Para 2025, el Gobierno federal prevé un gasto superior a los 9.3 billones de pesos, que en cifras absolutas es 2.3 por ciento mayor a los 9.06 billones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó este año, pero debido a la inflación, será 1.6 por ciento menor, en términos reales.
En el gasto previsto para el siguiente año se prevé un apretón de cinturón en 19 de 26 dependencias y organismos del Poder Ejecutivo federal, pues se reduce de manera considerable el presupuesto con el que contarán, en comparación con el del año presente año.
El mayor ajuste es para la Secretaría de la Defensa Nacional, con una reducción de 41.4 por ciento, al pasar de 259 mil 433 millones a 151 mil 994 millones de pesos.
Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se solicitó a la Cámara de Diputados una partida de 924 mil 610 millones 98 mil pesos para la administración de la infraestructura aeroportuaria en Santa Lucía, Estado de México, es decir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Además, se contempla un monto de 827 mil 762 millones 373 mil pesos para la prestación de servicios públicos de transporte masivo de personas y de carga del Tren Maya, y 19 mil 685 millones 179 mil pesos para la operación de la aerolínea del Estado Mexicano (Mexicana de Aviación).
También se plantearon recursos por dos mil 255 millones 827 mil 987 pesos para la operación de la infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y de servicios auxiliares, actualmente bajo el control de la Sedena.
Como apoyo a esta dependencia, se contempló en el PPEF apoyo para los rubros de investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios, por dos mil 33 millones 872 mil 629 pesos.
Además, para la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional, se presupuestaron 42 mil 904 millones 898 mil 478 pesos; para operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, seis mil 594 millones 191 mil 633 pesos, y para el programa de la Sedena en apoyo a la seguridad pública, cuatro mil 501 millones 689 mil 38 pesos.
En cuanto al rubro de derechos humanos, se prevé destinar 72 millones 18 mil 994 pesos; para justicia militar, mil 91 millones 571 mil 292 pesos, y para el sistema educativo militar, dos mil 464 millones 406 mil 907 pesos.
También se estimaron recursos por mil 82 millones de pesos para el programa de becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en activo y 21 millones 685 mil 182 pesos para el fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en primera categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo.
Por otro lado, para proyectos de inversión en infraestructura gubernamental de seguridad nacional se solicitaron seis mil 437 millones 479 mil 688 pesos.
El segundo recorte más importante programado recaerá en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 36.8 por ciento, pues bajará de 70 mil 245 millones a 44 mil 370 millones su presupuesto.
En el caso de la Secretaría de Salud, el recorte representa una disminución de 66 mil 693 millones 200 mil pesos, en comparación con lo ejercido el presente año.
Con distintos niveles, también se contemplan recortes para la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Salud (SSa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
El mismo criterio aplica para la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los Tribunales Agrarios, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Cultura.
En contraste, en algunas dependencias y organismos se perfila un incremento de recursos, entre las que destaca la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que pasará de 85 mil 688 millones de pesos a 140 mil 799 millones en 2025, es decir, un aumento de 64.35 por ciento.
Asimismo, para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se solicitó un presupuesto de mil 469 millones 410 mil 400 pesos, cifra 4.7 por ciento superior a la de 2024, que fue de mil 403 millones 181 mil 200 pesos.
La mayor cantidad de recursos del IMSS está destinada para el pago de prestaciones económicas, con 938 mil 14 millones 716 mil 612 pesos. De este monto, serán para el pago de pensiones en curso, de acuerdo con la Ley 1973, 753 mil 202 millones 100 mil 910 pesos. A rentas vitalicias por la Ley 1997 se destinarán 35 mil 283 millones 691 mil 600 pesos, y al régimen de pensiones y jubilaciones, 148 mil 218 millones 525 mil 795 pesos.
Adicionalmente, se estima un gasto de 10 mil 155 millones 900 mil 910 pesos para la prevención y control de enfermedades, así como 16 mil 525 millones 896 mil 251 pesos en servicios de guardería.
En tanto, para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se estima un presupuesto de 525 mil 615.4 millones de pesos, seis por ciento más que este año donde obtuvo 496 mil 061.5 millones de pesos.
De aprobarse el proyecto, el Instituto tendrá 16 mil 259 millones 260 mil 510 pesos para el suministro de claves de medicamentos; 583 millones 777 mil 195 pesos para el pago de pensiones por cesantía, y 25 mil 856 millones 559 mil 809 pesos para pensiones por vejez.
En distintas proporciones, se proyectan aumentos para la SEP, SEDATU, de Bienestar y de la Función Pública.
En materia salarial, la Presidenta de la República ganará mensualmente 134 mil 290 pesos, que al año significan dos millones 69 mil 170 pesos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) percibirán ingresos por dos millones 64 mil 384 pesos al año, mientras que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibirán un poco más: dos millones 888 mil 258 pesos.
En la exposición de motivos del PPEF, la SHCP aseguró que en el proyecto se propone la asignación de recursos para programas “capaces de detonar el crecimiento económico y reducir la pobreza y desigualdad entre regiones del territorio bajo criterios de austeridad, combate a la corrupción, eficacia y transparencia”.
Bancos ven positivo PPE; insisten en reforma fiscal
Tras la presentación del Paquete Económico para el próximo año, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), BBVA consideró que ve señales positivas y coincide con Citibanamex al considerar que si existe “un compromiso real con la sostenibilidad de las finanzas públicas” se debe implementar una reforma fiscal.
“La señal de gradualismo en el proceso de consolidación fiscal, sumada a la señal de que el gobierno se va a plantear pronto la implementación de una reforma fiscal son dos señales positivas”, señaló BBVA.
Y destacó que también es positivo que Petróleos Mexicanos (Pemex) “vuelva” a tener un apoyo explícito para que pueda cumplir con sus obligaciones financieras de 2025, aunque señaló que el paquete económico fue más optimista de lo que se previó.
Por su parte, Citibanamex estimó que la deuda aumentará a 55.8 por ciento del Producto Interno Bruto, estimación mayor que la que presentó Hacienda, “si bien la decisión de posponer el anuncio de una posible reforma fiscal este año permite cumplir un compromiso de campaña, se tiene el costo de falta de información para los agentes económicos”, lo que podría provocar que las agencias calificadoras cambien la perspectiva de la Deuda Soberana de estable a negativa.
