El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó el presupuesto de egresos para el 2025, donde solicitará un presupuesto de 75 mil 142.8 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 4.9 por ciento en términos reales al 2024. El Consejo señala que están previstos los recursos para garantizar el respeto a los derechos laborales, luego de la reciente reforma judicial.
A través de un comunicado el CJF dio a conocer que el pasado 30 de octubre, el pleno del Consejo aprobó por mayoría el proyecto para el 2025, el cual fue remitido al Ejecutivo Federal el pasado 5 de noviembre.
Señala que el monto solicitado considera la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cierre del presente año, además de que en los últimos 5 años se ha ejercido, en promedio, “el 99 por ciento de los presupuestos que le ha aprobado la Cámara de Diputados”.
Avanza reforma en materia de seguridad
Para el 2025, señala el comunicado, se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados para el rubro de servicios personales, “pues el capital humano es el factor clave de la impartición de justicia, y por ello, del total de 50 mil 81 plazas vigentes, casi 9 de 10 (87 por ciento) corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional”.
Además, asegura que están previstos los recursos necesarios para “cubrir las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Consejo”, las cuales están previstas en la reciente reforma judicial que estableció respetar los derechos laborales de los trabajadores vigentes al momento de su entrada en vigor.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura consideró la existencia de diversas suspensiones derivadas de los juicios de amparo promovidos contra la reciente reforma judicial y, entre otras acciones, “ordenan al Consejo abstenerse de realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en las remuneraciones de las personas servidoras públicas, estableciendo que deberán mantenerse conforme a los montos actuales”.
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