Con el objetivo de reforzar la implementación de la reforma constitucional en materia judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado tres iniciativas; dos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, y una para crear la Ley de Carrera Judicial.
Al explicar en conferencia estos proyectos legislativos, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que el objetivo es reforzar los fundamentos del plan y establecer los lineamientos con los que operarán los próximos integrantes del Poder Judicial.
“Seguimos avanzando en preparar que esté todo fundamentado, que se tenga todo el andamiaje, ya lo tenemos constitucional, pero todo el andamiaje de leyes; el andamiaje secundario, leyes, reglamentos. Vamos a estar avanzando en todo, porque requerimos que, cuando entre el nuevo Poder Judicial, que entren las y los nuevos ministros, magistrados y jueces, tengan elementos para poder llevar a cabo su función”, declaró.
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Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que este plan busca dar elementos a los próximos integrantes del Poder Judicial para ejercer sus funciones.
Explicó que la iniciativa sobre la Ley Orgánica consiste en una armonización con la reforma que se hizo a la Constitución y entre sus puntos principales se encuentra una reorganización de la operación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que el número de ministros que la compondrán pasará de 11 a nueve.
Godoy Ramos especificó que la Corte ya no operará con salas, como lo hace actualmente, con dos, en donde la primera se encarga de los asuntos en materia civil y penal, mientras que la segunda atiende lo relativo a lo laboral y administrativo.
Asimismo, se clarificarán las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, “con la idea de que no exista arbitrariedad; hay todo un procedimiento que se tiene que seguir, cuáles son los supuestos en los que tiene que actuar este Tribunal. Recuerden que va a estar conformado por cinco personas, cinco personas que van a ser electas también el año que entra y van a tener la calidad de magistrados”.
Sobre la Ley de Carrera Judicial, comentó que la intención es para que no haya duda de que la preparación y trayectoria profesional queda dentro de las consideraciones para elegir a las y los próximos miembros del Poder Judicial.
Como parte de ello, sostuvo que se fortalecerá la Escuela Nacional de Formación Judicial, donde además se brindará capacitación a personal de las fiscalías y policías. En cuanto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, comentó que debe haber certeza sobre las faltas y sanciones que se aplicarán a quienes incurran en irregularidades.
“No se le están dando facultades al Tribunal (de Justicia Administrativa) de quitar las resoluciones, sino de imponer en todo caso las faltas y, de ser necesario, llevar ante el Ministerio Público, si es que hubiera alguna posibilidad de algún delito”, agregó Godoy Ramos.
Comentó que también se trabaja en reformas relativas a las leyes procesales, para delimitar los tiempos de resolución.
“Estamos avanzando en la elaboración, sobre todo, de las leyes procesales. Recuerden que en la reforma constitucional se les da un plazo para los casos en materia penal de un año, y en los casos de materia fiscal, de seis meses. Es necesario dotar de herramientas a los jueces, también, para que puedan cumplir con esos tiempos”, dijo.
La primera consiste en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial para reorganizar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que con la elección se reducirá el pleno de 11 a 9 ministros.
Los otros planes son relativos a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, para supervisar la operación de los nuevos miembros judiciales. También se reformará al Órgano Interno de Control.
Asimismo se enviará la Ley de Carrera Judicial, para garantizar que ésta siga adelante como requisito y con ello se dé certeza sobre la capacitación del personal, que incluirá acercamientos con policías y fiscalías.
En última instancia, se reformará lo relativo a las sanciones administrativas.
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FGR
