El Gobierno federal descalificó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que perfila invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial. “No es correcta”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió esperar a conocer en qué sentido votan los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, recalcó que lo primero que tiene que ser revisado dentro de esta discusión es el marco jurídico nacional, para ver que los partidos políticos —que fueron los que promovieron las impugnaciones contra la reforma judicial— carecen de facultades para presentar recursos en contra de la enmienda.
También apuntó que la Suprema Corte no tiene facultades legisladoras para tomar una decisión al respecto.
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“Primero, lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos”, dijo.
Aunque la mandataria federal se expresó por aguardar hasta que la Suprema Corte tome una decisión sobre este proyecto, dijo que el alto tribunal no tiene facultades para echar abajo esta reforma y sus integrantes saben que es una propuesta incorrecta.
“Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan… porque los ministros, las ministras de la Corte, conocen lo que están diciendo; todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro; vamos a esperar a la votación”, dijo.
También, criticó que los ministros que estarían renunciando en breve lo harán para poder conseguir sus haberes de retiro; es decir, lo consecuente a sus prestaciones laborales y que, adelantó, mañana precisará con cifras.
“¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que, si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón. Mañana lo presentamos, porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes”, dijo.
En otro tema, condenó las denuncias que han surgido respecto de presuntos actos de acoso hacia trabajadoras del Poder Judicial.
“Siempre es condenable cualquier abuso y particularmente los abusos por razones sexuales a mujeres en el ámbito laboral. Lo que nosotros queremos, con todas las modificaciones que hemos presentado, no sólo la reforma al Poder Judicial, sino las reformas que ya pasaron por el Senado, la constitucional; faltan todas las de distintas leyes de protección a las mujeres… evidentemente nuestro objetivo es proteger a las mujeres y que se erradique esta forma de abuso, que no sólo no es correcta, sino es condenable”, señaló la mandataria.
Zaldívar: Hay “activismo” en proyecto de ministro
El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, calificó de “ridículo” y como un acto de “activismo” el proyecto que presentó el lunes el ministro Juan Luis González Alcántara en el que busca invalidar parcialmente algunos puntos de la reforma al Poder Judicial (PJ).
“Esto es un ridículo absoluto, es un activismo político de la Corte; no está actuando como Tribunal Constitucional, está actuando como un actor político y deshonrando la función que la Constitución le da”, declaró Zaldívar Lelo de Larrea durante su participación en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva.
Además, argumentó que ninguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en condiciones de votar por este proyecto debido a que todos se han pronunciado tanto en contra como a favor.
Señaló que están impedidos de votar este proyecto por la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria que “establece que cualquier juzgador, incluyendo ministro, se tiene que declarar impedido cuando tenga un interés directo y personal en el asunto”.
Mencionó que el lunes, el ministro Javier Laynez declaró que no estaban rendidos y que continuaban en la lucha, lo que era muestra de que son “juez y parte”.
“Esto no podrían hacerlo desde el punto de vista jurídico, constitucional, ético y político; ya lo están haciendo. Estamos en presencia de un activismo, no solamente judicial, sino de un activismo de la Suprema Corte para oponerse a una reforma que fue votada claramente por el pueblo de México”, apuntó el ministro retirado.
Asimismo, Arturo Zaldívar dijo que tienen legitimación los partidos políticos para impugnar una reforma a la Constitución; “la legitimación para impugnar leyes a través de una acción inconstitucional es una legitimidad acotada, es decir, solamente pueden impugnar los partidos políticos leyes electorales federales o locales y obviamente la Constitución no es una ley”.
Magistrados ven “sacrificio” de los togados
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, donde plantea elegir por votación a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un “sacrificio” de los togados para prevenir una crisis constitucional, de acuerdo con magistrados.
Durante la contramañanera judicial, el magistrado José Manuel Torres Ángel aseguró que el ministro ponente “se aparta y dice, no vamos a pronunciarnos respecto de si existe o no razón para que haya elección de ministros de la corte conforme se plantea en la propia reforma, es decir, que están haciendo una especie de sacrificio de que no va a haber un pronunciamiento respecto de los ministros y ministras, esto es para que cese la crisis constitucional que ya va muy avanzada”.
