Los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sumaron 162 mil 855 pesos, que deberán pagar a la Tesorería de la Federación (Tesofe), esto tras darse a conocer que un juez de distrito impuso una tercera multa por desacato a la suspensión en la que ordenó frenar el proceso electoral judicial.
El juez Segundo de Distrito con sede en el estado de Colima, Francisco Javier García Contreras, dio a conocer un acuerdo en el que impuso una nueva multa por 54 mil 285 pesos a cada uno de los consejeros del árbitro electoral, los cuales, deberán ser pagados a la Tesofe.
El juzgador colimense, señaló en el acuerdo que no hay voluntad por parte de los consejeros del INE para acatar la suspensión dictada por un Tribunal Colegiado, que involucra el proceso judicial que continua su curso.
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“Se evidencia nuevamente el incumplimiento a la suspensión provisional concedida en auto del veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, modificada mediante resolución emitida en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro, en el recurso de queja 937/2024, por el Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima”, señala el acuerdo.
Insiste en que las resoluciones se deben cumplir a “cabalidad” para “para evitar se pierda el Estado de derecho, lo cual es un mandato constitucional supremo creado por el pueblo desde la formación del Estado, para vivir libres de arbitrariedades fincadas en la voluntad de algunos cuantos”.
Tras la negativa de poner pausa al proceso, el juzgador impuso “una nueva multa a cada uno de sus integrantes (Consejeros) que asciende a $54,285.00 (cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos), prevista en la fracción III del numeral 262 de la Ley de Amparo, con la que se conminó”.
A inicios del mes de diciembre, el mismo juez realizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República a los 11 consejeros del INE, “a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador”.
Dicho artículo establece una pena de tres a nueve años de prisión, además de una multa de 50 a 500 días, además de la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.
Por otro lado, desde el pasado 28 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el mismo un juez de distrito, requirió información sobre las consejeras y consejeros del INE con la finalidad de proceder al cobro de una multa impuesta a cada uno por incumplir la suspensión que ordenaba frenar la organización de la elección judicial.
También el juez instruyó la remisión de copias simples de las identificaciones oficiales y los nombramientos de las consejeras y consejeros electorales.
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