Ante el poco interés que se ha observado para participar en la elección judicial del próximo año, pues a cinco días de que cierre el plazo sólo se tiene el 71 por ciento del mínimo de aspirantes esperado, representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial llamaron a los licenciados en Derecho a registrarse para obtener una candidatura.
Ayer, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que al corte del mediodía se habían registrado tres mil 145 aspirantes para jueces, magistrados y ministros, 71 por ciento del mínimo de cinco mil 379 que se requieren para competir por todas las plazas.
Durante el foro “Hacia la Igualdad Sustantiva”, organizado por la comisión del ramo de la Cámara alta, apuntó: “Necesitamos que nos ayuden a que se registren, se termina el domingo 24 el registro, que se registren muchas personas. Decía de manera muy bonita nuestra compañera Presidenta Claudia Sheinbaum, que se abre el Poder Judicial ‘para que lleguen muchos Benitos Juárez’. Yo digo, y muchas Benitas Juárez al Poder Judicial, mujeres surgidas del corazón del pueblo que aporten a esa parte”.
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El papel de las mujeres en el proceso que conlleva transformar el Poder judicial es vital, impulsemos la participación y aspiremos a que haya más juezas, magistradas y ministrasYasmín Esquivel, Ministra de la SCJN
En entrevista al margen del evento, el senador reconoció que ha faltado más difusión sobre el proceso de elección de las personas juzgadoras, por lo cual solicitó al área de Comunicación Social del Senado ampliar la información a la sociedad, principalmente a los titulados en Derecho.
Dijo también que las plataformas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, han presentado problemas técnicos, que se debieron haber resuelto sobre la marcha.
Cabe destacar que las candidaturas deben ser propuestas de manera igualitaria por los tres Poderes de la Unión, por lo que, en este momento, el Legislativo cumpliría y hasta le sobrarían prospectos, pero en el Judicial, al corte más reciente, del 15 de noviembre, sólo había 135 registrados, y en el Ejecutivo se desconoce el número de inscritos, pues éste no ha sido transparentado.
Conforme a las reglas establecidas en la reforma al Poder Judicial, a cada uno de los tres Poderes de la Unión le tocará preseleccionar a tres aspirantes —al Ejecutivo, tres; al Senado, dos; a la Cámara de Diputados, uno, y al Poder Judicial, tres—, para los casos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y magistrados del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
De esta manera, serán hasta 81 candidatos para los nueve ministros en la SCJN; mientras que en el TEPJF serían 18 para las dos vacantes en la Sala Superior y 135 para 15 vacantes de las Salas Regionales, además de 45 aspirantes para las cinco vacantes en el nuevo TDJ.
En el caso de magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, cada Poder propondrá dos candidatos, por lo que para las 464 plazas de las magistraturas serán dos mil 784 aspirantes, y para las 386 plazas de jueces serán dos mil 316, lo cual suma en total cinco mil 379 candidaturas.
Ayer, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, exhortó a las mujeres, principalmente jóvenes, a participar en el proceso de elección de personas juzgadoras porque “la patria nos necesita”.
“Estamos en la última semana para la inscripción, y yo creo que muchas de nosotras ni siquiera habíamos pensado que teníamos la posibilidad de llegar a ser juezas, magistradas y ministras. Y es el momento (...) Así que les invito a todas y a todos, pero en especial a todas, y en especial a las jóvenes. Las jóvenes tienen que entrar porque la patria nos necesita”, dijo.
Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó: “México necesita de mujeres y hombres con capacidad, honestidad y compromiso para garantizar la justicia en nuestro país. Este es el momento de inscribirse y formar parte de este proceso único”.
El también coordinador de la bancada de Morena subrayó que este proceso busca la democratización del Poder Judicial y garantizó que será llevado a cabo con total transparencia e imparcialidad.
“No hay dados cargados ni decisiones preestablecidas”, enfatizó, tras reiterar la imparcialidad del Comité de Evaluación encargado de la selección, cuya inscripción cerrará el 24 de noviembre próximo.
A su vez, Yasmin Esquivel, ministra de la Corte, subió un video a sus redes sociales, en el cual también llamó a registrarse para competir por una plaza en el Poder Judicial, en especial a las mujeres, pues explicó que a lo largo de la historia, más de 200 hombres y sólo 15 mujeres han formado parte del máximo tribunal del país.
“El papel de las mujeres en el proceso que conlleva transformar el Poder judicial es vital, impulsemos la participación y aspiremos a que haya más juezas, magistradas y ministras. El 24 de noviembre es la fecha límite para hacer tu registro”, posteó.
