En los casi dos meses de la actual LXVI Legislatura del Congreso de la Unión se han realizado diez reformas constitucionales y legales en un tiempo récord, entre ellas la relacionada con el Poder Judicial, que acumula también una marca de 522 impugnaciones promovidas en contra del decreto de la enmienda y el proceso de discusión y aprobación.
De acuerdo con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, se presentaron 378 amparos contra el decreto de la reforma judicial que publicó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial, el 15 de septiembre, y 138 para impugnar el proceso legislativo realizado por la mayoría de Morena y sus aliados PT y PVEM, para un total de 516.
Hasta el momento se han otorgado 258 suspensiones provisionales en contra del decreto, y 13 de carácter definitivo, en tanto que el Poder Judicial concedió 89 suspensiones provisionales y siete definitivas en contra de la discusión y aprobación del dictamen que establece, entre otros puntos, la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular.
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Es un récord; en 28 días que lleva este Gobierno se han sacado 10 reformas. Si bien ha habido cambios importantes, ha habido las más nocivas, como la judicial, la de la GN, la de la supremacía constitucionalSebastián Godínez Rivera, Politólogo de la UNAM
Tras una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), han sido desechados un total de 88 amparos en los distintos juzgados de Distrito.
Aunado a lo anterior, se encuentran radicadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional promovida por el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diputados del Congreso de Zacatecas y el partido Unidad Democrática de Coahuila, estas dos últimas desechadas por el ministro instructor, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En entrevista con La Razón, el politólogo Sebastián Godínez Rivera dijo que el Congreso mexicano tiene “legislativitis”, que es sacar cualquier cosa en aras de justificar una supuesta productividad.
“En el caso particular de México, no habíamos visto, por lo menos en la época democrática, entiéndase 1997-2018, que un presidente dejara a su sucesor un paquete de reformas para cumplir, con las cuales debe modificar y llevar a cabo porque ese fue su programa de gobierno.
No ha habido una sola reforma constitucional que se haya hecho en fast track. Todas han tenido el acuerdo de la Jucopo, y por supuesto, la participación de los grupos parlamentarios en el debateArturo Ávila, Vocero de Morena en la Cámara de Diputados
“Sí es un récord; en 28 días que lleva este Gobierno se han sacado diez reformas. Si bien ha habido algunos cambios que son importantes, como en la materia de pueblos indígenas, elevar los programas sociales a rango constitucional, no obstante, también ha habido las más nocivas, como la judicial, la de la Guardia Nacional, la de la supremacía constitucional”, afirmó.
Explicó que otro de los elementos que han sido cuestionables es la propia reforma judicial, la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular en aras de democratizarlo.
“Hay que hacer hincapié: el Poder Judicial no tiene por qué ser democrático”, apuntó el especialista de la UNAM.
Refirió que varios académicos han mencionado que la reforma judicial pretende “dinamitar los poderes, romper con el Estado de derecho, con los equilibrios, con los pesos y contrapesos, en aras de someter a un poder que a lo largo de los seis años de López Obrador fue de incomodidad para la 4T”.
Todo titular del Ejecutivo suele presentar una gran cantidad de iniciativas en el primer año porque es natural, es el producto de la campaña que hicieron y las propuestas que han efectuadoEduardo Andrade Sánchez, Abogado constitucionalista
Las otras reformas constitucionales aprobadas por diputados y senadores son: la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos; elevar a rango constitucional los salarios mínimos; en materia de vías de transporte ferroviario y de áreas y empresas estratégicas.
Este jueves se realizó también reforma denominada “supremacía constitucional” que pone candados de inimpugnabilidad a la Carta Magna, mediante acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o juicios de amparo.
Además, se llevaron a cabo modificaciones legales a diversas disposiciones de las leyes generales del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, a la Ley Federal del Trabajo, para establecer el 1 de octubre de cada seis años como día de descanso obligatorio con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
En la anterior legislatura (LXV) a la fecha se habían aprobado ocho reformas legales a las leyes del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; General de Bienes Nacionales y Enajenación de Bienes del Sector Público.
De igual manera, se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como cambios a las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de Salud, de la Armada de México y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que “no ha habido una sola reforma constitucional que se haya presentado hasta este momento que se haya hecho en fast track. Todas han tenido el acuerdo de la Jucopo, y por supuesto, la participación de los grupos parlamentarios en el debate en el Congreso”.
Mientras, el constitucionalista Eduardo Andrade Sánchez dijo a este diario que “son normales” este tipo de reformas en el primer año de Gobierno con una nueva legislatura.
“Digamos que es normal, en este caso, de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) que sacan adelante las propuestas que hicieron durante la campaña. Todo titular del Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, suele presentar una gran cantidad de iniciativas en el primer año porque es natural, es el producto de la campaña que hicieron y las propuestas que han efectuado”, detalló el litigante.
El abogado consideró que ante la postura de la oposición de impugnar, vía acción de inconstitucionalidad, la reciente reforma judicial, leyes secundarias y el proceso legislativo, sólo es una actitud política que no va a prosperar porque desde 1854 ya se establecía la “supremacía constitucional”.
Según las estadísticas de la Cámara de Diputados, 17 de los 136 artículos de la Constitución no han sido reformados en su historia; sin embargo, el articulado que más ha sufrido cambios, con 86 reformas, es el 73 de la Carta Magna, relativo a las facultades del Congreso para admitir nuevos estados a la Unión Federal.
Mientras que el segundo artículo más reformado es el 123 constitucional, con 29 cambios, relativo a los derechos de los mexicanos al trabajo digno y socialmente útil; generación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
En los últimos 30 años, los presidentes que más promovieron reformas constitucionales y legales fueron, en primer lugar, Enrique Peña Nieto, del PRI, con 156 artículos modificados, seguido del panista Felipe Calderón Hinojosa, con 110 artículos.
En tercer sitio se ubica Andrés Manuel López Obrador, con 96 cambios a la Carta Magna y sus leyes; el priista Ernesto Zedillo, con 78; Carlos Salinas, 55, y después, Vicente Fox, del PAN, con 31 artículos.
PAN y ONG critican “supremacía”
La bancada del PAN en el Senado aseguró que a pesar de la aprobación de la llamada “supremacía constitucional”, de ninguna manera anula las impugnaciones a la reforma judicial, pues ninguna ley debe tener efecto retroactivo.
Los legisladores subrayaron que la Suprema Corte está en proceso de estudio de las reformas constitucionales aprobadas recientemente por “la mayoría ficticia de Morena y sus aliados.
“Por lo tanto, la llamada ‘supremacía constitucional’, que más bien es la pretensión de ejercer una hegemonía por parte de Morena, de ninguna manera anula las impugnaciones a la reforma al Poder Judicial, ya que ninguna ley debe tener efecto retroactivo”, dijo en un comunicado.
Por separado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó en redes sociales su preocupación por la publicación en el Diario Oficial de la supremacía constitucional que elimina la posibilidad de impugnar las cambios constitucionales, lo que representa un golpe a la democracia y un retroceso a la defensa de los derechos humanos.
