El juez segundo de distrito de Colima denunció penalmente e impuso a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), una multa de 54 mil 285 pesos, pues consideró que desacataron una suspensión dictada en septiembre en la que se ordenaba detener los preparativos para llevar a cabo la elección judicial de 2025.
En su resolución, el juzgador Francisco García Contreras aseguró que el INE “ha sido renuente en aceptar la suspensión decretada por este juzgador”, por lo tanto, este lunes dio vista a la Fiscalía General de la República por lo que considera un desacato de parte del árbitro electoral.
“Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado con copia autorizada del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, a fin de que se realice las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador, no obstante se le ha requerido en diversas ocasiones", dicta la resolución del juzgador.
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Asimismo, García Contreras impuso una multa de 54 mil 285 pesos en su resolución: “Se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de catorce de noviembre del presente año, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que se le impone una nueva multa a cada uno de sus integrantes (Consejeros) que asciende a $54,285.00 (cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos), prevista en la fracción III del numeral 262 de la Ley de Amparo, con la que se conminó”.
La resolución se originó luego de que el INE envió, en días pasados, un informe al juzgador en el que aseguró estar imposibilitado para poder cumplimentar la suspensión de la elección judicial en puerta.
Argumentó que hay diversos criterios jurisprudenciales donde se ve obligado a implementar los procesos electorales extraordinarios, además de no poder acreditar los trámites necesarios para cumplir con la medida cautelar.
“Contrario a lo que aduce la autoridad responsable, para acatar dicha suspensión es necesario un acto positivo, como lo es la sesión a partir de la cual se acuerde la paralización del proceso electoral por los consejeros del Instituto Nacional Electoral, lo que generaría un acuerdo general suscrito por dichas personas en el sentido de plasmar dicha decisión en un documento”, indicó el juez.
García Contreras concedió 24 horas al INE para abstenerse de seguir con la implementación del proceso electoral 2024-2025. Además, ordenó no emitir acuerdos en cuanto a “organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025”, se refiere.
Insistió en que si el INE continúa con el incumplimiento del mandato judicial, volverá a imponer a los 11 consejeros del árbitro electoral otra multa de 54 mil 285 pesos.
El pasado 4 de noviembre, el mismo juez ya había impuesto otra multa por la misma cantidad a los consejeros del INE, la cual ahora ya asciende a 108 mil 570 pesos para cada uno de los 11 integrantes del Consejo General, los cuales deberá ejecutar el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El delito de desacato es castigado con tres a nueve años de prisión; sin embargo, la decisión de comenzar con la carpeta de investigación corresponderá a la FGR.
PAN ve elección de jueces como “verdadero caos y un cochinero”
La oposición en el Senado aseguró que la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros es un verdadero caos por las prisas del Ejecutivo federal por imponer ya a sus juzgadores, lo cual se está convirtiendo en un “completo cochinero”, y será la élite política quien los elija, no los ciudadanos.
En entrevista con La Razón, Marko Cortés Mendoza, senador del PAN, afirmó que con esta legislación “caprichosa” lo que se hace es poner contra la espada y la pared al Instituto Nacional Electoral (INE), porque evidentemente no están preparados para hacer un proceso así de rápido como lo quiere el Ejecutivo.
“Dijimos que iba a ser un verdadero caos organizar esta elección, además con las prisas que trae el Ejecutivo federal por imponer ya a sus jueces, lo único que iban a hacer es un completo cochinero. Y ahora esta legislación muy caprichosa lo que hace es poner contra la espada y la pared al INE”, declaró.
En respuesta a los señalamientos de algunos consejeros del INE a este diario respecto a la suma de vacíos legales, dudas, pendientes y complicaciones de la elección de juzgadores que deberán resolver sobre la marcha, el panista dijo que ya se veía esta situación.
Opinó que este proceso extraordinario impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, será “un capricho muy costoso y nada útil, al contrario, lo único que van a hacer es tirar dinero y vulnerar al Poder Judicial; todo menos que vayamos a tener una justicia más pronta y expedita, al contrario, más costosa y más tortuosa”.
Cuestionado en relación a las denuncias de jueces y magistrados de que algunos aspirantes tienen antecedentes penales o están ligados al partido Morena, el senador por Michoacán manifestó que su partido lo anticipó desde el principio de esta reforma judicial.
