Las elecciones del 2 de junio no sólo dieron al bloque de la autodenominada Cuarta Transformación la Presidencia de la República, sino también la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, que fue clave para que Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobara la tan anunciada e histórica reforma al Poder Judicial que busca, entre otros cambios, elegir a jueces, ministros y magistrados por voto popular.
Además de las 18 iniciativas de reforma constitucional que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador también hay dos de carácter legal y las dos que impulsó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en sus primeras semanas al frente del país.
De estas 22 propuestas de reforma en total, que ambos jefes de Estado presentaron este 2024, y con el control de las dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, Morena y sus aliados en la LXVI Legislatura han conseguido, hasta ahora, la aprobación de 11 enmiendas correspondientes al exmandatario y las dos que envió la jefa del Poder Ejecutivo Federal.
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En todo esto, el poder de la oposición para conseguir algún cambio o frenarlo se vio disminuido por los mismos resultados electorales, pues ningún intento de su parte —ni el que hicieron organizaciones ajenas al Poder Legislativo que se mantuvieron en desacuerdo con los proyectos de la 4T—, consiguieron que se cancelara alguna de las reformas.
Y aunque la oposición no se ha manifestado contra el paquete de modificaciones, un argumento común contra la mayoría de ellas es que resultan violatorias de derechos humanos y que atentan contra el principio de progresividad; es decir, que no haya retrocesos, como el que consideran que sí ha habido con las reformas como la que llevará al país a una elección judicial en 2025 y 2027, así como la eliminación de algunos organismos autónomos.
Por encima de bloqueos, tomas de instalaciones, protestas y acciones judiciales, el morenismo echó a andar sus facultades para aprobar reformas a la Carta Magna con maratónicas sesiones en sedes alternas inéditas, como la que se dio en un gimnasio en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.
Fue el 5 de febrero de este 2024 cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados un paquete de 20 iniciativas, de las cuales dos consisten en cambios a leyes secundarias y las otras 18, a la Constitución, y que en conjunto modifican 53 artículos del texto mayor, lo que a la vez se traduce en el “mayor movimiento de reformas constitucionales simultáneas en la historia de México”, como en su momento lo definieron expertos constitucionalistas y politólogos como Diego Valadés, Sergio López Ayllon, Jesús Orozco y Pedro Salazar, quienes en diversas páginas de un estudio conjunto se refirieron al plan reformador como “discrecional” o regresivo.
Por el contrario, el exmandatario tabasqueño presentó su proyecto reformador como una forma de llevar a la Carta Magna los “derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”.
De las 11 reformas aprobadas por diputados y senadores, únicamente cinco fueron promulgadas en el Diario Oficial de la Federación; tres estaban en espera de que la Presidenta Sheinbaum emitiera los decretos y otras tres estaban en los congresos locales, donde deben alcanzar el aval de al menos 17 de los 32 para que se emita su declaratoria de constitucionalidad y así entren en vigor.
La reforma principal de todo este proyecto es la que modifica la estructura del Poder Judicial (PJ), cuyo eje es llevar la designación de jueces, ministros y magistrados a las urnas.
Este plan salió avante, a pesar de que trabajadores de dicho poder bloquearon las cámaras federales y congresos estatales, ante lo cual legisladores activaron sedes alternativas y desahogaron la encomienda, que ahora ya es implementada con preparativos para los primeros comicios judiciales de la nación.
Los otros proyectos concretados son el que traslada el mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; el que reconoce los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas; el que recupera el transporte ferroviario para el traslado de pasajeros, y con el que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad recuperaron el estatus de empresas públicas del Estado, lo que representa su preponderancia para la producción y suministro energético del país por encima del sector privado.
Las que están en espera de la firma presidencial son las relativas a la protección y cuidado de los animales; la que lleva a la Carta Magna los apoyos que se dan a personas con discapacidad, productores, pescadores y campesinos, y la relativa a crear un sistema de vivienda para todas las personas trabajadoras.
Mientras tanto, los proyectos con los que se aumentó el catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa, es decir automática; con el que se garantizan salarios mínimos, y con el que se extinguieron siete organismos autónomos, pasan por la revisión de los congresos estatales.
El último en consumarse en las cámaras federales fue el de la eliminación de los siete órganos autónomos: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
También la Comisión Federal de Competencia Económica; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
En la primera semana de diciembre, San Lázaro entró a la votación de dos reformas más: la relativa a establecer la política de austeridad y que ningún servidor público gane más que quien ocupe la Presidencia de la República, así como la enfocada a prohibir la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo, así como otras drogas sintéticas no autorizadas.
Mientras tanto, en el Senado se daba la ratificación de las reformas para robustecer las acciones en materia de protección civil ante desastres, y para fijar en la Constitución los apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Además, las vinculadas al derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua; a la atención médica integral, universal y gratuita; la relativa a echar atrás el sistema de pensiones de 1997; a regular los adeudos por concepto de cuotas y aportaciones no integradas al ISSSTE, y una más para fusionar, integrar o extinguir otros 17 órganos y organismos desconcentrados, estaban en espera de ser dictaminadas.
Finalmente, de las 20 reformas obradoristas, la única que fue desechada sin analizarse fue la electoral, pues el coordinador de Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal, anunció que se esperarán al siguiente periodo de sesiones de la LXVI Legislatura, que inicia en febrero del 2025, para analizar un nuevo proyecto que, se espera, se empate con el que la Presidenta Sheinbaum remitirá con objetivos similares.
El proyecto propuesto por el exmandatario se abocaba a reducir los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar “excesivas” estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales, de forma que la Cámara de Diputados se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora.
Esta mayoría también ya alcanzó a aprobar dos reformas de la actual mandataria: una para dar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) facultades de investigación, entre otros objetivos, y una más para garantizar la igualdad sustantiva, una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial para las mujeres.
El arrasamiento de la 4T llegó acompañado por una reconfiguración de las bancadas en San Lázaro, respecto de los resultados electorales, pues una vez lista la nueva legislatura, 15 diputados que ganaron el cargo por el PVEM se pasaron al grupo parlamentario guinda y, entre otras adhesiones, Morena consiguió 253 integrantes; es decir, ser el partido que ocupa la mitad del pleno y que le concedió el derecho para presidir, durante los tres años, un órgano legislativo vital para cualquier toma de decisiones: la Junta de Coordinación Política, en manos de Ricardo Monreal.
