Aunque aún falta su aprobación definitiva, al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) se proyecta la solicitud de más de 13 mil millones de pesos para organizar los comicios del próximo año, en el que se renovarán 850 cargos judiciales.
La cifra rebasa lo destinado este 2024 para la elección federal más grande que el país ha vivido en su historia y también contraría el exhorto de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el monto —que ya se perfilaba días atrás— sea revisado y, de ser el caso, reducido.
En sesión este viernes, la Junta Ejecutiva del órgano electoral aprobó el proyecto para ejecutar 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos a esta elección de jueces, ministros y magistrados, monto que será integrado a la Cartera Institucional de Proyectos y será considerado dentro del Anteproyecto de Presupuesto del
órgano electoral.
En actual Legislatura, récord de reformas e impugnaciones
“En el marco de la elección del 1 de junio del 2025 (…) el INE tiene la responsabilidad legal de prever adecuadamente los proyectos específicos necesarios para llevar a cabo unos comicios ordenados y eficientes, en términos del criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 203/20220”, dijo en un comunicado.
La cifra aún debe pasar por la aprobación del Consejo General, que sesionará hasta la próxima semana.
Esta bolsa superior a los 13 mil millones supera en 50 por ciento a los ocho mil 802 millones 824 mil 500 pesos que el Instituto requirió para la realización de los comicios del pasado 2 de junio, en donde la ciudadanía mexicana acudió a las urnas a elegir a alcaldes, gobernadores, diputados locales y federales, senadores y para renovar la Presidencia de la República.
Este jueves, la titular del Poder Ejecutivo Federal se pronunció sobre los 13 mil millones que ya perfilaba el Instituto, al cual instó a evaluar lo que solicitará en los próximos días a la Federación.
En el marco de la elección del 1 de junio del 2025 (…) el INE tiene la responsabilidad legal de prever adecuadamente los proyectos específicos necesarios para llevar a cabo unos comicios ordenados y eficientesINE, Comunicado de prensa
Refirió reducir la cifra, al considerar que el número de cargos a elegir será menor que este 2024 e incluso, recordó que sigue en pie el plan para que este proceso electoral sea financiado con los 13 fideicomisos del Poder Judicial que se extinguieron el año pasado.
“Ahí un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección, que ya dijimos que va a salir de los Fideicomisos del Poder Judicial”, dijo la mandataria el pasado jueves.
La mandataria aseguró que con anterioridad se estimaba un costo de siete mil millones y que, además, el próximo año no se financiará a los partidos para algún proceso electoral.
En la pasada sesión del Consejo General, el INE proyectó un presupuesto de siete mil millones 354 mil pesos para los partidos políticos en 2025, de los cuales el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibiría dos mil 484 millones 307 mil pesos; el Partido Acción Nacional (PAN), mil 233 millones 624 pesos; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 933 millones 827 pesos.
En tanto, Movimiento Ciudadano (MC), 921 millones 317 mil pesos; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 790 millones 910 mil pesos y el Partido del Trabajo (PT), 637 millones 416
mil pesos.
Aunque el partido guinda es el que contaría con el monto más elevado, en correspondencia al número de votos que consiguió en la última elección, su representante ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, expresó rechazo a nombre del movimiento político al recordar que uno de los siguientes planes de la administración en curso es la reducción del costo de las elecciones.
El pasado 5 de febrero, el expresidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Congreso un paquete de 20 reformas, entre las cuales una se abocaba a la materia electoral para reducir el número de legisladores federales que se eligen; sin embargo, la reforma fue bajada y Morena en la Cámara de Diputados anunció que se trabajará en una nueva propuesta para ser presentada el próximo periodo de sesiones, que iniciará en febrero de 2025.
El primer día de su sexenio, la Presidenta anunció que, entre sus 100 puntos de Gobierno, formulará una iniciativa para eliminar las figuras plurinominales en la designación del Congreso y para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos.
Rechazan dar superfacultades a Taddei
A pesar de las críticas y negativas por el plan emprendido, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reiteraron el rechazo a la reforma que Morena impuso para dar a la Presidencia del órgano autónomo facultades para hacer nombramientos en áreas claves sin consultarlo.
La consejera Claudia Zavala mencionó que el objetivo de la controversia constitucional, que se presentará luego de que así lo aprobaron seis de 11 consejerías, sólo busca que el INE se mantenga como lo estipula la Constitución, es decir, que funcione de manera colegiada.
“El tema es si queremos regresar a un INE unipersonal en el que una persona tenía el control de toda la institución, de las elecciones o si queremos conservar el INE que la Constitución dice que debe de existir, que es un INE colegiado, que necesita el consenso”, dijo en entrevista radiofónica.
Aunque el consejero Uuc-kib Espadas dijo “de ninguna forma” estar de acuerdo con dicha reforma para dar más poder a la presidencia del INE, opinó que la controversia constitucional no es la vía para echarla abajo, sino la acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, en entrevista de radio por separado recordó que el INE no está facultado para interponer tal recurso jurídico, pero sí los partidos políticos.
