Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que el Gobierno federal garantizó una ampliación al presupuesto para la elección judicial, luego de la reunión que las 11 consejerías del organismo sostuvieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En referencia al encuentro que tuvo lugar este jueves en Palacio Nacional, la mandataria federal agradeció la reunión con los consejeros y consejeras y señaló que esto servirá para asegurar la transparencia y la certeza de la elección de juzgadores en junio próximo.
A través de sus redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “Agradezco la conversación en Palacio Nacional con las y los consejeros del INE para asegurar la transparencia y la certeza de la elección del Poder Judicial del próximo primero de junio”.
A su salida de Palacio Nacional, Taddei Zavala aseguró que le presentaron a la Presidenta una propuesta de aumento de entre “mil y mil 500 millones de pesos”, pero será en futuros encuentros con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde se defina el monto.
“¿Cuánto es lo que tiene disponible el Gobierno federal? En la reunión con la secretaria de Gobernación, muy próxima, lo estaremos definiendo”, expuso.
“Tenemos la garantía de que habrá un recurso adicional y eso abre caminos distintos en la aplicación de recursos en el instituto. Eso es la garantía que en este momento nos dan, y así hay que recibirla”, sostuvo la consejera presidenta. Explicó que este aumento se dará en cuanto “se definan sus propias posibilidades de depositarlo. Creo que en este mes tendremos un adelanto”, apuntó la funcionaria.
Entre los planteamientos realizados por los consejeros, Guadalupe Taddei mencionó que “le explicamos por qué eran importantes los temas como la contratación adicional de supervisores electorales y capacitadores o asistentes electorales. Temas como incremento en los montos para la difusión”.
Al igual que la “capacitación, asistencia jurídica, asistencia técnica para cómputos, diferentes momentos en los que el proceso electoral se encuentra y que deben tener refuerzos; fundamentalmente la contratación de personal”, agregó.
La funcionaria calificó la reunión con la mandataria federal como “altamente provechosa”, pues: “Encontramos una Presidencia de la República dispuesta a escuchar, abierta, solidaria con el tema, porque es su interés de que el proceso electoral salga exitoso”.
Al hacer referencia al encuentro, la consejera electoral Carla Humphrey destacó que la titular del Poder Ejecutivo se mostró receptiva y con la disposición de colaborar con el INE, en torno a la elección de jueces, magistrados y ministros.
“Quedamos de tener un documento muy claro de cómo estamos impactando el presupuesto del INE para esta reforma al Poder Judicial y cuál es esta ampliación que estaríamos pidiendo y concretamente para qué temas. Es un tema que como INE quedamos que en 15 días lo íbamos a ver en Consejo General, vamos a ver esto en 15 días, este tema de la ampliación”, apuntó.
Ejemplificó que entre estos temas se encuentra “cuánto cuesta concretamente instalar una casilla, cuánto cuesta imprimir todas las boletas electorales, cuánto cuestan los capacitadores o asistentes electorales, todas las cosas con toda la puntualidad, porque tenemos preocupaciones compartidas, respecto a transmitir información correctamente, a la transparencia y a difundir cada una de estas etapas del proceso electoral con toda claridad, con toda transparencia”.
Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado que pediría, durante la reunión con las y los 11 consejeros, una justificación del incremento al presupuesto para la elección del Poder Judicial: “El asunto es que expliquen por qué. No sé a ustedes, pero me parece que siete mil millones de pesos es mucho recurso”.
Expuso que el monto de siete mil millones de pesos “es lo que son dos cablebuses en la Ciudad de México, nada más para que tengamos una idea, donde se transportan 15 mil personas diariamente. Si lo tomamos como autobuses para una ciudad que requiere transporte público, pues es muchísimo recurso”.
Señaló que plantearía un menor número de casillas: “Están planteando que con 7 mil millones podrían ajustarse, pero habría 72 mil casillas frente a las 172 mil, algo así, pero por ahí, que se pusieron en el 2024”.
Ministras piden a comité seguir con la elección
Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidieron tomar diferentes medidas ante la suspensión del proceso judicial electoral por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y el pleno ordenó al comité restituir a siete aspirantes a un cargo judicial.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso en sesión privada al pleno de la SCJN ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) continuar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.
“Sí debe ordenarse al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación reanudar el proceso de evolución y selección de sus postulaciones, a fin de poder aprobar en el mes de febrero de 2025 la lista definitiva de candidatos por parte de este Poder”, indicó el documento de la ministra.
Lo anterior se dio a conocer a través de un escrito que contiene siete puntos respecto a la suspensión del proceso que realizó dicho Comité el pasado martes.
El texto precisó que, en apego a la reforma constitucional, el Pleno de la SCJN debe ordenar al Comité continuar sus labores para realizar la evaluación y selección de sus postulaciones, y que sus únicas facultades son “Recibir expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo, con la finalidad de integrar los listados respectivos”.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó que la SCJN ordene al Comité dejar sin efectos el acuerdo que emitió para frenar el proceso electoral.
“Presentaré en la Sesión Privada de la SCJN del día de hoy los argumentos para sostener que el Pleno de este Alto Tribunal puede y debe invalidar el acuerdo del Comité de Evaluación que suspende — dentro de sus competencias— el proceso electoral judicial.
“Este proceso es esencial para democratizar la justicia en nuestro país y exige que cada órgano respete sus funciones específicas. El Comité de Evaluación tiene un rol técnico y temporal: recibir expedientes, verificar requisitos y seleccionar a los mejores candidatos. No tiene la facultad para suspender el proceso, ya que esto contraviene el mandato constitucional del artículo 96, que obliga a cada Poder de la Unión, incluida la SCJN, a postular candidaturas para los cargos judiciales”, compartió la ministra a través de sus redes sociales”, dijo.
Aseguró que suspender el proceso obstaculiza el avance hacia un sistema judicial “más plural, accesible y representativo”. Reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y los principios democráticos para fortalecer al Poder Judicial de la Federación.
Mientras tanto, la ministra Lenia Batres Guadarrama, informó desde la noche del miércoles que solicitaría la destitución de todos los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Lo anterior luego de que el pasado martes siete de enero “se excedieron en sus facultades” y suspendieron el proceso de selección de candidatos para la elección judicial de este año.
Este jueves el pleno de la SCJN ordenó al Comité de Evaluación del PJF incluir a siete personas, que originalmente había rechazado, en su lista de aspirantes elegibles para cargos judiciales. Con ello, mil 53 pasarían a la segunda etapa de selección de candidatos para la elección judicial del primero de junio de este año.
En la sesión, los ministros y ministras revisaron 15 recursos de inconformidad presentados por los aspirantes a magistraturas de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Únicamente en siete casos los ministros resolvieron en favor de los quejosos al considerar que fueron “excesivos y rígidos” los requisitos que presuntamente no cumplieron, como fue la situación de un aspirante que entregó un ensayo con cuatro cuartillas cuando la extensión debía ser de tres, además de no entregar la protesta de decir verdad.