Advirtió que dicha “crisis constitucional” podría incrementarse “con los desacatos de las suspensiones y, eventualmente, como ya lo anunciaron algunos legisladores, en el sentido de que como es un hecho público y notorio, dicen en caso de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie y haga una declaratoria de invalidez, respecto de la reforma, no acatarán; eso tal vez sería lo que intensifica la crisis constitucional”.
Por su parte, el magistrado Juan José Olvera López aseguró que en caso de que la mayoría del pleno de la SCJN voten en favor del proyecto del ministro, se volverá a la normalidad en el Poder Judicial (PJ).
“Lo que el proyecto ofrece es retomar el orden constitucional, volver a la regularidad constitucional, destruir todos aquellos mecanismos que pretendan romper con el Estado de derecho, volveríamos digamos a la normalidad constitucional en beneficio de todos los mexicanos”, dijo.
Olvera enfatizó que el proyecto del ministro González Alcántara, que propone invalidar puntos de la reforma judicial, no es aún una decisión final: “No ha decidido un ministro detener la reforma. No es una decisión, es solo un proyecto. Ningún ministro por sí solo ha pretendido detener el trabajo de los legisladores. Esa es la primera cuestión”.
Renuncian los primeros dos ministros de la Suprema Corte
Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo presentaron ayer su renuncia ante el Senado, con lo que se convirtieron en los primeros integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en tomar la determinación de no contender en las elecciones judiciales de junio próximo.
A través de una carta dirigida a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gutiérrez Ortiz Mena aseguró que renuncia “no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales conferidos”, además de que la misma no implica que acepte la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente”, dijo.
Asimismo, insistió en que, “como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emita su juicio final. Hasta entonces, seguiré las reglas vigentes”.
El ministro agregó que por respeto a la Constitución que “juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto de 2025. Hasta ese día, continuaré cumpliendo mis responsabilidades con la misma integridad que he intentado mantener desde mi primer día en este cargo”.
Aseguró que no se considera “un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor para la que me siento más apto, donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan. Por ello, he decidido presentar mi renuncia”.
Gutiérrez Ortiz Mena mencionó que hoy se enfrenta una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fue investido y que culminaba en 2027.
“Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, insistió.
Expuso que, ante dichas razones, “he decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro del plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma, no por haber descubierto en mí una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara: si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea”.
Por la noche, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo también emitió una carta de renuncia, dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara alta, en la cual detalló que su cargo en la Corte culminará hasta el 9 de febrero del 2026; sin embargo, luego de la aprobación de la reforma, prefirió renunciar y no participar en el proceso electoral extraordinario del próximo año.
“Ante tal disyuntiva, hago de su conocimiento que declino participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la designación de personas ministras de la SCJN”, señaló.
Afirmó que su carrera judicial, luego de más de 40 años, es un “expediente limpio un expediente limpio y con el orgullo y la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional”.
“Sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte y condicionado por las circunstancias (…) presento mi renuncia no como un acto de conveniencia, sino de congruencia personal. Rechazo enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto como integrante de la Suprema Corte”, añadió Pardo Rebolledo.
AMAGA CON FRENO. Antes de darse la renuncia del primer togado, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que el pleno de la Cámara alta podría no aceptar la renuncia de los ministros de la Suprema Corte.
El morenista recordó que es un derecho de los ministros renunciar para poder cobrar sus haberes de retiro, pero también es un derecho del pleno no aceptar las renuncias: “Es nuestro derecho a aceptarlo o no. Ahora resulta que nos van a obligar a que aceptemos algo; si no queremos, no queremos y, sí queremos, queremos. Ya veremos qué hacemos”.
En conferencia de prensa, el legislador clarificó que con la renuncia de los ministros, lo que “están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes”.
Asimismo, la Cámara alta informó que con corte a las 18:00 horas, 157 jueces y 255 magistrados habían presentado su declinación a participar en la elección. Como resultado de la tómbola judicial, fueron elegidos 464 magistraturas y 386 juzgados para participar en el proceso.
