La reforma constitucional que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la facultad de investigación de delitos y la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, que le concede la identificación como una supersecretaría, avanzó ayer en comisiones del Senado.
Tras el reconocimiento de que hay que “parar el horror” que está viviendo México por la violencia, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera del Senado aprobaron por unanimidad la iniciativa de reforma.
Luego de tres horas y media de discusión, los senadores de todos los partidos avalaron la propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión para modificar el artículo 21 de la Carta Magna, con el fin de dotar de “superpoderes” a la SSPC y robustecer el combate a la delincuencia organizada.
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La iniciativa establece que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional (GN) y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función”.
Hay mucho reclamo en materia de seguridad hacia el pasado, de uno y de otros lados, cuando hoy lo que tenemos que evitar es lo que anoche sucedió en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una masacreHiginio Martínez, Senador de Morena
La Secretaría de Seguridad formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas.
“Auxiliará a la Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional; le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley, y podrá coordinar acciones de los tres órdenes de Gobierno a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley”, señala la iniciativa.
Además, el proyecto incorpora la garantía del control y vigilancia efectiva de los fondos federales destinados a la seguridad pública.
En este sentido, todos los partidos expresaron su respaldo a la propuesta, que fue enviada a la Mesa Directiva del Senado para ser presentada al pleno, a la cual se le daría primera lectura este martes.
El senador de Morena Higinio Martínez reconoció que hay que parar el “horror” que está viviendo este país, porque lo que la ciudadanía quiere, dijo, es seguridad.
“Hay mucho reclamo en materia de seguridad hacia el pasado, de uno y de otros lados, cuando hoy lo que tenemos que evitar es lo que sucede, lo que anoche sucedió en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una masacre, a eso se le llama una masacre, una matanza de más cinco personas y más heridos o, la de la noche, si no me equivoco, en Querétaro.
“Eso es lo que hoy no debe haber ya, o lo que pasó en Guerrero: ¿quién habla ya de un presidente municipal, de una capital, de una entidad, que fue asesinado y decapitado? Eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que atajar, el horror que se está viviendo en este país”, admitió.
Enrique Vargas, vicecoordinador del PAN, dijo que cualquier reforma que sea en beneficio de México, Acción Nacional va a estar a favor.
“No podemos decir que los números han bajado. (…) La estrategia de abrazos y no balazos no funciona, (…) si no paramos la inseguridad, se nos va a seguir yendo por las próximas generaciones”, señaló.
Claudia Anaya, del PRI, anunció su voto a favor porque se fortalecen los cuerpos policiales civiles. “Somos unos convencidos del fortalecimiento de los cuerpos policiales civiles para combatir la inseguridad (…) También huelga decir: se los dijimos, cuando se aprobó la pasada reforma al artículo 21 constitucional advertimos que estaban dejando una secretaría prácticamente sin funciones”.
Fin de semana deja 251 homicidios
Un total de 251 homicidios dolosos se registraron este fin de semana en la República Mexicana; el domingo fue el días más violento, donde se registraron 93 casos, de acuerdo con el reporte de las 32 fiscalías estatales del país presentado durante la reunión del gabinete de seguridad.
En los primeros 10 días de noviembre se registró un acumulado de 746 asesinatos, con un promedio diario de 74.6, mientras que en todo octubre la cifra fue de dos mil 293, para un total de tres mil 39 homicidios en la presente administración.
El informe estableció que el viernes hubo 69 asesinatos; el sábado, 89; aunado a los 93 del domingo, en el que se incluyeron los 10 muertos en el bar Los Cantaritos en Querétaro. También se reportaron 10 homicidios en el Estado de México; ocho en Baja California; siete en Sinaloa, y, con seis cada uno, Nuevo León, Ciudad de México y Guanajuato.
El viernes hubo 14 asesinatos en Guanajuato y seis en Baja California y Edomex; en tanto, Guerrero y Sinaloa registraron cinco eventos cada uno; Ciudad de México, Colima, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz, tres por estado. Las autoridades señalaron que el sábado la cifra de homicidios dolosos tuvo su mayor incidencia en Guanajuato con 12, seguido del Estado de México y Puebla con seis.
Diputados hablan con Harfuch de plan de paz
“Él tiene confianza, como la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que se recuperará la paz, la tranquilidad y que dará resultado esa estrategia rediseñada, reforzada por el Gobierno de la Presidenta”, detalló Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, tras la reunión de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
A su salida, el funcionario prefirió no dar declaraciones; sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que fue un encuentro en donde no se ocultó nada, ni el secretario dejó de responder todos los requerimientos que se le hicieron.
“Fue un diálogo amable, agradable y respetuoso con el Poder Legislativo, en donde estuvieron todos los coordinadores y coordinadoras, y hablaron todos los que quisieron hacerlo en estas tres horas y media de diálogo constructivo con él.
“Fue una reunión amable, una reunión muy productiva diría yo, porque todos los grupos parlamentarios expresaron con libertad lo que quisieron y preguntaron, cuestionaron y fijaron posición”, dijo.
La coordinadora de la bancada del PAN, Noemí Luna, solicitó la presencia de García Harfuch ante el pleno de la Cámara, a fin de que explique a la nación su estrategia para devolver la paz al país.
