El Poder Judicial de la Federación admitió un amparo promovido por la organización civil Educación con Rumbo contra la SEP, por la falta de protocolos y omisiones para prevenir, identificar, combatir y sancionar el abuso sexual en escuela.
En un posicionamiento, la directora de EDR, Paulina Amozurrutia señaló que días atrás, se interpuso un amparo, para solicitar a la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Fiscal General de la República (FGR), garanticen el derecho humano de los menores de edad a vivir en un ambiente sano y libre de violencia física y sexual en escuelas.
De esta manera, el Poder Judicial de la Federación admitió el amparo y concedió la suspensión para el efecto de que las autoridades referidas realicen las acciones necesarias para prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual acontecida contra menores de edad en escuelas en México.
“El abuso sexual en escuelas es un delito lacerante por vulnerar a niños entre 3 y 17 años y por tratarse de un delito cometido con todas las agravantes que está creciendo en México y que exige que las autoridades lo reconozcan para posteriormente prevenirlo, combatirlo, sancionarlo con las penas máximas y erradicarlo”, dijo el abogado de la organización, Miguel Ángel Ortiz.
Dijo que el aumento significativo de incidentes de violencia sexual en escuelas exige una respuesta firme y coordinada de autoridades y de corresponsabilidad de padres de familia, directivos de escuelas, maestros y equipo administrativo.
Educación con Rumbo puntualizó que la problemática fue dada a conocer, a través del estudio “Es un Secreto. La explotación sexual infantil en escuelas” de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. y su reporte de actualización de 2024.
De esta manera, el organismo señala que es alarmante que se han identificado casos donde se utilizaron cámaras, se vulneraron física y sexualmente a los menores de edad en instalaciones de escuelas a partir de supuestos juegos y aprovechando de la inocencia de los menores y en algunos casos los sustraían de escuelas y obligaban a los alumnos a presenciar actos donde vulneraban a otros.
Asimismo, señala que en 2017 la entonces Procuraduría General de la República informó al Senado de la República que se habían detectado 12 mil 300 cuentas de internet que distribuían material de explotación sexual menores de edad en México.
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LMCT