SCJN enfila debate sobre recursos contra enmienda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó dar inicio el próximo martes 5 de noviembre a la discusión de las acciones de inconstitucionalidad en el proyecto propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El proyecto del togado plantea invalidar la elección de jueces y magistrados y dejar viva la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Este martes, el máximo tribunal del país recibió una solicitud del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para que se de atención prioritaria al asunto.
Por esa razón, en sesión privada, el pleno tomó la decisión de discutir el proyecto el próximo 5 de noviembre.
La solicitud asegura que se desprende del presidente de la Cámara de Senadores, la “legitimación para solicitar la atención prioritaria”, con fundamento en el artículo 94, párrafo décimo de la Constitución.
El ministro González Alcántara fue notificado de dicho asunto; asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal fue informado para que informe a la SCJN qué asuntos radicados en los tribunales de circuito, tribunales de apelación o juzgados de distrito están relacionados con el decreto impugnado.
Esta será la primera vez que el máximo tribunal se pronuncie sobre el contenido de una reforma constitucional.
rechaza CLAUDICAR. Más tarde, el ministro Juan Luis González Alcántara reiteró que la reforma judicial no es viable, y aceptarla en sus términos sería claudicar en contra de la Constitución y con ello renunciar a nuestra libertad.
En su participación en el VI Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, realizado en la UNAM, cuestionó si la enmienda puede ser aceptada en una República representativa, democrática, laica y federal como la nuestra.
“En nuestro (sistema) concluyo yo que no, que esa parte de la reforma no tiene cabida en nuestra Constitución. No toda reforma judicial es viable”, dijo.
Consideró que el sistema de postulación de candidatos a jueces y magistrados es incierto, pues “cambia las condiciones de permanencia, genera votaciones que no son auténticas (...) obligando a los estados de la República, estados soberanos, en su orden interno, a replicar lo mismo, no cabe en una república como la nuestra”.
El ministro aseguró que su proyecto busca la conciliación: “Aunque pudiera parecer bélico en este punto, la propuesta que yo hago a mis pares es una propuesta que busca conciliar, romper las distancias que hoy nos mantiene en una crisis constitucional, donde el desacato y la inseguridad jurídica son cotidianos y no lo digo yo nada más”.
“Aceptar lo contrario implicaría claudicar; aceptar lo contrario implicaría claudicar nuestra responsabilidad como ciudadanos y con ello renunciar también a nuestra libertad”, finalizó el ministro.
Congreso define a 5 integrantes de comité técnico de evaluación
Con el voto de Morena, PT y Partido Verde, la Cámara de Diputados y el Senado de la República avalaron a las cinco personas que integrarán el comité de evaluación del Poder Legislativo que revisará los perfiles de los aspirantes a juzgadores y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, de cara a la elección extraordinaria de junio del 2025.
El pleno del Senado aprobó, con 75 votos en pro y 40 en contra, la integración de dicho comité del Poder Legislativo para la elección de jueces, magistrados y ministros, en tanto que la Cámara baja avaló con 326 votos a favor y 102 en contra.
El comité estará integrado por Maday Merino Damián, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara, Ana Patricia Briseño Torres y Andrés Norberto García Repper Favila.
Este último tiene proximidad con Morena, pues fue representante suplente de ese partido ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y, en el 2023, la bancada guinda lo propuso como integrante del comité técnico de evaluación para la designación de cuatro consejeros electorales, proceso del que resultó electa la hoy consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei.
Además, Maribel Concepción Méndez de Lara fue apoyada en el 2020 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para ser magistrada del Tribunal Superior Agrario.
Por su parte, Ana Patricia Briseño Torres fue electa en 2023 por el bloque de la Cuarta Transformación para ser comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI), y de hecho los partidos de oposición en el estado no estuvieron de acuerdo con esta designación en aquel momento.
Asimismo, Maday Merino Damián se desempeñó como consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, estado del que es originario Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena.
