La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) posponga la resolución que prevé tomar hoy respecto a invalidar parcialmente la elección judicial, contra lo cual aseguró contar con un plan para cualquier escenario que se presente.
“Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan, que no pone en riesgo nada. Tenemos por supuesto un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra… Vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma nosotros estamos preparados, para una o para otra”, sostuvo.
La jefa del Ejecutivo federal recordó que la semana pasada se publicó el decreto de la reforma para que las reformas constitucionales no sean objeto de suspensiones y efectos de amparos, por lo que acusó a los ministros de la Corte de ser quienes incurren en faltas contra la Carta Magna.
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Señaló que el alto tribunal no debió admitir a trámite el amparo presentado por los partidos políticos, los cuales, dijo, no están facultados para proceder en esta materia; a esto, sumó el reclamo por intentar tirar el plan judicial, a pesar de que la Constitución ya dice que no se le puede modificar desde las acciones judiciales.
“Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del Constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones… ¿Quién está provocando un problema constitucional? Ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte”, comentó.
¿Quién está provocando un problema constitucional? Ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La CorteClaudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México
Además, criticó también que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá haya supuesto que llegarían a una negociación con el Gobierno respecto al tema, pues al ser el autor del proyecto que busca invalidar parcialmente la elección de jueces, ministros y magistrados, es quien pone en duda a la reforma.
“En su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI (en diciembre pasado), ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que es la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Vamos a ver qué dicen los ocho (ministros de la Corte con posturas distantes a la 4T)”, dijo.
Asimismo, la mandataria insistió en exhortar a los ministros a recordar sus clases de derecho y demás formación académica a la hora de votar.
“No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial”, dijo.
En este tenor, criticó las declaraciones que este fin de semana hizo el expresidente Ernesto Zedillo, quien publicó un artículo en The Washington Post en el que la acusó de provocar una “crisis constitucional” por dar continuidad a la elección judicial, y cuestionó por qué publicó este artículo en un diario estadounidense y no en uno nacional.
“Escribe en un periódico de Estados Unidos, cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo. Solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año.”, dijo.
En su conferencia de prensa matutina, la mandataria adelantó la sección semanal del “Detector de mentiras”, donde Miguel Ángel Elorza, director del fragmento, presentó diversas notas a las cuales criticó por replicar el discurso del expresidente.
“Elección de jueces en 2025 es irreductible”
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que, resuelva lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este martes, ante la discusión para invalidar la reforma al Poder Judicial, para la Cuarta Transformación es “irreductible” que en el 2025 haya elección de jueces, magistrados y ministros. “No nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras”, advirtió.
En conferencia, el morenista aseguró que ninguno de los ministros que forman parte de lo que definió como del bloque encabezado por Norma Piña, presidenta de la Corte, tiene facultades “para decidir qué artículo de la Constitución les gusta y qué artículo de la Constitución no les gusta. Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad.
“Para nosotros, permitir que ocho personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación”.
Afirmó que, pase lo que pase este martes, “ni especular, que pase lo que quiera. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras; este país ya abrió camino”.
Además, cuestionó: “¿De qué servirían las elecciones, si ocho tipos van a decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer? Eso no es aceptable de ninguna manera, porque además, no está en el marco constitucional”.
Este martes, la SCJN, en una sesión pública del pleno, discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Dicho proyecto se ocupará de analizar la procedencia y, en su caso, la constitucionalidad y la convencionalidad de la reforma en materia judicial concretadas en la Carta Magna y plantea suprimir la elección de jueces y magistrados locales y federales; sin embargo, respeta el voto popular para elegir ministros y magistrados del Tribunal Electoral.
Ayer, Fernández Noroña enfiló en contra de los ocho ministros que renunciaron a su encargo y declinaron a participar en el proceso electoral.
El presidente del Senado retó a “todos los juristas de la humanidad, no sólo del país, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución; eso sólo lo puede hacer el Legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial”.
