La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) presentó una ampliación de la demanda de amparo ante el juez Primero de Distrito en Morelia, Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, solicitando que los efectos de la suspensión definitiva otorgada contra la reforma judicial sean aplicables también a los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, argumentó que estos comités, responsables de la implementación de la reforma judicial, deben suspender cualquier acto relacionado con el decreto reclamado.
La suspensión definitiva, según señaló, tiene el objetivo de detener “todo proceso o procedimiento contemplado en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, de ahí que deba evitarse se sigan generando actos en ejecución del Decreto reclamado”.
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Fuentes Velázquez subrayó que la suspensión otorgada por el juzgado no ha sido revocada ni modificada, y que su cumplimiento es obligatorio para todas las autoridades vinculadas. Indicó que esta obligación se extiende también a los comités, pese a que no fueron señalados originalmente como responsables en el juicio de amparo.
“Esto significa que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, y el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la Elección Extraordinaria de personas juzgadoras, están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva emitida por una autoridad judicial de distrito en ejercicio de su competencia prevista en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señala el documento.
Señala que buscan proteger derechos de los integrantes del PJ
La suspensión, dictada originalmente para proteger los derechos de los integrantes del Poder Judicial afectados por la reforma, incluye la prohibición de actos como la remoción de jueces y magistrados, la reducción de sus remuneraciones, y la obligatoriedad de participar en procesos electorales extraordinarios como condición para mantener sus nombramientos.
Suspensión también señala que “debe ser acatada no solo por las autoridades responsables señaladas en el juicio de amparo, sino también por aquellas vinculadas al cumplimiento de la suspensión, en razón de sus funciones”.
Con esta solicitud, la JUFED busca garantizar que ninguna autoridad relacionada con la implementación de la reforma judicial actúe en contravención a la resolución judicial vigente, consolidando la defensa de los derechos laborales y constitucionales de sus representados.
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