El Poder Judicial de la Federación (PJF) se quedó corto en la cantidad de aspirantes que la ley le permite postular, incluso hasta el final del proceso de selección de candidatos a jueces, ministros y magistrados para la elección del 2025, mientras que el Poder Ejecutivo terminó con un amplio margen para continuar con el proceso de selección, al cerrarse la primera etapa en la que los aspirantes sólo debían cumplir requisitos básicos. La medianoche de este domingo, en el último minuto que tenía para hacerlo, el Poder Legislativo difundió su listado depurado, después del primer filtro.
De los 33 mil 220 aspirantes inscritos ante los comités de evaluación de los Poderes de la Unión, 58 por ciento, correspondiente a los tres poderes, cumplió con los requisitos y avanzó a la siguiente etapa de evaluación para intentar conseguir un cargo judicial.
El Poder Ejecutivo palomeó a 11 mil 14 personas, mientras que el Judicial únicamente a mil 46 y el Legislativo a siete mil 177, un total de 19 mil 237 aspirantes, que representan 58 por ciento de los inscritos.
Que no hagan maletas
Aunque uno de los argumentos y objetivos de esta elección es erradicar el nepotismo en el sistema de justicia, las listas contienen nombres de grupos familiares o personas ligadas al movimiento de la Cuarta Transformación, como lo son integrantes de las familias Sánchez Cordero y Bátiz.
Según el artículo 96 de la Constitución, cada comité deberá integrar listados con las personas mejor evaluadas; será un listado de 10 personas para cada cargo. En los casos de ministros y ministras para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se renovarán nueve asientos, por lo que se requiere un listado de 90 en total, y serán 20 para los dos magistraturas en la Sala Superior del TEPJF; 50 para el Tribunal de Disciplina; 150 para los 15 en salas regionales; 464 para magistraturas de Circuito y 386 para juzgados de Distrito, que dan en suma cinco mil 410.
Teniendo esto en cuenta, cada comité debe ajustar las postulaciones a un número determinado por cada categoría, por medio de una insaculación y considerando la paridad de género, de manera que cada uno entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) mil 793 candidatos, siendo 27 para la Corte, seis para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 45 para las salas regionales del TEPJF; 15 para el Tribunal de Disciplina; 928 para las magistraturas de Circuito y 772 para los juzgados de Distrito. Para este paso, los comités tienen como fecha límite el 4 de febrero del 2025.
Entre los requisitos comunes que se pidió a los aspirantes cumplir, además de la documentación que acreditara su ciudadanía y formación académica esencial para desempeñarse en un cargo, se les pidió gozar de buena reputación y no haber sido condenados por algún delito que amerite pena corporal superior a un año de prisión.
Además de esto, se les pidió haber residido en el país durante los últimos dos años anteriores y no haberse ocupado como titulares de alguna Secretaría de Estado, en la Fiscalía General de la República, ni haber sido diputados, senadores o gobernadores un año antes.
Otros requisitos fueron la presentación de ensayos para justificar los motivos de su postulación, así como referencias de vecinos, colegas o personas que brindaran testimonio de su idoneidad para el cargo.
Ahora viene la tercera etapa, que consta de dos fases. La primera se enfocará en la evaluación de los aspirantes, con base en sus conocimientos técnicos que resulten necesarios para el cargo que busquen. Además, se habrá de corroborar su “honestidad, buena fama pública y competencia”.
Para esta evaluación, se contará con una tabla de calificación de 100 puntos, donde 40 se obtendrán de méritos académicos; 30, de méritos de experiencia profesional, y 30, de honestidad y buena fama pública.
Quienes obtengan mínimo 80 por ciento de puntos, pasarán a la segunda fase de la tercera etapa, en donde, según el comité ante el que se hayan inscrito, se les aplicará una entrevista presencial o virtual, con al menos dos de los integrantes del comité.
Terminada esta etapa, cada comité deberá conformar un listado de las diez personas mejor evaluadas para el caso de ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina y de las Salas Superior y Regionales del TEPJF, así como las seis mejor evaluadas para cada cargo como magistrados de tribunales colegiados de Circuito y los de Apelación, además de jueces.
La cuarta etapa consiste en la insaculación para que cada comité termine por proponer a mil 793 aspirantes, procurando la paridad de género, y dichas listas serán remitidas al Senado a más tardar el 8 de febrero para que las mismas pasen luego al INE.
Avanzan exprocuradora, exconsejera del INE...
De los más de tres mil 800 aspirantes inscritos ante el Poder Judicial (PJ) para participar en los comicios del 2025, sólo mil 46 avanzaron. Entre ellos, personas que ya tuvieron cargos en dicho poder.