Piden diputados a Corte sobreseer los recursos
La Cámara de Diputados dirigió un escrito a la Suprema Corte en el que solicita el “sobreseimiento de las demandas”; es decir, que se desechen sin examinar los temas relacionados con la reforma judicial y que fueron planteados por distintos partidos políticos.
La petición parte de la reforma Constitucional publicada el jueves pasado, en la que se establece, que “son improcedentes las controversias constitucionales que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna”.
Fuentes judiciales informaron de manera informal que el posible desechamiento de las acciones por esta reforma, será el primer tema para discutir por el Pleno, y que probablemente algunos ministros y ministras podrían considerar que no es aplicable
Para rechazar el sobreseimiento solicitado por la Cámara de Diputados, basta el voto de seis de los 11 integrantes de la Corte, que tendrán que discutir los argumentos de improcedencia planteados por los otros Poderes.
Los expertos afirman que esta discusión será de trascendencia histórica, pues la Corte nunca ha resuelto una acción o controversia en la que lo impugnado es una reforma a la Constitución.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara se sostiene en 45 páginas que afirman que estas reformas sí pueden ser revisadas, y en su caso, anuladas por ocho miembros de la Corte, porque el Poder Reformador de la Constitución no es omnipotente, sino que es un órgano constituido por la propia Carta Magna, y por tanto, no puede erosionar o eliminar sus principios fundamentales.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que envió una promoción a la Corte, para desechar cinco acciones de inconstitucionalidad sobre la reforma de supremacía constitucional: “Reiteramos lo que ya sabemos, que es derecho positivo, que está vigente esta reforma y que, por lo tanto, la consecuencia es que sobresean todos los juicios”.
TEPJF se niega a opinar sobre la reforma al Poder Judicial
Con tres votos en contra y dos a favor, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que este órgano jurisdiccional no puede opinar sobre la inconstitucionalidad de la reforma judicial, ante la solicitud realizada por el ministro Juan Luis González Alcántara.
En un escrito enviado por González Alcántara Carrancá a los miembros del TEPJF, cuestionó sobre posibles vicios en el procedimiento de reforma constitucional y consulta previa; violaciones al artículo 105 de la Carta Magna, así como a la división de poderes y al pacto federal; transgresión al principio de acceso a la jurisdicción y vulneración a la independencia judicial.
Otros puntos que puso a consulta de los magistrados electorales fueron: incorporación de la figura de los jueces con resguardo de identidad (jueces sin rostro) en materia penal y violaciones a las suspensiones ordenadas por los tribunales en materia de amparo y al derecho del trabajo del personal del PJ.
El ministro Juan Luis González Alcántara preguntó sobre la antinomia por elección de la presidencia de la Suprema Corte; violaciones en materia de gasto público; vulneración al principio de progresividad e inconvencionalidad de la reforma impugnada, y eliminación de la suspensión como medida cautelar del juicio de amparo.
Los magistrados opinaron que la materia de la consulta no versa sobre una ley general, federal o local con posible contenido electoral, sino de una reforma y normas constitucionales. Por ello, la Sala Superior consideró que la emisión de la opinión respectiva constituye un ejercicio sui generis; sin embargo, en atención a la solicitud formulada por el ministro, apuntó que no puede hacer opinión en derecho constitucional.
Sin un análisis a fondo, la respuesta del Tribunal Electoral fue: “Esta autoridad jurisdiccional considera que no procede emitir opinión especializada sobre el tema en análisis, puesto que los planteamientos respectivos están directamente relacionados con reformas y normas constitucionales.
“Esto es, por una parte, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la elección democrática de las personas titulares de los órganos de impartición de justicia del Poder Judicial y, por otra, la prohibición establecida en el artículo 105 del citado máximo ordenamiento”, establece la respuesta aprobada en privado.
Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez consideraron que el Tribunal Electoral sí podía opinar sobre la consulta del ministro Carrancá, pero la mayoría del bloque conformado por Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera votó en contra.
