Entre gritos, acusaciones, ironías y retrasos por una firma, el Senado de la República aprobó la noche de este martes, con 78 votos a favor y 39 en contra, la convocatoria de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte; magistradas y magistrados de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de Circuito, y juezas y jueces de Distrito del PJF.
Tras reanudarse la sesión que fue suspendida cuatro horas por la falta de la firma de la petista Lizeth Sánchez, integrante de la Mesa Directiva, en el acuerdo de la convocatoria, y con el rechazo de la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados dieron trámite a la segunda fase de las leyes secundarias de la reforma judicial.
¿Qué cargos se van a elegir en junio de 2025?
Los cargos que serán electos el primer domingo de junio de 2025, por voto universal, libre, secreto y directo, son:
- Cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte
- Una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del TEPJF
- 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales
Además de 464 cargos a elegir para magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados y magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación y 386 cargos a elegir para jueces y juezas de Distrito, cuyo registro será del 5 al 24 de noviembre de este año.
De acuerdo con la convocatoria se garantizará la paridad de género en las candidaturas de las personas juzgadoras; los jueces o magistrados que decidan no participar en la elección tendrán que notificarlo por escrito al Consejo de la Judicatura, y en caso de no hacerlo, aparecerán como inscritos.
Candidatos deben cumplir estos requisitos
Entre los requisitos para los cargos de ministra o ministro, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrada o magistrado de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral, así como jueces y juezas, deberán presentar para su registro documentos de prueba que acrediten la actividad jurídica o práctica profesional de cuando menos cinco años.
Asimismo, la constancia de residencia en el país de al menos dos años; carta bajo protesta de decir verdad de que goza de buena reputación; que no ha sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; no esté suspendido en sus derechos políticos; no haber ocupado una Secretaría de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, gobernador, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria.
Los aspirantes deben presentar un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.
Los comités de evaluación estarán integrados por cinco personas, las cuales no deben tener filiación o militancia partidista.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó, a su vez, que se trabajará con el Senado para elaborar dos nuevas leyes reglamentarias de la reforma judicial.
En Palacio Nacional escalan las protestas de empleados
La protesta de los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) escaló este martes cuando chocaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al tumbar las vallas que protegían el acceso de la calle Corregidora para intentar ingresar a Palacio Nacional, sede de un diálogo entre empresarios de Estados Unidos y México. También se manifestaron bloqueando en el puente internacional Córdova-Américas, de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Después de las 13:00 horas, los trabajadores del PJF avanzaron por la calle Corregidora y se colocaron frente a la puerta ocho de Palacio Nacional, donde exigieron ser atendidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
“Somos abogados no somos acarreados”, “Empresario despierta, la dictadura está en la puerta”, “Juez votado corrupto asegurado”, fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes.
Por Correo Mayor, otro grupo intentó ingresar y chocó con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que les cerró el paso. Entre el forcejeo, uno de los elementos intentó disuadir a los manifestantes, los cuales comenzaron a pugnar por la no agresión.
Con los ánimos subidos de tono, un reducido grupo de manifestantes forcejeó con el cuerpo antimotines por una valla, apostada en la esquina de Correo Mayor y Corregidora; además de que volaron algunas botellas de agua.
Previamente, los trabajadores que se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional intentaron hacer conciencia a los empresarios internacionales de que la reforma judicial enfila a una dictadura.
La concentración que también se ubicó en Pino Suárez y Corregidora, se convirtió en una fiesta en defensa del Poder Judicial. Con batucada y panderos, los trabajadores bailaron y cantaron “¡Ni nos vamos a callar, ni nos vamos a mover!”, ¡el Poder Judicial no va a caer!”, en medio de un considerable dispositivo de seguridad, implementado por la SSC.
“Queremos informar de esta situación a nivel internacional para que la gente entienda, y apoye este movimiento en defensa del Poder Judicial. Estamos aquí para advertir a los empresarios de que podemos ir a una dictadura, pues el Estado de derecho se debilita con la reforma”, aseguró Angélica Vargas Flores, oficial judicial.
A la llegada de los empresarios a Palacio Nacional por la mañana, se encontraron con los trabajadores del Poder Judicial quienes, mediante pancartas con mensajes escritos en inglés, advirtieron a los inversionistas que sus negocios no serán posibles sin justicia.
Más de 200 juzgadores han declinado competir
La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, Juana Fuentes, aseguró que hasta ayer, al menos 200 jueces y magistrados habían declinado participar en la elección que se prevé para el 2025. Sin embargo, la cifra se actualiza diariamente, por lo que puede ser mayor.
La dirigente indicó que la insaculación realizada mediante tómbola fue un proceso devastador para las personas juzgadoras, pues “la mayoría, si no es que todas, hicieron una proyección a futuro sobre su carrera judicial y ahora ya tienen una fecha de muerte”.
La jueza agregó que hay personas juzgadoras que no cuentan con la antigüedad y la edad para solicitar un retiro pensionario. A esto se suma, explicó, que los artículos transitorios de la reforma marcan que su liquidación será lo correspondiente a tres meses más 20 días de salario por cada año de servicio.
“No está en la proyección de alguien que ha invertido años de estudio, que ha incluso protestado ante la Constitución y que ha hecho un proyecto de vida de por lo menos seis años y que le digan que ahora son tus tres meses de salario, más 20 días por cada año de servicio. Sí, te vas a la calle, con el estigma de que eres corrupto, de que eres parte del Poder Judicial y probablemente nadie te va a contratar”, reclamó, en entrevista radiofónica.
Ante esta situación, resaltó que se trata de un despido injustificado, pues no es lo mismo que las personas juzgadoras sean obligadas a abandonar sus cargos en una fecha específica a que ellas decidan cuándo se quieren ir.
De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, el total de plazas existentes es de 927 para magistraturas de circuito y de 772 para juzgados de distrito.
PAN promueve amparos contra leyes secundarias
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República promovió 21 amparos ante los órganos judiciales en contra de las leyes secundarias aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados, ya que se realizaron bajo un proceso improvisado, “al vapor” y sin contar con un marco legislativo que regulara dicho procedimiento que culminó con una tómbola, la cual “acabó con la carrera judicial”.
Guadalupe Murguía, coordinadora de la fracción panista, anunció lo anterior al asegurar que la metodología de la insaculación implementada el sábado pasado “rompe el principio fundamental de todo proceso electoral contenido en el (artículo) 105 constitucional, en donde para que antes de que se inicie el proceso electoral 90 días antes, no pueden hacerse modificaciones a las leyes y no pueden emitirse leyes”.
“Este proceso de elección de jueces, magistrados y ministros inició el 16 de septiembre y ha sido así de manera improvisada, sin brindar certeza jurídica de ningún tipo, como se ha venido resolviendo las situaciones”, indicó en conferencia de prensa, donde estuvo acompañada de 13 senadores y senadoras.
Subrayó que los 21 amparos promovidos se suman a las diversas acciones legales que se han presentado en contra de la reforma judicial, y ahora las leyes secundarias aprobadas el lunes en la Cámara de Diputados, cuyas suspensiones judiciales no han sido acatadas por Morena en el Poder Legislativo.
El vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas, dijo, por su parte, que México necesita una reforma judicial a la altura del país, y lo que se vivió el sábado no es bueno para nadie.
cehr
