Recientes señalamientos por supuestos fraudes de personas o empresas que habrían atraído a inversionistas con la promesa de retornos anuales de hasta un 20 por ciento en viviendas de bajo costo, evidenciarían un vacío en la regulación de negocios inmobiliarios. Un caso que suena estos días en espacios especializados es el de Perla Machaen, señalada como accionista principal de ABC Capital, y a quien acusan de presuntamente convencer a clientes de la seguridad de invertir en propiedades ubicadas en Filadelfia y Baltimore. Mediante nombres como ABC Capital y The Pearl Group, parecía, dicen, una opción sólida, aunque detrás de dichos ofrecimientos podría estar escondida una estructura que provocó pérdidas a inversionistas. Según las denuncias, Machaen habría cobrado comisiones por servicios como administración y seguros que presuntamente no existieron y de recibir dinero por remodelaciones y gestorías no concretadas convenientemente. ¿Urgen mayores barreras regulatorias que protejan al inversionista? Pendientes.