Estos últimos tres, ligados al movimiento de la Cuarta Transformación, argumentaron que “un criterio reiterado” de la Sala Superior ha sido que lo relacionado con posibles violaciones o irregularidades del proceso legislativo escapa del ámbito de competencia especializada en materia electoral. Por ende, agregaron, la solicitud del ministro “no es objeto de opinión o posicionamiento”.
El pleno de la SCJN discutirá este martes el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, donde propone invalidar parcialmente la reforma judicial aprobada en septiembre pasado y decretada el 15 de septiembre.
Magistrados: La Suprema Corte no busca legislar
Magistrados advirtieron que aun cuando la reforma al Poder Judicial (PJ) ya se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), está pendiente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda o no invalidar la enmienda constitucional.
En la “contramañanera” judicial, la magistrada Edna Lorena Hernández aseguró que la Suprema Corte no está legislando, solamente decidirá si es o no constitucional la reforma al poder judicial.
Expuso que la Corte es el “máximo intérprete” de la Constitución y, por lo tanto, debe revisarla, así como validar las reformas que se le realizan.
“En realidad, la Corte está defendiendo al pueblo de México contra el legislador, que quiere privar al pueblo de sus derechos”, comentó.
Añadió que si la Corte la declara inválida la reforma judicial, “esto no significa que va a definir cómo va a quedar la reforma, sino que será el legislador quien deberá determinar conforme a lo que considere, de acuerdo con lo que el constituyente originario establece”.
Aclaró que los ocho ministros de la Suprema Corte no están contra el pueblo, como se ha aseverado: “son ocho ministros defendiendo al pueblo contra los actos de legisladores que quieren privar sus derechos, de nuestros derechos básicos, como todo ciudadano”.
Señaló que entre los derechos que la mayoría de los togados en el máximo tribunal del país buscan defender, está “el derecho a ser juzgado por jueces ya establecidos con capacitación, con carrera judicial, con una trayectoria de experiencia para el conocimiento y resolución de los asuntos”, comentó.
Asimismo, puntualizó que “la Presidenta Claudia Sheinbaum también dijo que con el proyecto que mañana se votará, la Corte quiere legislar. No, la Corte no quiere legislar, sólo decidirá si lo legislado es o no constitucional. La Corte no va a decir cómo va a quedar la reforma si es que la vuelven a votar, si la invalida queda vigente tal y como estaba en el Constituyente”.
Pese a críticas, INE avala solicitar 13 mil mdp para elección judicial
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su anteproyecto presupuestal que supera los 33 mil millones de pesos, de los cuales poco más de 13 mil millones están perfilados para la elección de jueces, ministros y magistrados en el 2025.
Luego de haber entrado en debate por diferir sobre si se podía o no siquiera discutir el presupuesto para la elección, ante el temor de ser sujetos a sanciones por desacato judicial, los consejeros regresaron de un receso de dos horas bajo un acuerdo para fijar en su presupuesto el monto que necesitarán en caso de que los comicios judiciales sí se lleven a cabo.
Consejeros como la presidenta Guadalupe Taddei, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Dania Ravel coincidieron en apuntar que el INE se encuentra en medio de dos instrucciones: cumplir con sus obligaciones hacendarias, de enviar a la Federación el presupuesto que solicitará para el 2025 a más tardar hoy, y también las judiciales, que mediante suspensiones le han ordenado detener los preparativos.
No obstante, subrayaron que esta decisión de aprobar el proyecto presupuestal no constituye una falta o desacato, pues todos los preparativos para dichos comicios se detuvieron ante la primera instrucción que se les notificó y pedir presupuesto no es más que una acción preventiva que está dentro de sus obligaciones.
Humphrey Jordan recordó que hay antecedentes constitucionales en los que se indica que las autoridades tienen la obligación de prever adecuadamente los proyectos, por lo que subrayó que el INE tiene la obligación de contar con un monto precautorio para el proceso comentado.
