Con la mayoría calificada de 469 votos a favor, cero en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, en materia de vivienda adecuada para las personas trabajadoras.
El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas. Esa obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan al Fondo Nacional de Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras.
Indica que el Fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) dijo estar a favor, porque se fortalecen las capacidades institucionales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y se actualiza la política en la materia, a partir de las necesidades actuales al ampliar sus beneficios con nuevas formas de acceso a la vivienda.
José Antonio López Ruíz, del PT, comentó que en México hay 6.1 millones de viviendas abandonadas, vandalizadas e invadidas, de las cuales 650 mil pertenecen al Infonavit, quien tiene una cartera vencida del 19 por ciento.
Por el PRI, la diputada Marcela Guerra Castillo argumentó que “hoy se vota una reforma que va ayudar a miles de familias a ampliar sus alternativas de acceso a una vivienda adecuada, por lo que reafirmamos que un hogar seguro es un derecho y no un privilegio; respaldamos la reforma constitucional porque con ella lograremos que se eleve la calidad de vida de las personas”.
María Lorena García Jimeno Alcocer, diputada del PAN, se pronunció a favor de la vivienda y de la propiedad privada, pero en contra de la corrupción, nepotismo y de la inexperiencia de funcionarios públicos.
La diputada de Morena, Leide Avilés Domínguez, precisó que la reforma constituye la oportunidad histórica para transformar la vida de miles de trabajadoras y trabajadores en el país, pues no solo refuerza el compromiso del Estado con el bienestar de quienes sostienen la economía sino una respuesta a fallidas políticas que replegaron el derecho a la vivienda a un segundo plano, dejando a un lado el derecho social como lo establece el artículo 4º constitucional. Hasta el momento, continua la discusión.
JVR
