La Fiscalía General de la República (FGR) inició carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, tras las suspensiones que contendieron por la reforma judicial.
De acuerdo con información del Colegio de Secretarios y Actuarios, las carpetas de investigación se han abierto por las denuncias que han presentado el Poder Legislativo o Ejecutivo.
Fuentes judiciales refieren que la fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes sobre las suspensiones que otorgaron, a través de correos electrónicos en donde les notifican la investigación a la que están sujetos.
En actual Legislatura, récord de reformas e impugnaciones
Jueces y magistrados aseguran que estas medidas tienen el objetivo de coaccionar y amedrentar, y que se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos cuando aún hay jueces incómodos para presionarlos a que resuelvan de acuerdo con las necesidades y criterios
del sistema.
Asimismo, mencionaron que la reforma de supremacía constitucional se convirtió en la más rápida aprobada, luego de que pasó por 23 congresos estatales.
Dicha reforma fue publicada en la edición vespertina de este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Desde hace meses, los integrantes del Poder Judicial se han quejado de que el Gobierno federal, a través del Legislativo, mantiene una política de persecución contra ellos, luego de que se han resistido a estar en la elección de 2025.
Incluso, a ellos se han sumado los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil, pues aseguran que todo el tema de la reforma judicial se trató de una venganza del Gobierno federal, por diversas resoluciones que han mandado en su contra.
Recientemente, diversos jueces concedieron a los partidos políticos una serie de amparos para que la reforma, en un primer momento, no se publicara, y tiempo después, para que se bajara del Diario Oficial de la Federación (DOF), situación que no fue acatada por la Federación, lo que fue considerado como un desacato por parte de expertos juristas y abogados constitucionalistas.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional del pasado 18 de octubre, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que presentaría denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma judicial.
Al momento se estima que hay más de 170 suspensiones y se sugiere que un juez podría haber admitido más de una, lo que podría significar a unos 30 jueces o menos en promedio a investigar.
Pese a ello, el CJF requiere desaforar a los jueces para que puedan ser investigados, según los mismos jueces, ya que gozan de fuero orgánico. Lo anterior significa que no puede haber una consignación penal sin que se declare una responsabilidad administrativa.
Cabe recordar que el pasado 31 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por presuntamente tomar decisiones políticas y no jurídicas que sólo perjudican a la ciudadanía y benefician a particulares.
Además, pese a las protestas que han realizado trabajadores y juzgadores, la mandataria federal ha mencionado que la elección de jueces, magistrados y ministros va para 2025, ya que es una decisión del pueblo de México.