Hizo hincapié en que aún falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los amparos que le presentaron en contra de la reforma judicial, y cuya determinación también ayudará a clarificar el presupuesto que se requiere.
El consejero Jaime Rivera dijo que el INE no tiene otra opción, pues lo ideal a estas alturas es que la SCJN ya hubiera emitido una resolución para tener certidumbre sobre las decisiones que a tomar.
“Admito que es ineludible aprobar este proyecto de acuerdo, ya que la Suprema Corte de Justicia desde 2020 ha ordenado que el Consejo General debe prever un presupuesto precautorio para procesos de realización incierta. Por lo demás, la Secretaría de Hacienda ha fijado como fecha límite para presentar proyectos de presupuesto el 5 de noviembre, o sea, mañana. En otras palabras, no tenemos alternativa, a pesar de que se trate de un proceso sin precedentes y todavía ensombrecido por incertidumbre jurídica”, dijo.
Así, Taddei Zavala hizo hincapié en que el Consejo General tiene responsabilidades jurídicas ante las cuales no puede dejar al INE en un estado de indefensión en caso de que la elección sí se lleve a cabo.
Además, dijo que, contrario a otros procesos electorales que ha conducido este órgano, el relativo a jueces es inédito y no tiene bases ni referencias sobre los cuales se puedan tomar decisiones, pues, para comenzar, no se cuenta con el mapa que dividirá las secciones para votar.
El Consejo aprobó un anteproyecto de presupuesto por 15 mil 295 millones 882 mil pesos, a los que se suman cuatro mil 620 millones 764 mil de monto precautorio por si se solicita una consulta popular, 13 mil 205 millones 143 mil de la elección judicial, que dan como suma 33 mil 121 millones 790 mil pesos y a los que habrán de añadirse los siete mil 354 millones 266 mil para partidos políticos.
Presidenta insiste en pedir ajuste del monto
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en su llamado para que el Instituto Nacional Electoral (INE) reduzca el presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos que proyectó para la elección de jueces, ministros y magistrados, pues dijo no estar de acuerdo.
La mandataria federal advirtió que si el monto proyectado no baja, entonces su gobierno enviará “un escrito”, sobre el cual no dio más detalles.
“No estoy de acuerdo, de hecho vamos, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no pues vamos a enviar un escrito”, dijo.
Cuestionó que la Junta Ejecutiva del Instituto aprobó una bolsa de 13 mil 205 millones, cuando semanas atrás se llegó a hablar de siete mil millones de presupuesto para tal elección.
La mandataria aseguró que estos comicios pueden ser llevados a cabo con menos recursos, pues además ese proceso electivo no involucrará a los partidos políticos a los que, por lo tanto, no se les deberán asignar recursos para campañas ni alguna otra acción relativa al tema.
“No entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7 mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante, no hay financiamiento a partidos políticos como en el caso de las elecciones, que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Entonces creemos que se puede hacer con menos recursos”, sostuvo.
Este no es el primer llamado que la mandataria hace al órgano electoral en el mismo sentido, pues el 31 de octubre adelantó su rechazo a los 13 mil millones de pesos.
Al arranque de su gobierno, la Presidenta de la República anunció que, entre sus 100 puntos de gobierno, formulará una iniciativa para eliminar las figuras plurinominales en la designación del Congreso y para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos.
Juez multa a consejeros
Un juez federal impuso una multa de 54 mil 285 pesos a cada uno de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, por desacatar una suspensión provisional que el 24 de septiembre les prohibió seguir adelante con los preparativos para la elección judicial del 2025.
Francisco García Contreras, juez segundo de Distrito en Colima, hizo efectiva su advertencia del 4 de octubre, cuando instó al árbitro electoral a cumplir su orden de no emitir los acuerdos necesarios para implementar la elección judicial.
