La representación que el Estado mexicano envió a una audiencia realizada este martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que la reforma judicial se realizó sin un diagnóstico previo, pero aseguró que no es violatoria de los derechos humanos.
Durante la audiencia celebrada en Washington D.C., en Estados Unidos, organizaciones civiles, abogados, jueces, magistrados y un representante del Estado mexicano expusieron sus alegatos respecto a la reforma judicial, que implica la elección por voto popular de todos los juzgadores.
La jueza Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), pidió a la CIDH “no dejar morir” a la democracia mexicana.
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“La democracia muere en la oscuridad, y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia. Honorables comisionados, no permitan que México transite ese camino, les pido que actúen, que defiendan con nosotros esta causa que no es sólo de México, sino de toda América”, expresó Fuentes Velázquez.
Hay encuestas claras; en cuanto al diagnóstico que señalan, no existe un diagnóstico, sin embargo desde 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos, que establecen la necesidad de reformar al Poder JudicialJosé Antonio Montero, Director de consulta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo
En los últimos seis años, acusó, los integrantes del Poder Judicial “hemos enfrentado ataques sistemáticos del Estado y del partido oficial. Esta narrativa se materializó en la reforma constitucional que atenta contra la independencia judicial”.
Dijo también que dicha enmienda justifica “una purga” masiva de empleados en dos tandas, en 2025 y 2027, lo que viola “su garantía de permanencia en el cargo”.
La jueza Claudia Hurtado destacó que la enmienda de referencia impactó mayormente a las mujeres con relación a los hombres, pues dijo que para 2027, “486 mujeres seremos removidas… desafortunadamente, no, no llegamos todas”.
Por su parte, el representante del Estado mexicano, José Antonio Montero Solano, recalcó que “resulta inviable la posibilidad de someter a control jurisdiccional una reforma constitucional”, y agregó: “Es importante señalar que la actuación de las personas juzgadoras les involucra necesariamente en un claro conflicto de interés”.
La democracia muere en la oscuridad, y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia. Honorables comisionados, no permitan que México transite ese camino, les pido que actúenJuana Fuentes, Directora de la Jufed
También queremos señalar, dijo, que hoy no existe ninguna violación a los derechos humanos. Hasta ahora son especulaciones, todo se habla en un futuro incierto.
Señaló que la enmienda constitucional en materia judicial fue promovida durante la campaña electoral del 2024, y consideró que “fue apabullante la decisión de la soberanía popular, del voto popular por la reforma al Poder Judicial”.
Ante los cuestionamientos de los miembros de la CIDH sobre si hubo un diagnóstico que hubiera orientado la reforma, y en todo caso si éste era conocido, y si expertos fueron tomados en cuenta, Montero Solano reconoció que “no existe un diagnóstico (previo); sin embargo, desde 2017, hay análisis, y artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial”.
(Esta reforma) es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo. (El Gobierno está) intentando desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo. ¿No es sospechoso de que quiera también la elección popular de los jueces?Carlos Bernal Pulido, Comisionado de la CIDH
Carlos Bernal Pulido, comisionado del CIDH, por su parte dijo: “Cuanto más se delibere una reforma constitucional, menos debe ser la intensidad del control judicial, y justo todo lo contrario, cuando una reforma pasa en un pupitrazo y en cuestión de horas, el control que tiene que haber por parte del Judicial y de los órganos independientes debe ser muy intenso”, y agregó que la reforma judicial mexicana “es un ejemplo de manual de abuso constitucional”.
Andrea Pocak, relatora del organismo para México, señaló la preocupación de la CIDH sobre esta enmienda, pues cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar “principios básicos” como la meritocracia de los jueces y evitar la injerencia de otros poderes.
Advirtió además que reformas similares en otros países han demostrado que hay “riesgos” de una “mayor deslegitimidad del sistema judicial” debido a las elecciones de jueces.
Ministro desecha 7 controversias
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara, sobreseyó y desechó siete controversias constitucionales que impugnaban la reforma judicial, además de aplicar el criterio de la denominada “supremacía constitucional”.
El ministro tomó la determinación de sobreseer la querella promovida por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la cual ingresó el pasado 26 de septiembre, días antes de que su mandato al frente del estado de Guanajuato llegara a su fin.
“Por notoria y manifiesta improcedencia”, desechó también la controversia constitucional presentada por el Poder Judicial de Guanajuato; además de desechar la controversia presentada por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, al considerarla notoriamente improcedente. Además, realizó la misma acción con las controversias constitucionales promovidas por legisladores de Chihuahua y Jalisco, y por los Poderes Judiciales de Michoacán y Jalisco.
El sobreseimiento de las tres controversias se suma a que el pasado 5 de noviembre, la Suprema Corte no pudo analizar si es o no constitucional la reforma judicial enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto que se analizaría proponía anular parcialmente la reforma, y estuvo a cargo del ministro González Alcántara; sin embargo, éste también fue sobreseído.
