Descarta multas contra funcionarios de casilla

Confirma INE 800 mdp extra para los comicios

Guadalupe Taddei, presidenta del instituto, asegura que este presupuesto se destinará en la contratación de personal; no habrá conteos rápidos, señala el consejero Jorge Montaño

El Consejo General del INE, ayer, en sesión ordinaria.
El Consejo General del INE, ayer, en sesión ordinaria. Foto: Especial

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, confirmó que el organismo contará con una bolsa de 800 millones de pesos adicionales para la organización de la elección judicial, como parte de la ampliación presupuestal que les otorgó el Gobierno tras la reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum el jueves pasado.

“Es un hecho que el compromiso obtenido el día de la reunión con la Presidencia de la República fue el depósito de los primeros 800 millones de pesos para mejorar o para fortalecer todos los trabajos que ya viene desarrollando el instituto en este proceso electoral extraordinario… No, no nos han dado el aviso del depósito; está el compromiso; hay que creer en ese compromiso porque fue una reunión verdaderamente técnica”, declaró, en conferencia de prensa.

Al referirse a declaraciones de juzgadores en el sentido de que los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla corren el riesgo de ser sancionados por desacatar suspensiones judiciales que ordenan detener la elección, las calificó como una narrativa “perversa”.

Respecto a cómo se utilizarían los recursos que les fueron autorizados, señaló que todavía se está revisando cuáles serían las asignaciones a cada área de trabajo.

Al ser consultada sobre las áreas prioritarias para destinar este recurso, dijo que sería la contratación de personal adicional para la realización de los trabajos de cómputo el día de la jornada electoral, la atención a las casillas, así como todo lo que tiene que ver con el Sistema de Transmisión de Datos el día de la jornada electoral y la ejecución correcta del número o la definición correcta del número de casillas-sección que se instalaron y todo lo que eso requiere, prioritariamente: sistemas de cómputo, la operatividad el día de la jornada y la contratación de auxiliares jurídicos. Señaló que esto también implicará un incremento en el número de casillas que se instalarán.

“Ya estamos nosotros en fechas límites para todo, eso hay que tenerlo claro, porque les recuerdo que, producto de los amparos recibidos en este instituto y hasta que la Sala Superior resolvió, duramos prácticamente 60 días sin actuar de manera oficial en el Consejo General, con toda la legalidad del caso.

“Es decir, eso nos lleva a la situación de que tenemos fechas límites para todo; si esta semana logramos sacar el acuerdo y el análisis, el dictamen, con certeza de cuántas secciones-casilla vamos a instalar, seguramente es el paso más grandioso que vamos a dar”, señaló.

La consejera presidenta negó que los ciudadanos que sean funcionarios de casilla en la elección del Poder Judicial (PJ) puedan enfrentar consecuencias jurídicas y multas. “Es una narrativa perversa; es el colmo de lo absurdo que los funcionarios de casilla corran algún riesgo legal, es falso totalmente”, declaró.

La semana pasada, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes, declaró en ese sentido, ante lo cual Taddei calificó como “perverso” lo que los jueces quieren infundir entre la ciudadanía. “Es como pensar que todos los que van a votar el primero de junio van a ser sancionados. Es el colmo del absurdo”, dijo Taddei Zavala.

Indicó que se espera que el 1 de junio por la noche se pueda brindar un resultado preliminar a la población; sin embargo, aún no tienen el modelo de comunicación con el que lo darán a conocer, pero están trabajando para definir cómo lo van a presentar.

No obstante, el consejero electoral Jorge Montaño, presidente de la comisión temporal del proceso electoral del Poder Judicial, confirmó que no habrá conteos rápidos en la jornada electoral, por lo que los resultados se darán a conocer, dijo, hasta que se tenga la totalidad de los votos.

En entrevista previa a la sesión del Consejo General del INE, explicó que, a diferencia de otras elecciones, los votos no se contarán en las casillas, sino que se agruparán por cada cargo y se enviarán a las juntas distritales para su contabilización.

En cuanto a la ampliación presupuestal, dijo que con estos recursos podrían instalar poco más de 80 mil casillas; es decir, la mitad de las 170 mil que se pusieron en la elección federal del 2024.

Jufed: acusaciones son con fundamento

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respondió a las declaraciones de la comisionada presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien calificó como “perversas” las advertencias de que los funcionarios de casillas puedan enfrentar consecuencias jurídicas y multas, a lo que aseguran que su observación es con fundamentos.

“La Constitución y la Ley de Amparo no son negociables. Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales. Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura “perversa”, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente”, compartió a través de un comunicado.

Argumentó que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción, y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen el sistema de justicia.

Aseguraron que las declaraciones que han realizado son con la finalidad de proteger a la ciudadanía.

“Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho”, precisó.