Por la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU

Exigen establecer rutas humanitarias seguras

Piden al Gobierno federal protección para las personas en movilidad en ambos lados de la frontera

Donald Trump, futuro presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, futuro presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Archivo).

Encabezadas por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), 80 organizaciones civiles exigieron al Gobierno federal protección para las personas en movilidad en ambos lados de la frontera, ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En una carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresaron su preocupación ante las posibles medidas que podrían obstaculizar el derecho a solicitar y recibir asilo, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones y reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en EU.

Señalaron que las medidas podrían generar un escenario sumamente perjudicial, tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en EU si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo”, destacaron en la misiva.

Indicaron que, es necesario garantizar la dignidad y los derechos humanos de esas poblaciones, por lo que pidieron fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en EU, especialmente en programas de representación jurídica.

Otras peticiones son el diseño e implementación una política binacional de retorno seguro y digno; garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante.

Asimismo, rechazar cualquier acuerdo bilateral que viole el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos; así como evitar colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas.

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