Con 332 votos a favor, de Morena y aliados, y 119 en contra, de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un paquete de reformas a 14 artículos de la Constitución por las que se extinguen siete órganos autónomos del Estado y se establece la prohibición de otorgar concesiones a privados en litio y en servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Los órganos que desaparecerán son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Tras la aprobación del dictamen, el decreto fue turnado al Senado de la República, en donde se espera que la próxima semana sea ratificado, para posteriormente someterlo a la aprobación de los congresos estatales.
Durante la discusión en lo particular, que se llevó a cabo ayer en la Cámara de Diputados, el pleno sólo aceptó dos reservas, una presentada por Morena para modificar el artículo 28 de la Constitución, a fin de crear un organismo descentralizado que fungirá como autoridad en materia de libre competencia y concurrencia con facultades para prevenir investigar y prevenir los monopolios y regular el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La otra, presentada por el PT, fue para establecer en el artículo 27 constitucional que, en el caso del litio y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, no se otorgarán concesiones a particulares.
En cuanto a la primera, diputados de Morena explicaron que el nuevo organismo previsto tendrá autonomía técnica, a fin de respetar acuerdos comerciales, como el T-MEC, el cual obliga, en su capítulo 18, a que los Estados firmantes tengan órganos autónomos que regulen la competencia.
El vicecoordinador de esta bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que la autoridad que será creada “tiene como base el fortalecimiento para imponer multas, acortar los periodos de investigación, llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera expedita y de esta manera los niveles de competencia aumenten, se incrementen los beneficios a los consumidores y usuarios y se genere mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios”.
Aseguró que, en la 4T, “lo que estamos haciendo es llevar a nuestro país a mejores y mayores niveles de competencia económica y a mayores niveles de bienestar, sobre todo, a los que menos tienen”.
El dictamen aprobado ayer señala que, al extinguirse los órganos autónomos, los recursos materiales y patrimonio de éstos pasarán a formar parte de aquellas dependencias u órganos que asuman sus atribuciones.
Añade que los comisionados de los distintos órganos concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la reforma, mientras que, respecto a los trabajadores de todos los entes extinguidos, sólo se menciona en un artículo transitorio que “se respetarán sus derechos laborales en términos de la legislación aplicable”.
En cuanto a los organismos autónomos garantes de la transparencia de las entidades federativas, el dictamen señala que los congresos estatales deberán proceder a definir su desaparición y el destino de sus funciones y recursos.
Con dato de ASF exhibe CSP corrupción en Inai
Horas antes de que la Cámara de Diputados concretara la extinción de siete órganos autónomos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se acabará la corrupción.
En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la mandataria expuso observaciones hechas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a este órgano, en donde identificó prácticas irregulares a raíz de denuncias de trabajadores contra altos funcionarios del instituto, que les pedían entre 10 y 60 por ciento de su salario para conservar el empleo.
También reveló que hubo señalamientos sobre aviadores, es decir, personal que no trabajaba en el Inai pero que cobraba, o la práctica del nepotismo, por medio de la contratación de familiares, así como gastos suntuosos de algunos comisionados, de los cuales cuatro siguen vigentes.
“Esto no era problema antes para los que hoy defienden a capa y espada el Inai, se les olvidó la corruptela (…) la auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos.
“La auditoría también documentó que los siete comisionados, entre ellos los cuatro que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos”, dijo.
La mandataria sostuvo que, con el nuevo esquema de transparencia, donde las tareas del Inai pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, habrá más transparencia.
“La desaparición del Inai como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto, pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar, y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad, de transparencia de todas las secretarías, en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México”, aseguró.
Y agregó: “O sea, está el Inai, y para que no haya corrupción en el Inai, ¿entonces qué?, ¿hay que crear otro organismo que revise al Inai? Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos, y organismos, y organismos autónomos que tienen estos resultados”.
Sheinbaum Pardo comentó que se considerarán mecanismos de obligatoriedad en cuanto a transparencia para que las y los mexicanos puedan revisar el gasto y destino de los recursos a cargo de las autoridades gubernamentales.
Y subrayó que la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales son unas de las obligaciones sustantivas de los gobiernos.
Adrián Alcalá: Es un día triste para la democracia
El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá Méndez, aseguró que ayer fue “un día triste para la democracia”, por la extinción del órgano autónomo, ya que con ello se socava el derecho de la ciudadanía a preguntar sobre la rendición de cuentas de las autoridades.
En tanto, el pleno de este instituto emitió un comunicado en el cual lamentó la extinción del organismo que, dijo, ahora convierte “en juez y parte” al Gobierno, y estableció que “aún hay tiempo” de revertir lo aprobado ayer, mediante el diálogo con el Senado.
