El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional en México que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
“La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”, destacó en un posicionamiento.
Señaló que México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta, por ello, dijo, es importante enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad.
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La reforma fue aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente está siendo analizada por el Senado. Esta modificación agrega delitos como la extorsión, el contrabando y ciertos tipos penales relacionados con las drogas a la lista de cargos en los que la prisión preventiva es automática.
En este contexto, el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México; además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que esta medida es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó a México adaptar su sistema legal.
“Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, dijo.
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