La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acusó al Poder Judicial de obstaculizar leyes y proyectos del Gobierno de México mediante amparos y suspensiones, lo cual, dijo afecta políticas de bienestar y obras públicas que son en beneficio de la ciudanía.
Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, Rodríguez señaló que jueces han frenado iniciativas clave, como la Ley de la Industria Eléctrica y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, sumando cientos de suspensiones que, asegura, impiden el progreso y favorecen intereses particulares.
Rodríguez destacó que la injerencia del Poder Judicial también se ha manifestado en el ámbito electoral. A propósito, mencionó reuniones privadas entre ministros y líderes de partidos opositores, lo cual, aseguró, son acciones que vulneran la división de poderes y la imparcialidad del sistema judicial.
La secretaria expuso la dilación en la emisión de sentencias. Informó que 28 por ciento de las personas privadas de la libertad en centros federales no han recibido sentencia, situación que ha prolongado su estancia en prisión de manera injustificada. Ejemplificó que en el Centro Femenil de Morelos, 34 por ciento de las internas llevan entre 9 y 12 años sin resolución judicial.
Rodríguez también denunció actos de nepotismo, corrupción y manejo discrecional de procesos de selección de jueces, lo que ha generado inequidad e influyentismo. Indicó que el 49 por ciento del personal del Poder Judicial tiene familiares trabajando en la institución, y en algunos casos se han vendido exámenes de oposición.
Finalmente, la secretaria criticó los salarios elevados de los ministros, y acusó que estos contravienen la reforma constitucional que prohíbe remuneraciones mayores a las del presidente de la República.
Además, mencionó que, pese a un paro judicial, los empleados del Poder Judicial continúan recibiendo sueldos, mientras se han cancelado más de 12 mil audiencias desde agosto.
Mensaje íntegro de la secretaria Rosa Icela Rodríguez
Muy buenos días a todas y a todos.
Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos ahora un seguimiento de lo que se ha venido tratando aquí, en esta tribuna: Los excesos en el Poder Judicial.
Decir que integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos, frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a la sociedad mexicana y garantizar los derechos de la ciudadanía.
Como consecuencia han intentado, cientos de veces, paralizar proyectos importantes o como obras públicas o políticas de bienestar; también han retrasado la emisión de resoluciones y sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia.
Algunos ejemplos son, en el caso de las Personas Privadas de la Libertad, que son alrededor de 21 mil que están en los centros federales, un total de 6 mil 097, es decir, más del 28% no han recibido sentencias. Estamos hablando de hombres y mujeres que permanecen recluidos.
Otro ejemplo es en el Centro Femenil de Morelos, en el penal femenil federal. De un total de mil personas, mil mujeres que se encuentran ahí, 415 Personas Privadas de la Libertad, mujeres, han esperado entre un año y 17 años para una sentencia.
Es decir, por ejemplo, aquí está la lista de cuánto es el rango de tiempo en espera: El 34% lleva entre 9 y 12 años de prisión sin la resolución de un juzgador.
También nos referimos, aquí, a los amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas; a través de suspensiones, el Poder Judicial ha obstaculizado e impedido la aplicación de algunas leyes, obras y reformas que favorecen al pueblo de México, invadiendo con ello la competencia de poderes.
Algunas de las leyes y las suspensiones de amparo vienen en este cuadro.
Esta es información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, por ejemplo, la Ley de la Industria Eléctrica lleva 161 suspensiones de amparo.
La Ley de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional que tanto bien hace a los mexicanos, cinco suspensiones de amparo; la Ley de Minería, cinco; el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que apoya, que ayuda a los trabajadores mexicanos, lleva 25 y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 717.
Evidentemente, otros como los vapeadores que dañan a nuestra juventud, 240 suspensiones de amparo.
Otras, las del Tren Maya, dos.
Otras, en políticas públicas como los libros de texto gratuito, su entrega en el periodo 2023-2024, 26 suspensiones de amparo.
Las Áreas Naturales Protegidas, cinco; supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 73.
Conferencias matutinas, también, la parte del derecho a la libertad de expresión, ocho; y también de las Áreas Naturales Protegidas.
La injerencia del Poder Judicial Federal en asuntos electorales: Esto como ya se ha dicho aquí, hay una Ley de Amparo que prohíbe la intromisión del Poder Judicial en este tema; sin embargo, en diciembre de 2023, la ministra Norma Piña convocó a una cena privada en la casa del ministro González Alcántara, en la que asistió el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y fueron invitados el coordinador de campaña de la candidata Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, y los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.