Al respecto, el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, reconoció que hay poco interés en registrarse y acusó que algunos juzgadores están amenazados desde adentro del propio PJ para que no se inscriban.
“Tengo entendido que algunos titulares jueces, magistrados, los tienen un poco amenazados para que hagan este trámite, es un momento importante, inédito en la vida de México. Según información que tengo, están considerándolos traidores al Poder Judicial si participan”, dijo el ministro en retiro en su espacio semanal en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva.
Indicó que el Comité del Poder Judicial, que debe postular a más de cinco mil candidatos, ha registrado una participación considerablemente baja en comparación con otros poderes e hizo un llamado a los aspirantes para que no cedan a las amenazas y se inscriban para participar en las elecciones.
TEPJF: sin elección se rompe la democracia
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, consideró que, si una elección se detiene, (en referencia a la elección judicial), entonces “la democracia se habrá roto”.
Durante su participación en el foro Violencia Digital contra las Mujeres que participan en Política, realizado en La Paz, Baja California Sur, la magistrada reiteró su respaldo a lo resuelto el lunes por el alto tribunal electoral, que por mayoría avaló dar continuidad del proceso para que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular en el 2025.
“Las elecciones auténticas, las elecciones libres y las elecciones periódicas no se pueden detener… El día que una autoridad detenga una elección de voto popular, ese día sí preocupémonos, porque la democracia se habrá roto en nuestro país”, dijo.
Mónica Soto argumentó que el país vive “momentos nuevos”, donde se adoptaron cambios a la Carta Magna y, en ese entendido, hoy se cuenta con una Constitución vigente y toca respetar los cambios que se le hayan hecho.
“La Constitución es hoy vigente y guarda esos cambios y nos toca atender lo que nos obliga la propia Constitución a las autoridades, en este caso electorales, que estamos aquí y para eso estamos, para responder con la Constitución, apegados a la misma y a las facultades y competencias que nos dan”, comentó.
Como lo hizo durante la sesión del tribunal realizada el pasado lunes por la tarde, la presidenta del TEPJF subrayó que ninguna autoridad tiene la facultad para interponerse en contra de que la ciudadanía ejerza su derecho a votar, porque éste es la base de una democracia.
A raíz de la resolución que dictó el Tribunal Electoral, el Senado de la República informó ayer que reanudará las acciones que le corresponden en cuanto a la elección judicial.
Cabe recordar que el Poder Legislativo tiene entre sus tareas pendientes trabajar en la aprobación de reformas a leyes secundarias relacionadas con este proceso inédito en el país.
En tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio como plazo este miércoles para saber si podía continuar con lo que le corresponde, pero hasta el momento se desconoce si retomará su labor en apego a la resolución del TEPJF.
Durante el foro en el que participó, en el cual se disertó sobre la violencia digital hacia la mujere,Mónica Soto, compartió que este fenómeno delictivo va en incremento. Al citar cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dijo que 9.4 millones de mujeres han sufrido acoso, mientras que 55 por ciento de los agresores eran hombres.
Agregó que, de acuerdo con la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética de la Capital, del total de incidentes relacionados con violencia digital registrados en el primer trimestre del 2023, 65 por ciento se vincularon con mujeres mayores de edad. Ante esto, la magistrada planteó la necesidad de emprender reformas sobre esta problemática.
Además, señaló que se han resuelto tres mil 642 expedientes y se han emitido dos mil 938 sentencias referentes a asuntos relacionados con violencia política en razón de género.
TEPJF le echa “gasolina al fuego”, dicen magistrados
Magistrados que forman parte del colectivo Artículo 41 cuestionaron la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que éste diera su aval al Instituto Nacional Electoral (INE) para que continúe con los trabajos de la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros.
Durante la “contramañanera” judicial de este martes, el magistrado de Circuito Juan José Olvera destacó que entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y ahora sumando al TEPJF, “se están pidiendo permiso para poder continuar, y el Tribunal Electoral, fuera de toda competencia, les dice: ‘pues yo pienso, no, yo creo que deben, es más, tiene la obligación de continuar’ (con la elección judicial)”.
Señaló que ambos poderes están en falta ante el desacato de las suspensiones judiciales vigentes, y agregó: “Hay un juez que les ha dicho: ‘Detente, hay un recurso dentro de este juicio’, hay un remedio y ése no es el que están poniendo en acción los demandamos, entre ellos se están dando permiso para continuar, hágame usted el favor”.
El magistrado Olvera indico también que hace unos días la Presidencia de la República preguntó al Senado si podía continuar con el proceso de la reforma y éste le respondió: “yo creo que sí”, y ahora la misma Cámara alta va y le pregunta el Tribunal Electoral si puede continuar, y le dice: “yo opino que sí”.