“Ahí se van a desenmascarar de muchísimos que tienen cargo partidista y obviamente lo que buscan era meterse al Poder Judicial, mucha gente muy metida en Morena. Esto lo anticipamos, lo dijimos varias veces que iba a ocurrir y lamentablemente está ocurriendo”, añadió.
A pregunta expresa sobre las declaraciones del magistrado Juan José Olvera de que un día antes de la votación de la reforma judicial se perdonó la orden de aprehensión en contra del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, Marko Cortés aseguró: “Digamos que es parte de los pagos que va a estar recibiendo por su sometimiento permanente y por haberle dado, junto con el senador de Movimiento Ciudadano y los dos del PRD, esa mayoría artificial al grupo mayoritario”.
Por separado, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, coincidió que en todas las etapas de esta discusión que ésta no era la reforma que necesita el país; detrás está el capricho y el intento por capturar políticamente al Poder Judicial.
“No hay manera de sostener, en un sano juicio, que esta reforma pueda mejorar de manera esencial el sistema de impartición de justicia. Nada garantiza que la elección popular de jueces, magistrados y ministros y ministras en automático vaya a resolver los problemas que aquejan al sistema judicial.
“Al contrario, lo que vamos a provocar es la dependencia, la subordinación y el clientelismo del Poder Judicial al poder político, al poder del Ejecutivo, al poder del Legislativo porque de eso se trata en realidad un proceso de elección de esta naturaleza”, sostuvo Castañeda Hoeflich.
Buscarán culpar al INE por fracaso, prevén
Personas juzgadoras manifestaron su preocupación ante la existencia de lo que consideraron un “juego perverso”, en el que, aseguraron, se pretende culpar al Instituto Nacional Electoral (INE) ante un posible fracaso de las elecciones judiciales. Señalaron que el árbitro no tiene recursos ni capacidad para realizar la elección judicial, por lo que advirtieron, los comicios son la crónica de “un fracaso anunciado”.
Durante la “contramañanera” judicial, la magistrada Julia María del Carmen aseguró que existe un “juego perverso” en medio de la implementación de la elección de jueces, magistrados y ministros de 2025, pues el presupuesto asignado no es suficiente.
“Hay quien advierte incluso un juego perverso. Pónganse a pensar: el día que la elección fracase, el día que no sean suficientes los 18 mil millones de pesos que ya se van a destinar y, no son suficientes, entonces cuestionémonos cuánto serían suficiente para llevar a cabo una elección de esta magnitud”, consideró.
Es claro, señaló, que el INE no cuenta con los recursos necesarios para la implementación de la elección, además de asegurar que el “día que fracasase, el día que no sean el éxito que han pregonado por todos lados, ¿a quién le van a echar la culpa? Al INE”.
Explicó que dicho organismo es una “institución ciudadana que ha servido como árbitro para organizar, contar votos, para llevar a cabo las elecciones. Y ese día (las autoridades) van a tener la posibilidad también, porque ya lo estaban haciendo, de cuestionar la eficacia y la pertinencia, la permanencia misma del INE”.
Advirtió que la elección judicial, sin el presupuesto necesario, “es la crónica de un fracaso anunciado”, pues tampoco existe una definición de cómo es que se hará la distribución de la elección, pues los distritos electorales son distintos a los circuitos que tiene el Poder Judicial.
“Pensemos en los pueblos en las rancherías y todo eso, esa gente verdaderamente va a tener condiciones para nombrar a sus personas juzgadoras, pues va a ser prácticamente imposible”, señaló la magistrada Julia María del Carmen.
Señaló que la “esperanza es que en algún momento recapaciten, alguien tendrá que hacer prevalecer el Estado de derecho. Lo que está en riesgo es la subsistencia misma de la sociedad ordenada, donde se den cauces legales a estos problemas sociales. La autoridad lo que no está viendo es que está acabando su propia fosa”.
En su oportunidad, la magistrada Edna Lorena Hernández recordó que existen alrededor de mil 500 juicios de amparo y 500 suspensiones contra el proceso, y señaló que el árbitro electoral debe acatar los recursos interpuestos y no comprometer la transparencia de la elección.
“Nunca hemos entendido cuál es la prisa, por qué tanta urgencia de llevar a cabo la reforma cuando tenía que haberse respaldado con estudios serios técnicos”, dijo.
Asimismo, pidió que se cuide a los miembros de los Comités de Evaluación de los distintos poderes, pues consideró que “podríamos advertir el trabajo de la revisión de las listas de cada comité, para advertir cada selección”.
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LMCT
