Miembros de la sociedad civil organizada mostraron su preocupación ante la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pues aseguraron que “el Gobierno no puede ser juez y parte” al momento de transparentar los datos de la gestión pública.
A sabiendas de que se extinguirá, pidieron a los legisladores fortalecer el derecho al acceso a la información y mantener la Plataforma Nacional de Transparencia.
Itzel Checa, quien forma parte del Observatorio de Designaciones Públicas, dijo a La Razón que el llamado ciudadano que han realizado subraya “la regresión” que significa la desaparición del Inai, además de que la lucha ha avanzado desde hace 20 años, donde “se ha venido fortaleciendo el andamiaje institucional para darle autonomía al Inai y darle un trabajo especializado”.
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Señaló que con el instituto se buscan mecanismos accesibles para la población “cuando la información es negada, además de que la lucha ciudadana también tiene que ver con la apertura del Gobierno con saber qué es lo que está haciendo, con abrir el trabajo gubernamental y saber a dónde se va el dinero que es de todas y de todos”.
La información es un derecho humano, explicó Itzel Checa, y “desaparecer el órgano garante nos dejaría en indefensión, pues la reforma no establece mecanismos para poder recurrir ante negativas a dar a conocer el quehacer de las instituciones públicas; este sería un escenario de mayor opacidad”.
Para Dámaris Espinoza, coordinadora de incidencia en Accionar.io, la reforma a los organismos autónomos plantea la desaparición del Inai y crear la Secretaría del Buen Gobierno que estaría por debajo de la Presidencia de la República; por lo tanto, “cuando no se quiere entregar información y se niegue, esta secretaría, al final de cuentas, no va a tener la fuerza legal, en términos de decirle, ‘entrégame la información’, a su propia jefa”.
