Por mayoría de tres votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó las impugnaciones que se presentaron en contra del sorteo por el que se eligió los cargos dentro del Poder Judicial a renovarse en 2025, contra la convocatoria que en su momento emitió el Senado de la República, así como la integración de los Comités de Evaluación.
Los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la magistrada presidenta, Mónica Soto, votaron por desestimar las quejas que se presentaron contra dichas etapas de los comicios judiciales, y también para no acompañar los proyectos propuestos de los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora, quienes sugerían conceder revocaciones.
Ambos coincidieron en que, para el caso de la insaculación que hizo el Senado al momento de elegir qué cargos judiciales serán renovados en 2025, esta Cámara no se apegó a las bases que el mismo Congreso estableció en la Constitución.
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Uno de los puntos que la Cámara alta no acató, según Reyes Rodríguez, fue el no haber excluido del sorteo a las personas que pudieran beneficiarse de una acción afirmativa, para cumplir con el mandato de paridad de género.
Tampoco se verificó la especialización por materia de cada juzgador que fue sorteado y además no se realizó ningún análisis respecto a lo mismo en los 32 distritos judiciales.
Para el caso de las impugnaciones contra la conformación de los Comités de Evaluación, el magistrado comentó que los compuestos por el Poder Ejecutivo y el Legislativo no garantizar las condiciones de imparcialidad.
Señalaron que no había paridad en las convocatorias para renovar cargos
“Estimo que las convocatorias de los comités técnicos del Poder Ejecutivo y Legislativo no garantizan la paridad en el proceso cuando sí debieron incluir medidas para hacer”, dijo.
En su intervención, la magistrada Janine Otálora subrayó la necesidad que rectificar las acciones de las autoridades involucradas.
“Nuestra gran responsabilidad al revisar y, en su caso, rectificar las actuaciones de las diversas autoridades y partes que intervienen en este proceso inédito, es justamente ir definiendo e ir trazando un camino jurisprudencial que no solo regirá este proceso de 2025, sino también subsecuentes y particularmente el de 2027”, dijo.
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