Dijo que el secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Colima, en representación del instituto, notificó que dicha autoridad no puede suspender el proceso.
“Se hace efectivo el apercibimiento al Consejo General del INE, por lo que se le impone a cada uno de sus integrantes una multa de 54 mil 285 pesos, prevista en la fracción III del numeral 262 de la Ley de Amparo, con la que se conminó”, detalló.
Además, se facultó al funcionario, en caso de que la oficina encargada de recibir el oficio girado a la autoridad responsable se niegue a recibirlo de conformidad con la Ley de Amparo, les haga saber que se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de eso subsiste en negarse, se asentará y se tendrá por hecha.
Examen o entrevista, filtros para los aspirantes a jueces
Mediante entrevistas públicas o virtuales, exámenes de conocimientos y la aplicación de puntajes de 0 a 100 serán elegidos los candidatos a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, quienes mediante “tómbola” serán insaculados para quedar en la lista final de los Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión.
En las convocatorias emitidas por el Legislativo y Judicial, a pocas horas de que venciera el plazo establecido en la Constitución, se indicó que el proceso inicia este 5 y concluye el 24 de noviembre próximo, y se establecieron las reglas y requisitos de quienes aspirarán a ocupar los 881 cargos que estarán en juego durante la elección extraordinaria de junio de 2025.
En el caso del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, luego de la fase de acreditación de elegibilidad donde los aspirantes hayan cumplido con todos los requisitos, vendrá una etapa de calificación de idoneidad que consta de dos partes: la primera se evaluará con un puntaje de 0 a 100, los méritos académicos (40 puntos); méritos de experiencia profesional (30); y honestidad y buena fama pública (30).
En la segunda etapa, accederán quienes obtengan, como mínimo, 80 puntos de los porcentajes señalados. Esta consiste en una entrevista, presencial o virtual, con al menos dos de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo.
Para el cargo de ministros o ministras, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de las salas Superiores y Regionales, deberán tener especialidad en derecho constitucional, amparo, derecho procesal civil y derechos humanos, además, en las materias específicas al cargo que se postulen como derecho administrativo y electoral.
Mientras que, para el cargo de magistradas y magistrados de Circuito, jueces y juezas de Distrito, los conocimientos deben ser en materia de derecho constitucional, amparo, derecho procesal civil, derechos humanos, derecho administrativo, procesal penal y civil.
“El CEPL integrará un listado de las 10 personas mejor evaluadas para el caso de ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o a las seis personas como mejor evaluadas para los cargos de magistradas y magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito y de Tribunales Colegiados de Apelación, juezas y jueces de Distrito; dicho listado será oportunamente publicado en los sitios web de ambas cámaras del Poder Legislativo Federal, a más tardar el 31 de enero de 2025”, agregó.
Respecto al Poder Judicial de la Federación, el Comité de Evaluación dio a conocer la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros, que establece un sistema de evaluación dividido en tres áreas: experiencia profesional, formación y actividad académicas, asignando un puntaje máximo acumulable de 10 puntos en cada rubro; además de exámenes de conocimientos y entrevistas públicas.
A más tardar el 6 de diciembre, el Comité de Evaluación concluirá la revisión del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, para ello, tendrá la facultad de verificar en todo momento la información y en caso de advertir alguna omisión o irregularidad, el aspirante será descalificado.
Para los cargos de ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el proceso incluye una entrevista pública, que se llevará a cabo del 15 al 23 de enero de 2025, para evaluar a través de preguntas directas, las aptitudes éticas, el compromiso con los derechos humanos y la capacidad de los aspirantes para aplicar el derecho con perspectiva de género y sensibilidad social.
El proceso de evaluación para los aspirantes del Poder Judicial considera la actividad profesional mediante un puntaje acumulable, según su experiencia en el sector público, privado o judicial.
Los puntos se asignarán en función de los años de servicio y la responsabilidad del cargo; así, un oficial judicial puede obtener de uno a dos puntos, mientras que un titular de órgano jurisdiccional alcanza entre cuatro y ocho puntos.
