Una lluvia de más de 140 impugnaciones fue presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de los tres comités de evaluación encargados del análisis de los aspirantes a alguno de los más de 800 cargos que se renovarán en el Poder Judicial en el 2025, por candidatos que se consideran excluidos del proceso de manera irregular.
De acuerdo con los estrados electrónicos, hasta este lunes se tenía registro de 149 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía (JDC) promovidos por aspirantes que fueron descartados en el primer filtro del proceso, en donde se evaluó el cumplimiento de los requisitos legales, como la documentación.
Al inicio del proceso se inscribieron 33 mil 220 personas, de las cuales fueron rechazadas en el primer filtro 13 mil 982 y lograron avanzar 19 mil 238.
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De los juicios, 11 fueron presentados en contra de lo resuelto por el Comité de Evaluación del Poder Judicial; 101, del Poder Ejecutivo, y 34, del Poder Legislativo; el resto es en contra de dos o más de los Poderes.
Un JDC es un medio de impugnación con el que las y los ciudadanos piden a la autoridad competente que se protejan sus derechos en materia electoral y únicamente procede cuando la o el afectado consiga que se valide que hubo violaciones a sus derechos.
De acuerdo con los lineamientos, las magistraturas del TEPJF deben elaborar los proyectos de resolución correspondientes en las siguientes horas, para determinar si las quejas de los inconformes son fundadas o no.
“Los comités publicarán la lista de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad. Las candidaturas que hayan sido rechazadas podrán impugnar esa decisión ante el Tribunal Electoral o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, dentro del plazo y conforme al procedimiento que determine la ley y los acuerdos generales en la materia.
“Las impugnaciones serán resueltas dentro de un plazo que permita a las y los aspirantes participar en la evaluación de idoneidad en caso de que su impugnación resulte fundada”, señala la Ley General de Instituciones y Partidos Políticos.
Uno de los primeros en inconformarse fue Luis Eurípides Flores, exrepresentante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y hoy abogado dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a cargo del expresidente de Morena, Mario Delgado Carrillo.
El pasado 13 de diciembre anunció su impugnación al listado del Comité de Evaluación del Poder Judicial, por haber sido excluido de la lista de participantes, bajo una acusación central: que, a diferencia de los otros dos comités, en éste los participantes no tuvieron oportunidad de defenderse tras ser eliminado.
Aunque fue buscado para conocer si se mantendrá en la lucha por el cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no respondió.
En estos días y hasta el 31 de enero, los tres comités tendrán como tarea el análisis de todos los perfiles en cuanto a su probidad, fama pública, antecedentes personales e historial académico, a partir de lo cual se elegirá a quienes pasarán a otra etapa para que los aspirantes sean entrevistados.
Para esto, se tomará en cuenta su perfil curricular, así como sus antecedentes profesionales y académicos, entre otros que determine cada comité, para valorar su honestidad y buena fama pública.
