La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó por unanimidad a los Comités de Evaluación del Poder Judicial de la Federación integrar a los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos para participar en la elección de jueces, ministros y magistrados y que justifiquen por qué están excluyendo a diversos abogados e impartidores de justicia de este proceso de selección de candidaturas.
Presentaron impugnaciones por no contar con argumentos
En sesión ordinaria, los magistrados coincidieron en que los comités deben transparentar los argumentos por los cuales dejan fuera a los aspirantes a juzgadores.
Lo anterior, después de que varios de ellos presentaron impugnaciones en contra de las expulsiones de las listas sin argumentos.
Destraban reforma de vapeadores
“Se ordena al Comité de Evaluación lleve a cabo la inclusión de la parte actora en la lista de aspirantes en la forma y en los términos precisados en la sentencia”, precisó la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso.
Asimismo, dijo que los comités de evaluación sólo transparentaron la publicación de los listados con los aspirantes excluidos, pero no la justificación del porqué los quitó del documento para continuar a la siguiente etapa.
Cabe señalar, que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó que es inviable la suspensión de trabajos realizada por el Comité de Selección de aspirantes a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
Esta suspensión ocurrió después de que una jueza otorgara un nuevo amparo contra el proceso. El senador de la Cuarta Transformación aseguró que los aspirantes rechazados por el Poder Judicial serán absorbidos por el Poder Legislativo.
Afirmó que la elección se realizará, independientemente de si al Poder Judicial le gusta o no. Además, señaló que esto evidencia claramente una razón más para cambiarlos.
Durante la reunión, el senador destacó que ha enfatizado la importancia de garantizar a los que se registraron en el Poder Judicial que el derecho político de votar y ser votado, consagrado en la Constitución, está protegido.
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