En los últimos 20 años de los que se tiene registro, la violencia y falta de apoyo han desencadenado un fenómeno de venta de ejidos en México, con la consecuente pérdida de superficie de uso agrícola.
Dicha extensión perdió al menos 3.5 millones de hectáreas, 4.2 por ciento del total, debido a la inseguridad y a que el crimen organizado se ha apropiado de una cantidad no cuantificada de terrenos de este tipo, además de factores como la venta de la propiedad a acaparadores inmobiliarios por falta de apoyos para la actividad agrícola.
Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), advirtió que la falta de producción en el campo y el abandono se ha dado por la violencia del crimen organizado. Explicó que en estados donde se siembra limón y aguacate, “familias han tenido que migrar para no entrar al pago ilícito de piso”.
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No vale la pena la denuncia, no vale la pena la resistencia, porque mientras los mexicanos de a pie andan a la buena de Dios, las bandas delincuenciales están armadas hasta los dientesÁlvaro López Ríos, Secretario general de la UNTA
Señaló que, durante sus recorridos, ha tenido conocimiento de que la delincuencia organizada destruyó huertas, por lo que sus propietarios “tuvieron que irse a Estados Unidos”. “No vale la pena la denuncia, no vale la pena la resistencia, porque mientras los mexicanos de a pie andan a la buena de Dios, las bandas delincuenciales están armadas hasta los dientes y a todas horas, sin que nadie los moleste; en algunas zonas se han juntado factores que se han convertido en un apocalipsis para los pequeños y medianos productores, sobre todo los ejidatarios y comuneros”, enfatizó López Ríos a La Razón.
Expuso que, tras la salida de las familias de los terrenos, “esas tierras se quedan en abandono, por una parte, y la otra es que hay colusión del crimen organizado con los notarios que hacen falsas escrituras y se apropian de las tierras a la malagueña. ¿Quién se va a arriesgar a recuperarlos?”, cuestionó.
Además de este problema, Judith Cuevas, ejidataria del estado de Hidalgo, comentó a este diario que en el campo también existen “pequeñas mafias” llamados “medieros”. Explicó que son aquellas personas “que se aprovechan de las personas mayores o de las personas que desconocen cómo trabajar y ellos ponen sus precios”.
Las semillas estaban agusanadas, con polillas, no servían (…); entonces, la gente dejó de utilizarlos, además de que se empezaron a construir casas cerca de los ejidosJudith Cuevas, Ejidataria de Hidalgo
Narró que los “medieros ponen sus semillas y sus condiciones, aunque tú eres el dueño de la tierra, y en medio de los sembradíos hay ocasiones que empiezan a sembrar otras cosas, en medio de los sembradíos de maíz”, y estando en medio de los grandes cultivos, el propietario no se da cuenta.
Otro problema que afecta al agro, expuesto por el líder de la UNTA, es la falta de apoyos productivos, lo que ha obligado a los ejidatarios a vender sus tierras particulares.
Explicó que, hasta el 2020, se habían vendido 3.5 millones de hectáreas de tierra ejidal en las últimas dos décadas a acaparadores de tierras y grandes empresas inmobiliarias.
Además, aseguró que el abandono del ejido también se ha generado por la falta de apoyos del Gobierno federal, que son canalizados por esquemas como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y fertilizantes, los cuales no abordan de manera integral las necesidades del campo mexicano, señaló, y esto ha llevado también a los ejidatarios a vender sus tierras a desarrollos inmobiliarios.
La ejidataria Judith Cuevas coincidió en que, dentro de los pocos apoyos que llegaban al campo, “las semillas estaban agusanadas, con polillas, no servían, o no rendían como tenían que rendir; entonces, la gente dejó de utilizarlos, además de que se empezaron a construir casas cerca de los ejidos y esto impide el acceso para que entren las máquinas a trabajar”.
En este contexto, el dirigente estatal de la UNTA en Yucatán, Guillermo Cauich Durán, apuntó que la falta de apoyos en su estado obligó “a los ejidatarios a vender sus tierras a particulares, como sucede en el ejido en Tixkokob”, así como la venta del cenote Yaxhuá, considerado patrimonio del pueblo y de campesinos de las zonas aledañas.
López Ríos explicó que la pérdida de la tierra ejidal y la falta de producción agrícola afecta la soberanía alimentaria, ya que se reduce la capacidad de producir alimentos de manera local y sostenible, además de que México importó alrededor de 23 millones 800 mil toneladas de maíz y se ubica con una dependencia alimentaria del 66 por ciento.
Expuso que en el país hay una superficie no sembrada de cuatro millones 067 mil 206 hectáreas como consecuencia del mal temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero o apoyos, o porque no hubo quién la sembrara debido a la población que ha abandonado sus parcelas por el asedio de la delincuencia organizada.
La superficie agrícola total en México comprende 26 millones 104 mil 423 hectáreas –la séptima parte de la extensión territorial continental del país–. La pérdida de la tierra disponible para cultivarse, dijo el líder de los trabajadores agrícolas, genera consecuencias ambientales negativas, al ser utilizada para la urbanización o la explotación de recursos naturales, además de que hasta el momento el 45 por ciento del territorio nacional padece algún tipo de degradación.
