El Senado de la República emitió este jueves la declaratoria de constitucionalidad de la reforma sobre transporte ferroviario, así como en materia de áreas y empresas estratégicas, luego de que la mayoría de los Congresos estatales avalaron las modificaciones constitucionales.
En el caso de la reforma al artículo 28 de la Carta Magna, en materia de vías de transporte ferroviario, la Mesa Directiva de la Cámara alta dio cuenta de 23 Congresos locales que dieron su respaldo para que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros.
Para ello, agregó, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. Además, la reforma considera a los ferrocarriles, tanto para transporte de carga como de pasajeros, como área prioritaria para el desarrollo nacional.
Los Congresos estatales que remitieron sus votos aprobatorios a la reforma del artículo 28 son: Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Puebla y de la Ciudad de México.
Tras dar cuenta de 20 votos aprobatorios de los congresos estatales, la Cámara alta emitió la declaratoria de constitucionalidad de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, que buscan fortalecer las capacidades del Estado en áreas de carácter estratégico como el sector energético, el servicio de Internet y el aprovechamiento del litio.
Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México dieron su respaldo a este proyecto.
Los cambios constitucionales tienen el objetivo de garantizar seguridad y autosuficiencia energética, además de proveer al pueblo de México de electricidad al menor precio posible.
Además, eliminan del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituyen por el de “empresas públicas del Estado”.
También se precisó que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.
Se dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Los documentos fueron remitidos a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente.
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