En el ámbito privado, se otorgan de dos a 10 puntos a quienes acrediten desde dos hasta más de 30 años de experiencia en litigio judicial, asesoría o medios alternos de solución de controversias.
Para la formación académica, el puntaje máximo es de 10 puntos, distribuidos entre doctorados (cinco puntos), maestrías (tres puntos), especialidades (dos puntos) y diplomados (un punto cada uno, hasta un máximo de cinco).
El Comité del Poder Judicial aplicará un examen escrito de conocimientos a todos los aspirantes del 13 al 17 de enero de 2025, dependiendo del cargo al que se postulen, con temas de derecho constitucional, jurisprudencia y legislación federal, además que busca medir la capacidad de los aspirantes para resolver problemas jurídicos complejos, con un enfoque en interpretación y argumentación jurídica.
Adicionalmente, las personas aspirantes deberán informar, bajo protesta de decir verdad, sobre las relaciones familiares por afinidad y consanguinidad hasta el cuarto grado y por parentesco civil que tengan con servidoras y servidores públicos del Poder Judicial Federal.
A menos de 15 minutos de que venciera el plazo, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo dio a conocer la convocatoria para los aspirantes a personas juzgadoras, las cuales serán evaluadas por su probidad y honestidad; antecedentes personales; historial académico; experiencia profesional y curricular; y, el ensayo presentado.
Para tener mayores y mejores elementos de resolución, se acordará con las personas una entrevista pública en la que, mediante exposiciones orales, verificará sus conocimientos y aptitudes para ocupar el cargo en cuestión. Las entrevistas podrán realizarse por el pleno, comisiones o integrantes del Comité, de manera conjunta o indistinta.
El Comité de Evaluación del Ejecutivo depurará los listados con las personas mejor evaluadas mediante insaculación pública para ajustarlos al número de postulaciones para cada cargo, observando la paridad de género.
Sentencias del PJF se incrementan 23%: Inegi
Durante el 2023, el Poder Judicial de la Federación emitió un millón 205 mil 154 sentencias, lo que representó un aumento de 23 por ciento comparado con el 2022; los poderes judiciales estatales, 775 mil 819; se registraron 332 mil 306 personas procesadas o imputadas en las causas penales ingresadas durante el año pasado, es decir, un incremento de 4.3 por ciento en el mismo periodo.
Al presentar los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que, de la totalidad de personas procesadas, 252 mil 188, fueron hombres, 75.9 por ciento, y 37 mil 650 mujeres, 11.3 por ciento.
De las sentencias emitidas por el Poder Judicial, 99.1 por ciento corresponden al Consejo de la Judicatura Federal (CJF); 0.7 por ciento, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 0.2 por ciento, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con relación a 2022, la cantidad de personas vinculadas a proceso aumentó 10.5 por ciento.
A nivel nacional se reportaron 140 mil 584 personas procesadas o imputadas (24 mil 81 en el Consejo de la Judicatura Federal) y 116 mil 503 en los Poderes Judiciales estatales (PJE), para quienes se determinó alguna resolución sobre la vinculación a proceso en el Sistema Penal Acusatorio y en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Del total, 81.6 por ciento fue vinculada a proceso, 6.6 por ciento no fue vinculada y en 11.8 por ciento de los casos no se identificó el tipo de determinación. Con respecto a 2022, la cantidad de personas vinculadas a proceso aumentó 10.5 por ciento.
En 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contó con 852 personas magistradas y 757 personas juzgadoras.
El año pasado, el Poder Judicial de la Federación y el Estatal ejercieron un presupuesto de 127 mil 486.9 millones de pesos corrientes; de éste, los Poderes Judiciales estatales que ejercieron la mayor cantidad de recursos fueron Ciudad de México, con 16 por ciento y Estado de México con 11.5 por ciento.
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FGR