“Hoy es un día triste para la democracia, porque el Inai ha sido, más allá de la utilidad social que tiene, un pilar para la democracia mexicana y ha fortalecido la rendición de cuentas ciudadana”, expresó el presidente del organismo, en entrevista concedida a Grupo Fórmula.
Señaló que, de su parte, los comisionados dieron la batalla como es debido, antepusieron el diálogo y hasta el último momento trabajarán en la resolución de quejas ciudadanas.
Adrián Alcalá dijo que los derechos de acceso a la información y protección de datos no desaparecen, pero la garantía sí, pues es lo que está en riesgo, ya que, precisó que es un derecho que está en la Constitución y que no tiene un modelo de garantía, se vuelve un riesgo.
Más tarde, el Inai emitió un comunicado con una posición del pleno, en el que señaló: “Sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el Inai”.
Señaló que, con la reforma aprobada ayer, se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de los ciudadanos, además de que se extingue el Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información, y que “contribuye sustancialmente a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción”.
Extinción viola soberanía de estados, insisten en foro
Comisionados de órganos estatales garantes de transparencia coincidieron en señalar que la desaparición de los organismos autónomos, como el Inai, afectan la soberanía de los estados; además rechazaron que éstos sean onerosos, ya que sólo representan 0.04 por ciento del presupuesto de las entidades federativas.
Durante el Foro de Diálogos Abiertos por la Transparencia, el comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Hertino Avilés Albavera, advirtió que la eliminación de autónomos afecta la soberanía de las entidades federativas, pues también propone la desaparición de todos los órganos locales de transparencia y la extinción de los nombramientos de las y los comisionados.
“No corresponde al Poder Constituyente extinguir nombramientos que no ha dado. No corresponde al Poder Legislativo concluir nombramientos que han sido materia de análisis y de reflexión en cada una de las entidades federativas”, explicó, tras indicar que la reforma aprobada en San Lázaro “contraviene lo que establece el artículo 40 de la Constitución federal”.
A su vez, Claudette González Arellano, comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, aseguró que es falso que los órganos locales de transparencia sean onerosos, pues apenas representan 0.04 por ciento del presupuesto de las entidades federativas.
Expuso que actualmente el Inai supervisa a 723 sujetos obligados, mientras que los 32 órganos locales en conjunto ven a seis mil 626 sujetos obligados. “Quiero ver que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pueda con más de siete mil sujetos obligados”, refirió.
Por su parte, Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, alertó que la propuesta de reforma no aborda de manera suficiente el tema de los datos personales, por lo que resulta preocupante que no exista una claridad de qué va a pasar con ellos.
En tanto, Rafael Zaga Kalach, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Concamin, manifestó que existen riesgos e impactos que esta reforma tendrá hacia el sector privado. De igual forma, pidió garantizar la preservación y continuidad de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con las mismas características y operatividad actual.
Sólo nos queda la resistencia en las calles: Unid@s
Ante la incapacidad de interponer recursos legales contra reformas oficiales, el secretario general de Unid@s, César Damián Retes, aseguró que la única opción que queda es la resistencia en las calles para denunciar la desaparición de los organismos autónomos.
En entrevista con La Razón, denunció que los partidos oficiales han cerrado toda la posibilidad del diálogo y el acuerdo, lo que complica aún más su defensa.
“Está cerrado el diálogo, desafortunadamente, desde hace dos meses en la nueva Legislatura, está cerrado el diálogo para los que pensamos diferente. Morena no tiene tolerancia, pero seguiremos dando la discusión parlamentaria, pero si no nos escuchan en el Congreso, lo van a hacer en la calle. Hemos decidido resistir y construir desde las calles”, explicó.
El también activista dijo que, de esa manera, pasan también a la resistencia civil como lo hizo este miércoles Acción Nacional, por ello, ya planean diversas manifestaciones en las ciudades del país.
Mencionó que, sin organismos como el Inai, la gente no sabrá como la autoridad se gasta el dinero, además del cuidado de los datos personales de cada ciudadano, pues en la vida social se dan los datos de cada persona para diversos tipos de trámites, pero ahora, sin esta protección, se ponen en riesgo.
Señaló que el riesgo es que la información caiga en manos de la delincuencia organizada para temas relacionados al robo, extorsión o pérdida de la identidad; incluso, que se hagan movimientos crediticios son autorización.
En este mismo tema, el senador del PAN, Marko Cortés, demandó frenar la “destrucción” de los organismos autónomos, las instituciones y el debilitamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“El deterioro del Estado de Derecho en México está ocasionando reacciones muy negativas en la comunidad internacional, como la solicitud de líderes canadienses de excluirnos del Tratado de Libre Comercio”, señaló en un mensaje a través de sus redes sociales.