Olvera López aclaró que “en este momento hay suspensiones que están surtiendo efectos, y lo que decidió el Tribunal Electoral el día de ayer es una opinión, más no libera de responsabilidad, en este caso al Senado, que le pidió opinión”.
Mencionó que los dos votos en contra emitidos durante la sesión del TEPJF del pasado lunes, dijeron: “A nosotros no nos toca”. Y sentenció: “Con estar opinando, en lugar de resolver el problema lo están enconando más. El Tribunal Electoral, para apagar el fuego, está echando gasolina, está opinando, no resolviendo”.
El magistrado de circuito enfatizó que el TEPJF “está opinando en un asunto que no es de su competencia y ahí, en plena sesión, uno de los magistrados electorales lo hizo ver. ¿Qué decidió el Tribunal Electoral al final del camino sin competencia? Es decir, tratando de opinar sobre las consecuencias de un juicio de amparo o de 100 juicios de amparo”.
El impartidor de justicia insistió: “Les guste o no les guste, el sistema judicial que tenemos ahorita nos dice que las autoridades pueden ser demandas y están siendo demandadas y parte de las medidas que se les han impuesto es que no pueden continuar”.
Ante los medios de comunicación, José Olvera explicó que el TEPJF, en su competencia “no tiene nada que ver en juicios de amparo, no es autoridad recursiva en los juicios de amparo, de ahí que la opinión que emita, pues, es como las llamadas a misa, el que quiere las sigue y el que no, no”.
Por otro lado, el también magistrado Juan Alfonso Patiño, director jurídico de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), dijo que es importante que la SCJN emita un pronunciamiento sobre si el Tribunal Electoral tiene facultades para resolver en relación con la vigencia de las suspensiones.
“Resolución fue política, no jurídica”
La jueza Nancy Juárez y el magistrado Alejandro Andraca criticaron el aval otorgado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con la elección judicial.
La jueza del Décimo Noveno Distrito aseguró que dicha resolución es de “carácter político” y que se está cometiendo un desacato que podría llevar a la inhabilitación de los funcionarios involucrados.
Por su parte, el magistrado Andraca Carrera señaló que los amparos presentados siguen “con vida”, además de que la resolución del Tribunal Electoral agrava y crece la “crisis constitucional” que vive el país, pues la reforma judicial no solo involucra un tema electoral, sino trastoca derechos humanos y la independencia judicial.
En entrevista con La Razón, la juzgadora Juárez Salas consideró que la resolución del TEPJF es “absurda”, pues asumió una competencia que le correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la resolución debía ser aplazada “hasta que la Corte resuelva los asuntos que tiene pendientes que son solicitudes de para ejercer la facultad prevista en el artículo 11 fracción 17 de la ley orgánica del Poder Judicial”.
Insistió en que el Tribunal tomó una “resolución política, no jurídica. Finalmente hay amparos y suspensiones que tanto el INE, como el Senado deben acatar, y deben cumplir porque son resoluciones de jueces de distrito competentes. El Tribunal lo que esta haciendo es azuzar para que incurran en desacato tanto el Senado como el INE y eso traería una consecuencia”.
Detalló que la Suprema Corte es el “máximo intérprete de la Constitución con atribuciones legales para establecer un carácter vinculante; es decir, el Tribunal Electoral forzosamente se tiene que esperar a que resuelva la Corte”.
Los funcionarios del INE, incluso los del Senado, comentó, pueden ser acreedores a diversas sanciones debido a que “están incurriendo en un delito. La ley de Amparo establece que quien viola las suspensiones de amparo, es acreedor a una pena de 3 a 9 años de prisión, inhabilitación para ejercer el servicio público, y también una multa”.
El magistrado de circuito, Alejandro Andraca, en entrevista con este medio, consideró que la resolución es “un agravamiento de la crisis constitucional que ya de por sí existe”, además de coincidir en que “el Tribunal no tiene facultades expresas para invalidar o revocar las suspensiones de los jueces de distrito, eso solo corresponde a los tribunales colegiados de circuito y a la postre, a la Suprema Corte”.
Sobre los amparos que se habían presentado, el magistrado Andraca Carrera aseveró que “siguen con vida”, pues parte del conflicto constitucional solo tiene relación con el carácter electoral. “La sala superior de ese tribunal no es el superior jerárquico para resolver con la instancia, solo tiene competencia exclusiva en materia electoral. Los jueces de distrito en materia constitucional”.
Los amparos tramitados por los jueces de distrito “continuarán en su trámite y tendrán que llegar a una decisión de fondo, o en su caso definitiva, al menos que puedan ser revisadas, al final por la Suprema Corte”, aseguró.
