El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón propuso modificar la convocatoria aprobada por el Senado de recepción de declinaciones de candidaturas y manifestaciones para buscar uno de los cargos judiciales en la elección de 2025.
En el proyecto se dio la razón a la parte que impugnó el acuerdo de la Cámara alta, al considerar que viola los principios de certeza y seguridad jurídica por la fijación de un plazo muy corto para la presentación de declinación de candidaturas.
“Esta Sala Superior estima que el Acuerdo impugnado debe modificarse para que la autoridad responsable habilite medios y procedimientos electrónicos para facilitar la presentación de escritos de declinación y manifestación de intención, para así garantizar el ejercicio de los derechos de las personas juzgadoras sin comprometer sus obligaciones jurisdiccionales ni imponerles cargas excesivas”, agregó el magistrado.
El proyecto ordena a la Mesa Directiva del Senado a modificar los plazos y fije una nueva fecha que sería el 24 de noviembre, luego de que el plazo venció el pasado 30 de octubre a las 23:59 horas.
Reyes Rodríguez Mondragón señala que al CJF le corresponde la vigilancia del PF
En otra de las resoluciones, Reyes Rodríguez indicó que corresponderá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ejercer “las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, hasta en tanto no sea creado el Tribunal de Disciplina Judicial.
En su razonamiento, subrayó que el acuerdo senatorial impugnado “carece de motivación sobre la decisión de reducir los plazos constitucionales”, además de que la modalidad única de presentación física de escritos obstaculiza injustificadamente el ejercicio de los derechos de las personas juzgadoras.
La impugnación de ciudadanos y juzgadores al citado acuerdo establecieron ante la Sala Superior del TEPJF que es contrario a derecho porque establece plazos que contradicen el decreto de reforma constitucional al fijar como fechas límite para presentar declinaciones o manifestaciones para contender por el cargo el treinta y veintiséis de octubre, cuando la normatividad aplicable permite presentar declinaciones hasta el cierre de la convocatoria.
“Esta Sala Superior considera que les asiste la razón a las personas actoras, (pues) se advierte una clara contradicción que vulnera el principio de jerarquía normativa y genera una restricción injustificada de derechos”, señaló el magistrado Rodríguez Mondragón.
Opinó que la modificación injustificada de los plazos constitucionales “resulta especialmente grave porque impide una decisión reflexiva sobre la permanencia en la carrera judicial, obstaculiza la posibilidad de analizar adecuadamente las implicaciones de participar en el proceso electoral, y no permite valorar con suficiencia las consecuencias personales y profesionales de cada opción”.
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