Con el fin de lograr equidad en la contienda para la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los candidatos no podrán pagar encuestas o sondeos; “de hacerlo, enfrentarán las consecuencias en materia de fiscalización de ingresos y gastos”.
La comisión temporal del proceso electoral del INE organizadora de estos comicios, presidida por Jorge Montaño, subrayó que el análisis de los presuntos actos anticipados de campaña de aspirantes a juzgadores todavía “no están en la cancha” del INE sino de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión.
“Hemos sido muy claros en decir que esa parte todavía se encuentra en cada uno de los comités los cuales tendrían que ir atendiendo ese tipo de situaciones; (el tema) todavía no está de manera definitiva en nuestra cancha, hasta que ya nosotros tengamos los nombres de quienes van a estar en las boletas”, señaló durante una sesión extraordinaria Montaño.
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Asimismo, se acordó que será la Coordinación Nacional de Comunicación del INE la instancia encargada de revisar el monitoreo en redes sociales y plataformas digitales sobre encuestas o sondeos de opinión en los que aparezcan las personas candidatas.
También se dio a conocer que se ratificó que los resultados oficiales del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 “son exclusivamente los que den a conocer el Instituto Nacional Electoral o el Organismo Público Local, según corresponda”.
Al final de la sesión fueron aprobados los lineamientos a través de los cuales se establecen las reglas y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión para esta elección judicial.
Entre ellos destacan que las personas o empresas que hagan estos sondeos para conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones “adoptarán los criterios generales de carácter científico que para tal efecto emita el consejo general, previa consulta con los profesionales del ramo”.
Además, el Instituto Nacional Electoral prevé reestructurar su normativa para cubrir “lagunas” legales no cubiertas por la Constitución y el Legislativo en medio del proceso electoral para la elección judicial.
En un documento a analizarse en la Comisión Temporal del Proceso Electoral este viernes, admite que para hacer cambios normalmente se utilizan hasta dos meses para su análisis y aprobación, sin embargo, ahora se harán modificaciones en fiscalización, uso de tiempos de radio y televisión y en la emisión de declaratorias de validez.
“Se estima necesario que el propio Instituto paute mensajes genéricos por tipo de cargo con mensajes que promuevan entre la ciudadanía la consulta de los perfiles de las personas candidatas a través de las plataformas digitales habilitadas para tal efecto, tal y como lo establece el artículo 518, de la LGIPE”.
Asimismo “se sugiere reglamentar algún debate con el objeto de proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de las ideas, asegurando el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el concurso de quienes participan en esta”.
Los ajustes del Padrón Electoral y la Lista Nominal tanto de los electores como quienes integrarán las casillas podrán ser aprobados por el Consejo General.
Y así como sucede en las elecciones federales para integrar el Congreso por mayoría proporcional, el INE será el responsable de emitir estas constancias y enviarlas a la Sala Superior del Tribunal Electoral o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el caso de las magistraturas.
La elección judicial del 2025 se tiene prevista para el próximo mes de junio, específicamente el primer domingo del mes, que coincide con el primer día del mismo en esta ocasión.
JVR
