Finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que extingue a siete órganos autónomos que surgieron durante los primeros años del actual siglo. Su constitución respondió a un consenso que buscaba contrarrestar el poder absoluto del Gobierno sobre decisiones relacionadas con la información pública, las concesiones en materia de telecomunicaciones, la competencia económica y la medición sin sesgo de la pobreza, entre otras. Sin embargo, todas ellas, durante el sexenio pasado, fueron señaladas de actuar en favor de intereses creados o de incurrir en actos de corrupción. Ahora sus tareas serán absorbidas por el Gobierno, aunque hasta el momento no se tiene claro cómo es que eso ocurrirá. Las mayores inquietudes están relacionadas con el acceso a la información y con los derechos de las personas que desarrollaron conocimientos especializados en su materia y perderán su empleo. Pendientes.