También negó que esta controversia invada funciones de la presidenta del Consejo, como se acusó por parte del bloque contrario a los promoventes.
Acusan presión por
investigación a jueces
La Fiscalía General de la República (FGR) inició carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, tras las suspensiones que contendieron por la reforma judicial.
De acuerdo con información del Colegio de Secretarios y Actuarios, las carpetas de investigación se han abierto por las denuncias que han presentado el Poder Legislativo o Ejecutivo.
Fuentes judiciales refieren que la fiscalía solicitó a los impartidores de justicia copias de los expedientes sobre las suspensiones que otorgaron, a través de correos electrónicos en donde les notifican la investigación a la que están sujetos.
Jueces y magistrados aseguran que estas medidas tienen el objetivo de coaccionar y amedrentar, y que se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos cuando aún hay jueces incómodos para presionarlos a que resuelvan de acuerdo con las necesidades y criterios del sistema.
Asimismo, mencionaron que la reforma de supremacía constitucional se convirtió en la más rápida aprobada, luego de que pasó por 23 congresos estatales.
Dicha reforma fue publicada en la edición vespertina de este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Desde hace meses, los integrantes del Poder Judicial se han quejado de que el Gobierno federal, a través del Legislativo, mantiene una política de persecución contra ellos, luego de que se han resistido a estar en la elección de 2025.
Incluso, a ellos se han sumado los partidos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil, pues aseguran que todo el tema de la reforma judicial se trató de una venganza del Gobierno federal, por diversas resoluciones que han mandado en su contra.
Recientemente, diversos jueces concedieron a los partidos políticos una serie de amparos para que la reforma, en un primer momento, no se publicara, y tiempo después, para que se bajara del Diario Oficial de la Federación (DOF), situación que no fue acatada por la Federación, lo que fue considerado como un desacato por parte de expertos juristas y abogados constitucionalistas.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional del pasado 18 de octubre, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que presentaría denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma judicial.
Al momento se estima que hay más de 170 suspensiones y se sugiere que un juez podría haber admitido más de una, lo que podría significar a unos 30 jueces o menos en promedio a investigar.
Pese a ello, el CJF requiere desaforar a los jueces para que puedan ser investigados, según los mismos jueces, ya que gozan de fuero orgánico. Lo anterior significa que no puede haber una consignación penal sin que se declare una responsabilidad administrativa.
Cabe recordar que el pasado 31 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por presuntamente tomar decisiones políticas y no jurídicas que sólo perjudican a la ciudadanía y benefician a particulares.
Además, pese a las protestas que han realizado trabajadores y juzgadores, la mandataria federal ha mencionado que la elección de jueces, magistrados y ministros va para 2025, ya que es una decisión del pueblo de México.
Otorgan suspensión provisional a la Jufed
Un juez federal de Morelia, Michoacán, en el juicio de amparo 1074/2024 promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), concedió la protección de la justicia a todas las personas asociadas a la agrupación, por la que ordena a las autoridades frenar la reforma judicial para prevenir el “cese masivo” de personas juzgadoras del país.
“La suspensión provisional otorgada beneficia a todos nuestros asociados, ordenando a las autoridades responsables que implementen las acciones necesarias para impedir los efectos y consecuencias del decreto de reforma judicial en la esfera jurídica de quienes forman parte de estas Asociación”, informó la Jufed mediante un comunicado.
La asociación señaló que este amparo tiene como objetivo salvaguardar la estabilidad laboral de las personas juzgadoras, previniendo cualquier cese masivo “que pudiera afectar negativamente nuestras carreras y la impartición de justicia en México”.
“Esta resolución representa un logro crucial en la defensa de nuestra labor y en la protección de nuestra permanencia en el Poder Judicial”, señaló.
La Jufed expuso que la suspensión provisional otorgada beneficia a todos los agremiados, ordenando a las autoridades responsables que implementen las acciones necesarias para impedir los efectos y consecuencias del decreto de reforma judicial en la esfera jurídica de quienes forman parte de esta asociación.
Resaltó que este avance refleja el compromiso y la dedicación de la Asociación en la defensa de la autonomía judicial y en la protección de los derechos de todos sus integrantes. Para finalizar, indicó que seguirán trabajando por un Poder Judicial fuerte, independiente y respetado.
Ministros piden que el Ejecutivo y Legislativo actúen con prudencia
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos-Farjat
llamaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión a actuar con prudencia y reflexionar sobre los alcances de las reformas judicial y de impugnabilidad a la Carta Magna, para evitar una crisis constitucional de mayor impacto al país.
González Alcántara dijo que su proyecto propone una solución política-jurídica para superar las diferencias que ha dejado entre los Poderes del Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, y la incertidumbre que permea entre la sociedad, empresarios y comunidad internacional.
“Yo creo que la Presidenta tendrá que reflexionar; tiene estos días para hacerlo. Estos días que son tan importantes para el pueblo de México, de cuáles son las consecuencias y buscar un escenario alternativo”, afirmó.