De acuerdo con el listado publicado este domingo en el PJ, sólo avanzaron 374 personas postuladas para los tribunales colegiados de Circuito y 24 para los de apelación, que en total suman 398, cifra que es menor a los dos mil 788 que se requerían en el listado preliminar para luego definirse únicamente a 928 mediante insaculación después del 4 de febrero.
Para los cargos en la Corte avanzaron 25; para el Tribunal de Disciplina, nueve; para las salas regionales, 33; para tribunales colegiados de Circuito, 374, y de Apelación, 24; y para jueces de Distrito, 573.
Esto quiere decir que el Poder Judicial no cubrirá 57.2 por ciento de las candidaturas requeridas en los tribunales.
En el listado no aparecen los nombres de las actuales ministras del alto tribunal, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, debido a que ellas cuentan con pase directo a la elección, pues así se estableció en la reforma.
Otro nombre que aspira a conformar el pleno de la Corte, y que pasa a la siguiente fase, es el de Marisela Morales Ibáñez, titular de la extinta Procuraduría General de la República durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón; asimismo, destaca Adriana Favela, exconsejera del Instituto Nacional Electoral.
Entre los hombres que también buscan lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, quien en el pasado fue vinculado con élites polémicas como los Legionarios de Cristo y Marcial Maciel, dichos de los cuales se separó al negar conocer a los mencionados.
Para la sala superior del Tribunal Electoral aparece la expresidenta de la Sala Especializada del TEPJF Gabriela Villafuerte Coello, quien se registró ante los tres comités de evaluación y que también avanzó en el listado del Poder Ejecutivo.
En la lista y para el mismo cargo, además avanzaron Rubén Lara Patrón, Luis Espíndola Morales, Marco Antonio Zavala Arredondo y Enrique Figueroa Ávila.
Dan pase a 60% de los anotados
De los 18 mil 447 aspirantes a juzgadores inscritos ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, siete mil 433, equivalentes al 40.2 por ciento, fueron descartados por incumplimiento de requisitos, mientras que 11 mil 14 avanzaron a la etapa de evaluación de idoneidad.
Entre los nombres que fueron palomeados por cumplir los requisitos básicos se encuentran familiares y personajes cercanos a la 4T, como la hija de la diputada de la bancada de Morena y exministra Olga Sánchez Cordero, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien buscará ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la lista también aparece un sobrino de la legisladora; se trata de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, quien aspira a una magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Otros nombres que también están son el consejero de la Judicatura Bernardo Bátiz, quien busca pasar al pleno del alto tribunal, y su hija, Susana Bátiz Zavala, quien aspira a ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial.
También avanzó María Estela Ríos, exconsejera jurídica en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que ahora busca llegar a la Suprema Corte. También se encuentra el actual encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien pretende ser magistrado de Circuito.
El comité de la Presidencia no dejó fuera a perfiles críticos a la reforma judicial, como Roberto Gil Zuarth, panista y exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que contenderá por convertirse en ministro del alto tribunal.
El listado del Ejecutivo va más allá del mínimo requerido de cinco mil 410 postulantes para luego hacer las entrevistas, depurar y proceder a la insaculación de la que salgan las mil 793 propuestas.
Ven “falta de ética” de aspirantes
El profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Francisco Burgoa Perea, señaló como una “falta de ética” por parte de las personas que se inscribieron para ser candidatos a la elección de jueces, magistrados y ministros.
“Postularse sin cumplir los requisitos no solo evidencia una falta de ética, sino que contradice la seriedad del proceso; no era cuestión de ‘a ver si pega’”, compartió el académico a través de redes sociales.
Mencionó que todas las personas que se inscribieron en el proceso debían cumplir con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la convocatoria de los Comités de Evaluación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Agregó que quienes cumplían con los requisitos debieron acreditarlos de manera fehaciente, sin imponer criterios personales sobre su forma de validación y resolver dudas si las había.
“El cargo de juez, magistrado o ministro exige rigor, capacidad de lectura, comprensión y cumplimiento de la Constitución, la ley y las directrices de los Comités de Evaluación”, apuntó Burgoa Perea.
Este domingo se dieron a conocer las listas de los aspirantes que se registraron en los diferentes comités para buscar una candidatura a jueces, magistrados y ministros.
En los comités del Ejecutivo y Judicial se registraron 22 mil 259 personas en los dos comités, pero una vez que fueron revisados los documentos que entregaron sólo 54 por ciento de los inscritos cumplió con los requisitos, como contar con el promedio mínimo de ocho en la carrera de Derecho, haber entregado cinco cartas de sus vecinos, entre otros.
Entre los requisitos de elegibilidad destacan: acta de nacimiento; credencial para votar; constancia de residencia; título de licenciatura, —que se verifica por la (SEP)—; historiales académicos y documentos que acrediten su actividad profesional.