Con 62 votos a favor y 30 en contra, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, y modificó la Ley de Responsabilidades Administrativas, propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En el paquete de leyes se establecen las facultades que tendrán instituciones y organismos; medidas para fortalecer la carrera profesional, así como las faltas que deberá castigar el Tribunal de Disciplina Judicial y las sanciones que impondrá.
Los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinan la nueva forma de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con nueve ministras y ministros y sin división de salas.
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También precisa las facultades que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, que en conjunto sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El Tribunal de Disciplina Judicial estará integrado por cinco magistrados que serán elegidos el próximo año y se encargará de recibir denuncias, investigar y sancionar a personas juzgadoras que incurran en alguna falta.
Mientras que el Órgano de Administración Judicial también estará conformado por cinco integrantes, uno de ellos será designado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y tres por el Poder Judicial. Éste sólo tendrá funciones administrativas.
Respecto a la Ley de Responsabilidades Administrativas se establecen cuáles son las faltas en las que pueden incurrir las personas juzgadoras y las sanciones que se les pueden aplicar, en tanto, la Ley de Carrera Judicial busca fortalecer a la Escuela Nacional de Formación Judicial para que además de brindar servicios al Poder Judicial, pueda capacitar a integrantes de fiscalías y de la policía.
La oposición se pronunció en contra de estas reformas, luego de que la priista Carolina Viggiano argumentó que desde el inicio de la enmienda presidencial “ha constituido una invasión al Poder Judicial”.
“Como nunca se ha destruido y se ha derribado un poder, incluyendo que ni siquiera se platicó con el mismo para construir reformas que fueran pertinentes. (…) Y sabemos que en el Poder Judicial, en el sistema de justicia hay deficiencias, pero también sabemos que nos ha costado mucho construir durante muchos años, y sobre todo, que ha sido parte de nuestra República, y no se puede concebir hoy una democracia sin que el Poder Judicial sea parte de la división de poderes”, indicó.
El panista Ricardo Anaya, reconoció que si bien hace falta una reforma de justicia en el país, la reforma al Poder Judicial no se diseñó para atender las deficiencias en el sistema de impartición de justicia, sino para que un grupo en el poder tenga el control del Poder Judicial.
“No hay duda, de que particularmente el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, responde a intereses políticos, y confirma que es el primer mecanismo de control para las listas. Y el segundo es el Tribunal de Disciplina, (…) fíjense que absurdo, darle al Tribunal de Disciplina la facultad de hacer cambios de adscripción”, agregó.
La morenista Nora Ruvalcaba, aseguró que durante décadas “fuimos testigos de un Poder Judicial cooptado por las cúpulas del poder, convertido en un bastión que perpetraba los privilegios de unos a cuantos. Un espacio blindado para los más privilegiados, que anteponía los derechos de las transnacionales a los del pueblo de México”.
Luis Alfonso Silva, senador del Partido Verde, refirió que con estas leyes “se acabaron los favoritismos, se acabaron las designaciones mañosas, ya no será un proceso cerrado y exclusivo de un pequeño grupo, sino que se abrirá a la participación y escrutinio público”.
El dictamen se envió a la Mesa Directiva del Senado para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, para ser puesta a consideración del pleno para su discusión y aprobación.
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FGR
