ha ido en aumento alejó a los migrantes de las delegaciones, lo que se refleja directamente en la disminución de trámites; una de dichas localidades es el municipio de Palenque, donde han detectado un fuerte abandono de trámites.
“Las personas ya no están llegando a estos puntos, o se hacen invisibles con el incremento de inseguridad en estos lugares; además, por más que las organizaciones tenemos la responsabilidad de informar el trámite a seguir para las personas que desean ir a Estados Unidos, sigue habiendo falta de información, además de que las personas solicitantes de refugio no están obteniendo la documentación migratoria a la que tienen derecho”, dijo.
Cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) señalan que, de enero a septiembre del 2024, los trámites ingresados a esa dependencia disminuyeron 48 por ciento, al pasar de 113 mil 177 a 58 mil 806 en el mismo periodo del 2023.
La experta mencionó que cualquier persona migrante que desee quedarse en el país y comience un trámite tiene derecho, por ley, de contar con una tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual les da la oportunidad de trabajar y les brinda protección, así como tener diversos derechos; sin embargo, dijo que las autoridades migratorias, desde finales del 2023, no les están dando dicha documentación, lo que también impacta en la baja de las solicitudes.
“De las personas que están llegando al país, un porcentaje muy amplio son personas con necesidades de protección por la inseguridad que han vivido en sus países. Esta problemática se ve reflejada en el número de solicitudes de refugio que interponen ante la Comar; sin embargo, pese a que en diversas naciones siguen empeorando las condiciones, ahora en México tenemos una baja en las solicitudes”, agregó.
De las personas que están llegando al país, un porcentaje muy amplio tienen necesidades de protección por la inseguridad que han vivido en sus paísesAngélica Carrillo, Jefa de la Oficina de Terreno de la ACNUR en la CDMX
Angélica Carrillo mencionó que no tienen información de las autoridades sobre el por qué dejaron de emitir las visas humanitarias, sino que sólo tienen conocimiento de que el impacto es a nivel nacional. Señaló que la Comar informó desde el año pasado que, para quedarse en el país, es necesario comenzar sus trámites ante esa dependencia; no obstante, para ir a Estados Unidos no lo es, ya que muchas personas tenían la costumbre de tramitar su documento para poder seguir avanzando a las fronteras mexicanas.
La misma Comar explicó que desde el 2023, se preveía una baja en las solicitudes de refugio para este año, debido a nuevos filtros para evitar que los migrantes usaran como “trampolín” al país para seguir sus traslados a Estados Unidos y evitar ser detenidos, lo que había elevado a un máximo histórico los trámites.
Migrantes son marcados desde la Selva del Darién
Marcar a migrantes como si fueran mercancía es una práctica que se lleva a cabo comúnmente en el norte del país y en lugares como la Selva del Darién en Panamá, por lo que es un hecho que la operación de los grupos criminales y sus formas es trasnacional y ya se extendió por todo el continente, pese a los esfuerzos casi nulos de las autoridades por combatir a los polleros, aseguraron expertos y organizaciones civiles.
“Nosotros ya hemos visto ese modus en los estados del norte, con los polleros que pasan a los migrantes a Estados Unidos, y cuando estuve en la Selva del Darién también pude ver cómo les colocan pulseras, brazaletes con colores o, incluso, les marcan los brazos para que lleven un control de quién pasa por cuál lugar”, dijo a La Razón el director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica.
El activista mencionó que lo más probable es que sean los mismos cárteles que operan en otras zonas del país, pues aseguró que la mayoría de los grupos del crimen organizado trabajan en la trata de personas, debido a que es un negocio lucrativo que siempre trae dinero.
Sostuvo que cada grupo criminal controla una ruta migratoria y el sureste es de las zonas más peleadas, pero aclaró que, pese a que son criminales, deben negociar con las autoridades de los municipios y con los mismos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). “Nosotros vemos cómo hay retenes muy específicos o detienen a ciertas personas, pues hay autobuses, camionetas y autos privados que pasan sin la necesidad de revisiones”.
Además, mencionó que la práctica del secuestro ha sido recurrente para asustar a los migrantes irregularres; por ello, ahora cada que un extranjero llega a territorio nacional, sabe que debe traer dinero para el pago de las extorsiones.
Gabriel Romero, integrante de Movimiento Mesoamericano en Tabasco, mencionó que los grupos criminales mantienen una estructura internacional y nacional para ordenar los flujos migratorios y “pasarles aduana”, ya que vieron la oportunidad y el abandono de los gobiernos; por ello, mencionó que los municipios y algunos estados ya se encuentran rebasados ante la problemática.
“Las autoridades están rebasadas, ya que los grupos criminales se internacionalizaron y operan ya desde los puntos de origen de la migración, como Honduras, Venezuela o Guatemala; por ello, es más fácil cooptarlos desde fuera de México para que ya lleguen arreglados y amenazados”, dijo.
Señaló que el reto del nuevo titular del INM es terminar con la corrupción que impera dentro de la dependencia y con sus agentes, además de trabajar de manera conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR) para atacar a estas bandas criminales.
Además, Graciela Zamudio Campos, vocera de la organización civil Alma Migrante, explicó que “marcar” a los migrantes, y en especial a los niños, habla de la falta de humanismo de las personas, ya que aseguró que eso se debe a que las autoridades federales no han hecho nada en el tema.
“Tenemos informes desde 2018 del secuestro de migrantes y las autoridades parece que no asumen la responsabilidad de que hay un grupo vulnerable de gente que requiere protección”, agregó.
Indicó que los criminales son quienes dictan la política migratoria, mientras que la sociedad civil se debilita y el Estado le da la espalda a los grupos vulnerables, “pues parece que en vez de proteger a las víctimas, desean proteger a los criminales”.