En julio de 2024, por ejemplo, otro caso: Un juez de Distrito ordenó al Tribunal Electoral designar dos magistraturas vacantes para calificar la elección presidencial, lo que fue rechazado por la Sala Superior por ser excesivo y violatorio del artículo 99 constitucional.
También, en agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marko Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso.
Otra, son los procesos viciados en la selección de jueces, donde se dan venta de exámenes y se ha documentado casos de corrupción al más alto nivel de la Escuela Judicial, donde se han vendido los exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos.
También el tema de los concursos de oposición, que han sido impugnados por los propios jueces y los magistrados con frecuencia por la inequidad y el influyentismo, y la falta de criterios objetivos, pues sólo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras.
Y pues, qué decir del tema del nepotismo, donde en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir, el 49%, equivalente a 24 mil 546 personas del Poder Judicial tienen al menos un familiar trabajando dentro de este Poder; el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial.
Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando ahí; y el 23.7% del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en esta institución.
La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes, incluyendo 1 magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales, esto de acuerdo a la información oficial del propio Consejo de la Judicatura.
En relación con los castigos, las sanciones, que tienen las actuaciones de funcionarios del Poder Judicial han generado inconformidades, porque hay quejas, de las cuales en materia de disciplina, de 2004 a 2023 se han presentado, por supuesto, algunas por parte del Ejecutivo, del Legislativo o de ciudadanos o de miembros del propio Poder Judicial, 38 mil quejas en contra de servidores públicos.
De éstas, el 86% fue desechado sin iniciar ninguna investigación, del resto de las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura sólo sancionó a 472 jueces y magistrados, pero enseguida viene en el tipo de sanciones: el 0.7% del total recibió un apercibimiento y una amonestación; el 0.2% del total recibió una suspensión momentánea; el 0.1% del total recibió una destitución, que en muchos de los casos después, con amparos, otra vez regresan a trabajar. Inhabilitaciones, .06 del total, que son 23; y sanciones económicas, 14, que es el 0.04 de esto.
De enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal, ninguna con sanción.
Sobre salarios y prestaciones. Esto que está totalmente fuera de la ley.
La Constitución, recordar qué establece la Constitución desde la reforma al artículo 127, Fracción II, de 2019, que dice que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
Bueno, pues el salario de los ministros contempla todo esto que está aquí; y alcanza un ministro de la Corte un salario de 792 mil 256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, la previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina, y el apoyo para vehículo blindado.
En el mismo caso, está el salario de un consejero de la Judicatura, que tiene un salario mensual de 460 mil 787 pesos; y el salario de un magistrado de 374 mil 203 pesos, evidentemente que está el salario de un juez de Distrito, del salario mensual de 337 mil 575 pesos.
También vamos a ver rápidamente el estatus de audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados, ahora que están en el paro judicial.
Es pertinente señalar el estatus de todos estos procedimientos no celebrados, entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año. Como resultado del paro judicial se cancelaron 12 mil 448 audiencias.
Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, aunque están en paro, pero en tanto este es el déficit que se tiene sobre la celebración de las audiencias, esta es información de la Fiscalía General de la República, aunque se celebraron 31 audiencias, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes; y de las 665 apelaciones pendientes de resolución, el 52% tiene de cuatro a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva, pues, esto también contribuye a la dilación de los procesos.
Finalmente, veremos rápidamente.
Recordar algunos de los casos más relevantes de los jueces que beneficiaron a delincuentes.
El juez Crescencio Contreras Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en Reynosa, Tamaulipas, liberó a Alberto “N”, un delincuente alias “La Kena”, esto fue el 25 de enero de 2024, al no decretar la vinculación a proceso por delitos de delincuencia organizada; sin embargo, bueno la fiscalía general buscó otras sanciones; sigue detenido, pero se ve ahí la intención de ese juez.
Otro, pues recordar que el juez Juan José Fernando García Quiroz, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, concedió la suspensión de plano a Rafael Caro Quintero, para que no fuera extraditado a petición del gobierno estadounidense.
Esta es una situación irregular, y se hizo la denuncia ante el Consejo de la Judicatura.
También está el caso de Conrado Alcalá Romo, titular del Tercer Juzgado Penal, en Jalisco, concedió el 27 de febrero de 2024 un amparo en favor de Héctor “El Güero” Palma, dejando insubsistente el auto formal de prisión dictado en su contra y ordenó reponer el procedimiento.
El amparo se estima irregular, pues el juzgador subsanó, de manera indebida, el actuar de la defensa de este delincuente y no tomó en cuenta lo expuesto por el agente del Ministerio Público.
