Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron sin cambios el dictamen de la Ley Federal de Derechos (LFD), con lo que el Gobierno federal prevé obtener 374 mil millones de pesos en 2025.
Lo anterior representa un incremento de 37 por ciento en términos reales respecto a este año, por concepto de derechos, aprovechamientos y productos, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por 24 votos a favor y nueve en contra, los senadores de la mayoría oficialista y aliados avalaron dicha ley que incrementa su cobro a algunas actividades como minería, servicios migratorios y uso y explotación de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
En el dictamen aprobado de la LFD, se incrementa la tasa de derecho especial sobre minería de 7.5 a 8.5 por ciento sobre los ingresos que obtengan los titulares de concesiones mineras derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva.
También aumenta la tasa de derecho extraordinario sobre minería de 0.5 a 1.0 por ciento sobre los ingresos que obtengan los concesionarios mineros derivados de la enajenación del oro, plata y platino.
Igualmente se incrementa 20 por ciento la cuota por prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales y se elevan 100 por ciento las cuotas por el uso o aprovechamiento de Áreas Naturales Protegidas.
El senador de Morena, Alejandro Murat, subrayó que el incremento en los ingresos públicos proyectada por la Secretaría de Hacienda en el Paquete Económico 2025 se logrará sin el aumento o la creación de nuevos impuestos.
Carolina Viggiano, senadora del PRI, afirmó que su grupo parlamentario irá en contra de la Ley de Derechos e Ingresos 2025 debido a que es “ineficiente e irresponsable”.
Argumentó que se continúa endeudando al país y además está elaborada con base en estimaciones de crecimiento económico para el siguiente año que serán difíciles de alcanzar.
La senadora del PT, Liz Sánchez, mencionó que la Ley Federal de Derechos está diseñada para que los recursos naturales y bienes públicos sean aprovechados con responsabilidad y justicia.
Apuntó que la reestructuración de derechos en sectores clave, como la minería y los servicios migratorios, asegura que quienes se benefician de estos recursos contribuyan adecuadamente al bienestar común.
“Un México más justo comienza con una recaudación fiscal más equitativa, donde cada quien aporta de acuerdo con sus posibilidades y, juntos, construimos una nación que no deja atrás a los más vulnerables”, dijo.
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