Organizaciones Civiles, además de abogados, jueces y magistrados, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la reforma al Poder Judicial. Mientras la representación del gobierno mexicano aseguró que la reforma se hizo sin un diagnóstico previo; y miembros de la CIDH argumentaron que la enmienda “es un ejemplo de manual de abuso constitucional”.
La jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), pidió a la CIDH “no dejar morir” a la democracia mexicana.
“La democracia muere en la oscuridad, y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia. Honorables comisionados. No permitan que México transite ese camino, les pido que actúen, que defiendan con nosotros esta causa que no es solo de México, sino de toda América”, aseguró Fuentes Velázquez.
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En los últimos seis años, la juzgadora acusó, quienes forman parte del Poder Judicial mexicano, “hemos enfrentado ataques sistemáticos del Estado y del partido oficial. Esta narrativa se materializó en la reforma constitucional que atenta contra la independencia judicial”.
Además de señalar que la reforma judicial justifica “una purga” masiva de empleados en 2 tandas en 2025 y 2027, lo que viola “su garantía de permanencia en el cargo”.
Por su parte, el enviado por parte del Estado mexicano recalcó que “resulta inviable la posibilidad de someter a control jurisdiccional una reforma constitucional. Es importante señalar que la actuación de las personas juzgadoras les involucra necesariamente en un claro conflicto de interés. También queremos señalar que hoy no existe ninguna violación a los derechos humanos. Hasta ahora son especulaciones, todo se habla en un futuro incierto”.
Señaló que la enmienda constitucional en materia judicial fue promovida durante la campaña electoral de 2025, y consideró que “fue apabullante la decisión de la soberanía popular, del voto popular, por reformar al Poder Judicial”.
Reconoció que para la realización e implementación de la reforma “no existe un diagnóstico (previo); sin embargo, desde 2017, hay análisis, y artículos que establecen la necesidad de reformar al poder judicial”.
“Yo tengo escrito que cuanto más se delibere una reforma constitucional, menos debe ser la intensidad del control judicial, y justo todo lo contrario, cuando una reforma pasa en un pupitrazo y en cuestión de horas, el control que tiene que haber por parte del judicial y de los órganos independientes debe ser muy intenso”, dijo Carlos Bernal Pulido comisionado del CIDH.
Asimismo, aseguró que la reforma al Poder Judicial “es un ejemplo de manual de abuso constitucional”, y opinó que la estrategia de desmontar los contrapesos al poder ejecutivo es algo que se ha visto repetirse en gobiernos autoritarios en todo el mundo.
Bernal Pulido mostró también su solidaridad con los jueces y magistrados mexicanos que, en su opinión, ven “violados principios como el mérito, los derechos adquiridos y el debido proceso”. Además de agregar que le parece “una concentración excesiva de poder”.
Por su parte, la jueza Claudia Helena Hurtado, destacó que la reforma judicial “ha impactado mayormente a las mujeres con relación a los hombres. Al 30 de septiembre de 2024, 289 mujeres son jueces de distrito y 197 magistradas. A partir del proceso masivo de destitución arbitraria, para 2027 la totalidad de las operadoras de justicia en el ámbito federal, es decir, 486 mujeres seremos removidas”. Igualmente le aseguró a la presidenta Claudia Sheinbaum: “se equivoca, ya que desafortunadamente, no. No llegamos todas”.
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