En entrevista con Azucena Uresti en Fórmula Noticias, comentó que en caso de que el proyecto no sea acatado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el país se sometería a una crisis mayúscula que tendría implicaciones en las relaciones internacionales, económicas y comerciales de México y que los mexicanos terminarían pagando.
Será el martes 5 de noviembre cuando el Pleno de la Suprema Corte analice el proyecto del ministro González Alcántara y determine si declara inconstitucional, de manera parcial, la reforma al Poder Judicial que ordena, entre otras cosas, la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros.
Por su parte, la ministra Margarita Ríos-Farjat señaló que esa sesión podría ser un llamado a la civilidad y la institucionalidad, donde debe haber una reflexión de los tres Poderes de la Unión, ya que el costo de la reforma puede resultar mayor. “Es una decisión que puede ser una llamada de civilidad, de institucionalidad, de reflexión, de las cosas de la vida pública que atañen a todos”, refirió en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Ríos-Farjat lamentó que su haber de retiro sea visto como algo indebido y defendió que está justificado y argumentado en la ley desde hace años.
“Se generan unas narrativas de ‘se van los funcionarios porque aspiran a este dinero’ y además la percepción de que el retiro, previsto por la ley, justificado en todos lados del mundo, pareciera que es indebido. A mí me preocupa porque cuando la opinión pública tiene una idea, se vuelve prácticamente realidad”, expuso. Reiteró que la reforma judicial genera falsas expectativas, como que se terminará con la corrupción en el sistema judicial o la mejora en la democratización, cuando la realidad es que se podrían abrir espacios para mayores corrupciones.
Respecto a la designación de Arturo Zaldívar y Javier Quijano como integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, Juan Luis González Alcántara Carrancá opinó que deberían renunciar al mismo, pues ponen en entredicho la credibilidad de la reforma judicial y el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros.
“Él (Zaldívar) es un hombre muy capaz y ha expresado muchas cuestiones relacionadas a este proceso, y es un hombre sabio, para él es más importante el que esta reforma siga adelante y que no se le cuestione a él sus filias y sus fobias”, manifestó.
González Alcántara Carrancá agregó que “ayuda más a la Presidenta declinando, y lo mismo Javier Quijano, con quien hay una relación muy estrecha en estos grupos”.
Ven estigma en el PJ. El reproche político hacia el Poder Judicial (PJ) ha estigmatizado a los servidores públicos, quienes han cumplido con el propósito de brindar un servicio de calidad, profesional e independiente, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez.
Al reunirse con investigadores y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, subrayó que, con su trabajo, al emitir cada uno de estos actos de justicia, las y los juzgadores no buscaron impulsar una política activa para atraer simpatías socialmente compartidas.
Jueces “rebeldes” dimiten en elección
Jueces y juezas que enfrentaron algunas decisiones del Gobierno federal y el Poder Legislativo, como la reforma judicial, además de tener en sus manos casos representativos como el de Emilio Lozoya, forman parte de los 333 que declinaron a participar en el proceso electoral extraordinario de junio de 2025.
En la lista difundida por el Senado de la República, tras la autorización del pleno para hacerlo, aparece el nombre del juez Gerardo Genaro Alarcón López, quien llevó a cabo el proceso penal del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso Agronitrogenados.
El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal del Reclusorio Norte fue exhibido en varias ocasiones por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por favorecer a Lozoya Austin al ordenar la suspensión del proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También se localizaron en la amplia lista de impartidores de justicia que renunciaron a sus cargos y declinaron a participar en la elección de personas juzgadoras, la jueza décimo novena de distrito con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, Nancy Juárez Salas.
La impartidora de justicia sobresalió en las últimas semanas por haber concedido una suspensión definitiva para que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, eliminara la reforma al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 15 de septiembre pasado.
Sheinbaum desestimó la sentencia dictada por la jueza Juárez Salas al decidir que no la acataría, ya que no estaba dentro de las facultades para hacerlo, luego de consultar al Poder Legislativo si era viable o no atender la resolución judicial.
El Congreso determinó que no procedía tal solicitud.Asimismo, aparece en la lista la jueza quinta de distrito de Morelos con residencia en Cuernavaca, Martha Eugenia Magaña López, quien concedió un amparo a un grupo de impartidores de justicia para evitar que se discutiera la reforma judicial en la Cámara de Diputados.
La jueza también fue exhibida en una “mañanera” por el entonces subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, por conceder la suspensión a sus colegas que impugnaron la enmienda judicial.
El mismo caso del juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Felipe Consuelo Soto, quien también concedió una suspensión de oficio a otros juzgadores, el 30 de agosto de este año.
Los efectos de la suspensión serían para que el Congreso de la Unión se abstuviera de enviar el dictamen a las legislaturas de los estados y la Ciudad de México, hasta en tanto no se resuelva sobre la suspensión definitiva del amparo.
Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) y jueza adscrita al décimo primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de la Ciudad de México, presentó al Senado su renuncia a participar en el proceso electoral del año próximo.
