El Congreso de la Unión debe pausar la discusión y votación de la reforma presidencial que extingue siete órganos autónomos pues, al menos en lo relativo a transparencia, el proyecto tiene “lagunas” y, en los términos en que se encuentra, representa un retroceso, señaló el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá.
“De pasar como está ahorita el dictamen, por supuesto que habría una regresión, porque entonces (el Gobierno) sería juez y parte… Sería como que quien te va a responder va a ser el mismo que te va a revisar y hay altas tentaciones de que confirme la respuesta, o sea parcial, o que no corrija su respuesta, que es lo que nosotros hacemos, independientemente de quién sea el sujeto obligado”, dijo a La Razón.
Este miércoles se inició el trámite legislativo de este proyecto dentro de la Cámara de Diputados, donde se prevé votar a mitad de la próxima semana. Entre sus objetivos está desaparecer al Inai y trasladar sus funciones a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
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De pasar como está ahorita el dictamen, por supuesto que habría una regresión, porque entonces (el Gobierno) sería juez y parte… Sería como que quien te va a responder va a ser el mismo que te va a revisarAdrián Alcalá, Comisionado presidente del Inai
Por ello, Alcalá Méndez instó a los legisladores a detenerse y analizar el impacto de la decisión que tomarán, y que se aseguren de que la nueva estructura de transparencia sea verdaderamente autónoma y garantice la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
“Habrá que hacer una pausa para resolver sobre todas las implicaciones, o más bien analizar todas las implicaciones que tendría la desaparición del instituto… Lo digo respetuoso para poder encontrar el mejor modelo que le sirva al Estado mexicano. No somos ajenos al momento político que vemos, por supuesto, de la austeridad, que encabeza el Gobierno de la Presidenta, y por eso hemos puesto en la mesa nosotros una reorganización administrativa como un piso a partir del cual podamos dialogar”, comentó.
Entre las “lagunas” que ve en el actual dictamen está que no se encuentra algún apartado que hable sobre lo que hoy se conoce como la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual se solicita información a dependencias, partidos y funcionarios públicos.
Afirmó que hay apertura para mantener el diálogo con el Gobierno federal, pues dijo que no se “dará por vencido” hasta que se asegure que, si habrá un nuevo órgano, entonces éste cuente con los antecedentes suficientes para continuar la labor.
Desde su punto de vista, el anuncio que recientemente hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum, relativo a contar con un área técnica independiente en la secretaría a la que se trasladarán las funciones, fue un indicio positivo.
Ante la inminente puesta en marcha de los trabajos legislativos, el comisionado dijo que el órgano que hoy dirige ha emprendido tareas para respaldar los miles de documentos que derivaron del ejercicio del derecho a la transparencia por parte de la ciudadanía; es decir, las solicitudes de información y respuestas que se dieron a las mismas.
Explicó que, en caso de que no haya vuelta de hoja al plan, se esperaría una transición ordenada en la que también se entregue la información que durante estos años se ha transparentado.
“Seguiremos insistiendo hasta el final, hasta que se tome una decisión de la importancia y necesidad para la rendición de cuentas, para la consolidación de la democracia, para la consolidación de los derechos humanos, y la importancia y la ductilidad social que tienen que existir, y que siga prevaleciendo este órgano constitucionalmente autónomo, con las propuestas que hemos hecho públicamente, concretamente a la Secretaría de Gobernación… Somos responsables, somos mujeres y hombres de Estado”, dijo.
