El Gobierno federal destapó una serie de tramas de corrupción en el Infonavit, que involucra a trabajadores, notarios y peritos, e incluye fraudes, triangulaciones de recursos y asignación de múltiples créditos a derechohabientes sobre una misma vivienda.
Con estas revelaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para defender la reforma al Infonavit que ella misma presentó, al señalar que se plantea homologar los órganos de gobierno a los del IMSS, para posibilitar un mayor control de éstos sobre el instituto.
El director general del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, exhibió redes de corrupción halladas dentro de la dependencia con las que se triangularon recursos y se vendieron las mismas viviendas a miles de derechohabientes, a lo que se suman acusaciones contra los órganos internos que representan a los trabajadores y al sector empresarial por no permitir que se auditaran sus operaciones.
Ante las anomalías, la Presidenta anunció que se denunciará penalmente a los responsables. Además, argumentó que con la actual estructura interna del Infonavit —y que es lo que busca cambiar su reforma—, el director no tiene voz ni voto.
“Ya iremos informando de todas las medidas que se van a tomar. Lo que nos interesa ahora es que sepan que el objetivo de la reforma a la ley es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores”, dijo.
Uno de los casos expuestos fue la empresa Terla Realty, a la que se le dio un contrato por cien millones de pesos a cambio de un trabajo a realizarse en dos años, tarea que no entregó y que además no se le penalizó por ello, además de que el Consejo de Administración cedió una indemnización por cinco mil millones de pesos.
El expriista Alejandro Murat, actual senador por Morena, fue director general del Infonavit entre 2012 y 2015, durante el gobierno de Enrique Peña; sin embargo, ha guardado silencio después de lo expuesto en la conferencia, aunque anteriormente se ha deslindado de toda responsabilidad.
Octavio Romero explicó que dos de los cinco socios de la empresa devolvió dos mil millones, pero otros tres se negaron a devolver los restantes.
Como parte de esto, se exhibió un comprobante emitido por otra empresa para justificar la indemnización mediante un documento firmado por la misma empresa, lo cual constituye una irregularidad.
También apuntó la identificación de una triangulación de recursos entre las empresas contratadas por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario de la misma dependencia que era asesor de Dirección General.
Además, explicó el caso del programa del Infonavit Línea III, que se creó para financiar a constructores de vivienda y que arrastra desarrollos habitacionales inconclusos que fueron autorizados por el sector de trabajadores entre los años 2016 y 2018.
Denunció, asimismo, que se identificó una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores coludidos para otorgar créditos múltiples para una misma vivienda, con el fin de estafar a los derechohabientes. Las entidades más afectadas fueron Estado de México, donde 496 viviendas fueron vendidas cuatro mil 130 veces; en Jalisco, 239 fueron vendidas dos mil 37 ocasiones, y Baja California, 205 se entregaron mil 696 veces.
Se identificó que un notario del Estado de México ratificó mil 592 operaciones para 240 casas entre el 2014 y el 2022; otro, en la misma entidad, vendió 158 propiedades en 937 ocasiones.
Ahora, dijo, el objetivo es recuperar lo que se pueda de terrenos y dinero, pues miles de trabajadores fueron despojados de su vivienda sin enfrentar juicios justos, lo cual pasó sin que el Consejo de Administración tomara cartas en el asunto.
Mencionó que actualmente el Infonavit cuenta con una cartera de 6.2 millones de créditos, de los cuales cuatro millones se encuentran en condiciones impagables como resultado del diseño de financiamiento que se tuvo durante años.
También apuntó que en la última década no se ha construido vivienda para trabajadores, por lo que hay 7.3 millones de derechohabientes con acceso a crédito, pero sin alternativas ni espacios para utilizarlos.
Explicó que la reforma al Infonavit busca beneficiar a trabajadores que perciben menos de dos salarios mínimos para que tengan acceso a vivienda. Por ello, se propone que el instituto cuente con una constructora propia, para dotar de opciones de vivienda a esos 7.3 millones de personas.
Entre los beneficios de ello, subrayó la reducción de tiempos y costos de producción de vivienda mediante la compra consolidada de materiales; se priorizará la mano de obra en estados y serán ubicadas en centros urbanos con acceso a servicios.
En cuanto a su composición en el órgano de gobierno, sólo se plantea homologar el del Infonavit con el del IMSS, donde el director general también será parte del consejo de administración y de la asamblea general. Por ello, se respeta el principio tripartita, donde tanto el gobierno como los sectores obrero y privado están representados por igual.
Hizo hincapié en que se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios que no tienen funciones sustantivas, pero que a pesar de ello ganan más que la Presidenta de la República.
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FGR