Otros casos son los tradicionales, porque ya es una tradición, que muchos de los jueces, el viernes en la noche, el sábado en el día, el domingo, otorguen libertad a delincuentes en fines de semana.
Este es el caso de la juez Angélica Sánchez Hernández, jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, en Cosamaloapan, Veracruz. Ella también dio una notificación para que el sábado 3 de junio, el Centro Penitenciario Federal diera el egreso de Itiel, alias “El Compa Playa”, él es integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y está acusado de homicidio de un diputado local en Veracruz; y dio una hora, otorgó una hora, como plazo para la liberación; sin embargo, continúa en proceso por otros homicidios.
También el caso del juez Rogelio León Díaz Villarreal, quien dio un plazo de tres horas, tres horas, también un domingo en la mañana, para la liberación de Abraham, alias “El Rodo”, integrante del Cártel Jalisco y hermano del líder del Cártel Jalisco, acusado de portación de arma de fuego y de delitos contra la salud; sin embargo, este juez le dio la libertad.
El caso de otro juez, que en un “sabadazo” le dio también la libertad. El 28 de junio de 2024, y con un plazo de 24 horas para que fuera liberado, de forma anticipada, Marcelino “N”, alias “El Fantasma”, integrante del Cártel de Sinaloa, él estaba acusado de delitos contra la salud y de otros como posesión de arma de fuego.
También ha dado cambios de medidas cautelares para mandarlos a domicilio, el magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Tribunal Colegiado de Apelación en materia del Primer Circuito; él otorgó un amparo a Emilio “N” para mandarlo a su domicilio, a pesar de todos los delitos.
El mismo caso para Francisco Javier “N”, exgobernador de Tamaulipas, señalado por vínculos con la delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Esto fue por la jueza Adriana Yolanda Vega, jueza Octava de Distrito, en Tamaulipas, quien otorgó el 30 de noviembre de 2023 un amparo a este exfuncionario para dejar insubsistente una orden de aprehensión, de fecha 4 de octubre de 2022.
También está el caso del magistrado del Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito.
Estos magistrados, Michele Franco, José Manuel Torres y Juan Carlos Ramírez Benítez, concedieron el 24 de junio, por unanimidad de votos, una suspensión provisional al exgobernador de Veracruz, Javier “N”, para evitar que sea detenido por alguna otra orden de aprehensión en su contra, sin importar el delito que se trate.
Está el juez Séptimo del Distrito de Amparo en materia Penal, en la Ciudad de México, Julio Veredín Sena Velázquez, quien otorgó el 13 de mayo de 2024 un amparo directo a José Rodolfo “N”, quién es presunto líder del grupo criminal de “Los Beltrán Leyva”, para evitar su traslado del Reclusorio Preventivo Sur de la ciudad, al Altiplano.
Está también el caso del juez Marco Antonio Beltrán Moreno, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, adscrito al Centro de Justicia del Estado de México, quien modificó el 29 de septiembre, la prisión preventiva justificada contra Roberto “N”, exgobernador de Quintana Roo, y lo cambió por la colocación de un brazalete electrónico y arraigo domiciliario.
Finalmente está el caso de los magistrados Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, en el Estado de México, quienes votaron, el 15 de noviembre 2023, a favor de otorgar un amparo a José Luis “N”, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, para que se le dictaran otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, él continúa en prisión por otras causas.
También, está el tema de la jueza Séptima de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, quien otorgó el 2 de octubre, una suspensión definitiva a favor de Tomás “N”, para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se abstuvieran de condenarlo ante la opinión pública y de emitir juicio alguno sobre el hecho que se investiga, hasta que no se acredite delito alguno. Él tiene responsabilidad sobre el tema del caso Ayotzinapa.
Finalmente, si pueden poner una nota que tiene el periódico Milenio, hoy, que trae una nota sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas.
¿Quién es esta juez? Es quien le envía un ultimátum a la Presidenta de México: De que o elimina del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público federal, de que ella habría cometido el delito de desacato, que puede ser castigada hasta con siete años de prisión.
Entonces, aquí este diario dice quién es esta jueza. De qué estamos hablando: dice que en abril de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra, de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023, la suspensión fue revocada y volvió a su puesto.
La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de tres pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional.
En 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice, aquí, por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos, inadecuados, hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época.
También en 2015, 2016, dice: Su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016 cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa.
También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones, hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquiera.
Pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la Presidenta, y porque ella cumple con la ley.
Sería cuanto, Presidenta.
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