El 15 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto por el que se reforma la Constitución para dar paso a un cambio sin precedentes en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que sus jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, aunque dicha modificación se dio en un clima de confrontación y máxima tensión.
Fue el martes 3 de septiembre cuando, en medio de encontronazos, se dio la discusión de la enmienda, que hasta finales de año sigue causando discusiones e indefiniciones, ahora por el costo y las lagunas que implica la elección judicial del próximo junio, la primera de juzgadores en la historia de México.
Aquel martes 3, luego de que trabajadores del Poder Judicial bloquearan la Cámara de Diputados, los legisladores discutieron la reforma de Andrés Manuel López Obrador en una sede alterna: La Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, donde decenas de manifestantes se dieron cita con el objetivo de impedir una discusión que se prolongaría hasta las primeras horas del miércoles 4 de septiembre.
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El miércoles 4, Morena y sus aliados –Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– hicieron valer su mayoría para avalar el dictamen, con 359 votos a favor y 135 en contra de los legisladores de oposición.
La reforma judicial propone un cambio en el funcionamiento actual del Judicial a nivel federal. Su impulso se dio después de una serie de críticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la corrupción imperante en ese poder, que dio lugar a encontronazos entre ambas partes, aunque hay voces que señalan que se trata de una venganza y un afán del exmandatario para que el Ejecutivo controle al Poder Judicial.
En el centro de la reforma, desde la narrativa de la Cuarta Transformación, está democratizar la elección de autoridades judiciales, con más de mil 600 puestos, entre jueces, magistrados y ministros, estando ahora sujetos a elecciones populares escalonadas.
En el 2025 serán electos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, mientras que la otra mitad será elegida en el 2027. Los cambios constitucionales siguen creando controversia, como la que ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando el Senado llevó a cabo la insaculación de 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados federales para la elección extraordinaria que se realizará en el 2025.
Esa ocasión, con el objetivo de dar claridad a la insaculación, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, explicó que “van a ir a la elección 464 magistraturas el primer domingo de junio de 2025 y van a ir 386 juzgados federales a la elección de junio de 2025”.
Admitió que no se tenía experiencia en este proceso porque es inédito, y comentó que hubo 15 juezas que estaban en condición de embarazo y lactancia, “y llevarlas a la elección de junio de 2025 se nos hacía una insensibilidad, y el Consejo de la Judicatura de todos modos las había integrado en la lista y nosotros determinamos, una vez hecha la insaculación, que de las 15, ocho les tocaba su juzgado, y por lo tanto, determinamos no hacerlo así y mandarlas a junio de 2027”.
La reforma judicial logró que organismos internacionales y juristas de todo el mundo pusieran el ojo en el país, pues la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación, advirtieron, vulnera los derechos humanos y la democratización de un país.
Apuntaron que el nuevo esquema cambiaría de un modelo basado en exámenes profesionales, a un sistema de votación que no necesariamente atiende las capacidades de quienes ocupen los cargos.
Hasta antes de la reforma, las personas ministras de la Suprema Corte eran nombradas con la participación del Ejecutivo y del Senado. Además, la reforma contempla replicar el mismo modelo en las 32 entidades federativas.
Este sistema de elección popular de autoridades judiciales de todos los niveles no tiene paralelo en la región.
En este nuevo esquema, las candidaturas a los cargos judiciales serán propuestas por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo con la ruta marcada, cada poder integró un comité de evaluación compuesto por personas expertas, para seleccionar a un listado corto de aspirantes, tras lanzar una convocatoria pública. Dicho listado será depurado mediante procesos de evaluación e insaculación, y los nombres finales serán remitidos al poder correspondiente para su aprobación.
La enmienda constitucional dispone también la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes serán electos por voto popular, con facultades amplias para supervisar y sancionar al personal judicial, y que estaría a cargo de evaluar el desempeño de las personas juezas y magistradas durante su primer año de ejercicio. Este tribunal sustituye al aún vigente Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el registro de aspirantes a una candidatura para la elección de cargos del Poder Judicial “fue un hecho histórico, inédito y un éxito”, luego de que 18 mil 447 personas se registraron en la convocatoria del comité de evaluación del Poder Ejecutivo para participar en la elección, mientras que por el Legislativo se inscribieron por lo menos 11 mil 904 aspirantes, y por el Judicial fueron tres mil 805 personas registradas.
La reforma también generó discrepancias hasta en los recursos para la elección de cargos, luego de que el INE protestó por una disminución en su presupuesto que, dijo, afectará los comicios en 2025.
Juristas también se inconformaron
Durante las primeras horas del 19 de agosto estalló un histórico paro de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial, quienes solicitaban al Legislativo un diálogo para no concretar la reforma en la materia, que se extendería casi tres meses.
Del momento inédito se dejó testimonio en redes sociales, con videos en los que se ve cuando se cierran las puertas de la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Los inconformes declararon que la iniciativa de reforma al Poder Judicial pretende someter al “único contrapeso entre los Poderes de la Unión y garante de los derechos”.
El 9 de septiembre se dio uno de los sucesos más significativos, cuando las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron cerradas, como símbolo de protesta por parte de los ministros que se sumaron y alzaron la voz. El grupo liderado por la presidenta Norma Piña, además de Luis María Aguilar, Jorge Pardo y José Luis González Alcántara Carrancá, bajo la cortina; en contraparte, las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel defienden la reforma.
Con información de Claudia Arellano