Por último, María Gabriela Sánchez García, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, coincidió con Enrique Inzunza Cázares cuando él era titular del Poder Judicial de ese estado y quien ahora es senador de Morena. Él también fue secretario de Gobierno de Sinaloa.
En el Senado, la oposición se pronunció en contra del acuerdo de designación de esas cinco personas, entre ellos el panista Ricardo Anaya, quien aseguró que el proceso estuvo viciado de origen, al insistir que quien tiene el control para que las y los candidatos aparezcan en la boleta, también tiene el control de la elección.
Carolina Viggiano, secretaria general del PRI y senadora, afirmó que el marco constitucional judicial solamente centraliza el poder y lamentó que el Gobierno y el grupo mayoritario desestimen la Constitución y se planteen modificaciones que afectan el Estado de derecho.
“Hoy se ha hablado de supremacía; nada me parece más clasista que hablar de supremacía. Pero hoy lo que quieren es el supremo poder conservador; nada hay más conservador que el centralismo y que el ataque a la división de poderes”, dijo.
El emecista Luis Donaldo Colosio señaló que se debía priorizar la pluralidad en la conformación del comité, pero hay perfiles cercanos a la bancada de Morena y al oficialismo.
El acuerdo se envió a la Cámara de Diputados, para los efectos legislativos que correspondan. Previamente, aprobó la quinteta de propuestas para formar el comité. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la integración propuesta por el Congreso de la Unión “es confiable”.
“Yo siento y creo que es una quinteta confiable, a pesar de que ha sido descalificada. Los resultados nos darán la razón en la selección de aspirantes a puestos de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras y miembros magistrados del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial”, aseguró.
La bancada naranja en la Cámara baja dijo que no será cómplice “del atraco a la Constitución que la mayoría ilegal de Morena quiere imponer”; por ello, las y los representantes se retiraron del pleno durante la votación del comité técnico.
La coordinadora Ivonne Ortega denunció que su bancada no convalidaría esta votación, al señalar que la respuesta del área jurídica de la Cámara de Diputados no explicó con claridad el estatus en el que se encuentran las sentencias y los diversos recursos presentados contra la “mal llamada” reforma judicial.
“Habían prometido que iban a proponer personas de alto perfil, con un reconocimiento y prestigio personal, no vinculados a ningún partido, ni al Gobierno. Revisamos el nombre de las personas que están proponiendo y todas trabajan en los gobiernos de Morena. No tienen que ver con temas judiciales”, denunció.
Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) señaló el rechazo de su grupo parlamentario a la conformación del comité. “Es nuevamente un proceso simulado, en donde se van a elegir a puros perfiles afines a Morena y éste es el origen del embuste, de la mentira y de la trampa a la ciudadanía”, comentó.
Y ministra Lenia Batres presenta su propuesta
La ministra Lenia Batres propuso ayer al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tres juristas para integrar el comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación. Entre ellas destaca María Estela Ríos González, quien se desempeñó como consejera jurídica de la Presidencia durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La ponencia de la ministra Lenia Batres dio a conocer a los integrantes del comité, el cual elegirá a los candidatos que participarán en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.
Ríos González, quien figura en el primer número de la lista, además de desempeñarse como consejera Jurídica de la Presidencia, apareció en una de las ternas para alcanzar una toga en el pleno de la Suprema Corte.
Ríos González es egresada de la UNAM, cuenta con una maestría en Derecho y se ha desempeñado como directora del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (CDMX) y directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otros cargos.
Asimismo, se encuentra Bertha Galeana Cisneros, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes en días pasados entregaron la medalla Emilio Krieger 2024, a la autodenominada “ministra del pueblo”.
Galeana Cisneros cuenta con maestría en Derecho Penal y experiencia en el ámbito judicial y fue presidenta del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Miguel Ángel de los Santos Cruz también figura en la lista presentada por Batres Guadarrama; es doctor en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, donde actualmente es director de la Facultad de Derecho en el Campus III. Formó parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, donde también fungió como secretario ejecutivo.
El próximo jueves 31 de octubre será el día en que el Poder Judicial tiene como límite para poder presentar su comité de evaluación.
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LMCT