“Debo reconocer dos cuestiones: La primera es que el secretario tiene mucha claridad en la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, eso implica —por supuesto— el fortalecimiento de policías civiles; y la segunda, que la reforma al Artículo 21 constitucional, lo que pretende es dotar de más facultades a la Seguridad Pública.
“Eso es algo en lo que nosotros siempre tuvimos razón, no le puedes dar toda la mano de la estrategia de seguridad a la Sedena y a la Guardia Nacional”, expuso.
Sin embargo, la legisladora señaló que hay estados como Sinaloa que “siguen siendo un polvorín, donde mediante los medios de comunicación nos hemos dado cuenta de la violación a los derechos humanos de ciudadanos de la propia Guardia Nacional”.
“Hay estados como Guerrero que siguen estando muy complicados. Zacatecas no ha mejorado pese a que la Presidenta de la República reconoció al gobernador y lo invitó a que ‘comparta’ la estrategia, cuando la realidad es que los zacatecanos seguimos viviendo con miedo. Querétaro, lamentablemente, y así pudiéramos ir estado por estado”, expuso la coordinadora albiazul.
Busca Brugada elevar prisión de 10 a 15 años para extorsionadores
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la estrategia contra la extorsión, la cual contempla modificar el Código Penal local, con la finalidad de aumentar el castigo máximo del delito de 10 hasta 15 años de prisión y una multa de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización.
En conferencia, la mandataria capitalina comentó que se busca sancionar la amenaza; además, adelantó que echará a andar campañas en contra de la extorsión, pláticas preventivas y talleres.
“Es un proyecto para reformar el Código Penal y tiene la finalidad de actualizar el tipo penal a la realidad actual, dejará de ser un delito que sólo atañe al patrimonio para contemplar el daño que causa en la integridad física o psicológica de las personas, se busca sancionar no sólo el propio delito de ejercer violencia física o moral, sino la amenaza también”, indicó.
Brugada Molina prometió que en el transcurso de esta semana enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para modificar el capítulo Vlll del artículo 148 Quárter del Código Penal local para aumentar la pena máxima de 10 a 15 años de prisión a quien cometa este ilícito.
La consejera jurídica de Servicios Legales, Eréndira Cruz Villegas, mencionó que habrá 14 modalidades para el delito de extorsión, entre ellas, la que se realice por una persona servidora o exservidora pública, así como miembros de empresas de seguridad privada, también, que se cometa utilizando como medio el teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.
Asimismo, se duplicará la sación en contra de quienes extorsionen a personas dedicadas al comercio, al transporte de personas o mercancías, o las personas que busquen beneficiarse por el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito, es decir, los montachoques.
“Se pretende cambiar de paradigma en una lógica de persecución delictiva, es decir, el tipo penal que hoy presentamos presenta tal cual un cambio radical de entender y afrontar la extorsión. Se cambia justamente al Título Primero, en el cual se establecen efectivamente delitos que afectan a la vida, a la integridad corporal, la dignidad y al acceso a una vida libre de violencias”, aclaró.
En julio pasado, La Razón publicó que al menos tres mil trabajadoras sexuales de la zona Centro y alrededores son víctimas del cobro de piso, principalmente por el crimen organizado, pero también por comerciantes del lugar.
La fundadora de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, Elvira Madrid, dijo que las zonas donde se comete este delito es en La Merced, Revolución, Circunvalación, San Pablo, Fray Servando, Eje 1 y en la periferia de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
“Tienen (los grupos delincuenciales y comerciantes) a muchas jovencitas, que ni siquiera son menores de edad y a las compañeras les cobran derecho de piso, somos pocas las que damos la batalla”, denunció la activusta.
La extorsión no sólo se da por teléfono o de manera presencial, también en el mundo virtual y de acuerdo con la Policía Cibernética, de la SSC, los reportes atendidos por extorsión incrementaron 413.6 por ciento entre 2019 y 2023 al pasar de mil 468 casos a siete mil 541.
Ayer, el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, expuso que la Fiscalía de Investigación del delito del secuestro, que es parte de la Coordinación de Delitos de Alto Impacto, cuenta con una agencia especializada para atender la extorsión, donde hasta el 31 de octubre se registraron 11 mil 514 carpetas de investigación.
En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, comentó que este delito afecta a ciudadanos, empresas y comercios. Detalló que si la extorsión es directa, los denunciantes se canalizarán con un equipo que hará una denuncia a profundidad para evaluar el riesgo, asimismo, se desplegarán medidas de protección y resguardo.
Detalló que algunas de las medidas de protección serán la implementación de Códigos Águila, revisiones de cámaras de seguridad, asesorías en manejo de crisis, instalación de botones de pánico, para el resguardo de los negocios.
Vázquez Camacho agregó que en 2024 los policías han asegurado alrededor de dos mil 50 dispositivos celulares en los Centros Penitenciarios de la ciudad.
El titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, indicó que a partir de este lunes la línea contra la extorsión está a disposición de la ciudadanía a través del número 55-5036-3331, la cual tendrá la capacidad de atender hasta 480 llamadas a diario.
Detalló que la línea de emergencia cuenta con 15 operadores por turno y prometió que el tiempo de espera para tener respuesta es de uno a cinco segundos.
